En cuanto sale de su casa, Johnny Núñez se lanza en su silla eléctrica de ruedas a las irregulares calles de Hatillo 5, en San José, porque las aceras se encuentran en peor estado.
“Están mejorando las calles, pero ¿para quién están promoviendo la movilidad? ¿Para automóviles o para personas?”, se preguntó este joven de 25 años y estudiante de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Al intentar pasar por un rampa, su silla se quedó atorada. Algunos metros más adelante, no pudo utilizar el ascensor de un puente peatonal porque, al parecer, se robaron el cableado.
El imprevisto lo obligó a trasladarse 400 metros hasta otro paso peatonal, donde finalmente pudo cruzar la carretera de Circunvalación y llegar a la parada de buses de la Periférica.
Núñez se dirigía hacia Guadalupe, donde recibe sesiones de terapia física para tratar su esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso que le diagnosticaron hace casi siete años.
Lo acompañaba su asistente, William Varela, quien recibe un salario gracias a un subsidio que la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) le entrega a Johnny.
“Ahorita él va por media calle. Yo tengo que estar atento a que no venga ningún carro que lo pueda atropellar. En este preciso momento, está pasando al frente de un carro parqueado; eso lo que hace es que él tenga que ir en contravía donde puede venir algún loco manejando que puede llevárselo”, explicó Varela.
Cuando va a la sede Rodrigo Facio de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca, Johnny corre el riesgo de quedar atascado en la línea del tren que pasa cerca de la Facultad de Arquitectura. Una vez, cuenta, requirió que dos personas lo movieran para evitar que lo atropellara una locomotora.
Dificultades y riesgos muy parecidos afrontan, día a día, las personas con discapacidad que transitan por calles y aceras de las zonas urbanas.
“Lo que nosotros hacemos en la ciudad es deporte extremo”, aseguró Damaris Solano, usuaria de una silla de ruedas.
En Costa Rica, un 18,2% de los ticos mayores de edad se encuentran en situación de discapacidad, un estimado de 670.640 personas, según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018.
De ellos, 496.618 viven en zonas urbanas (18,3% de la población) y 174.022 (18,1%), en áreas rurales. Sin embargo, esa proporción no se refleja en la participación de este grupo en los lugares de trabajo y eventos públicos.
“Eso significa que el 18% de los trabajadores deberían ser personas con discapacidad, o en una iglesia o en el estadio, y eso no es así. El enorme porcentaje está en la casa. Esto está muy asociado con la pobreza, la encuesta reveló que mucha de la gente está en zonas rurales”, indicó Solano.
Según las estadísticas, un 40,7% de personas con discapacidad practicaron actividades al aire libre en los seis meses anteriores a la encuesta, mientras que un 16,4% asistieron a actividades deportivas.
Entre las personas sin discapacidad, esas cifras fueron de 65,3% y 33,2%, respectivamente.
Asimismo, un 56,4% de personas con discapacidad están fuera de la fuerza de trabajo, un 39,3% ocupadas y un 3,8% desocupadas.
Losetas y braille no bastan
Juan Piedra, persona ciega y vecino de Venecia de San Carlos, mantiene una vida activa. Es masajista informal, comunicador y trabaja ad honorem con medios locales; además, pertenece a la Comisión Municipal sobre accesibilidad y discapacidad (Comad).
No obstante, el riesgo que corre al salir de su casa es alto, debido a las condiciones de su entorno.
Piedra reclama que como el mantenimiento de las aceras depende de los dueños de las propiedades, muchas personas las construyen pensando en el ingreso de sus carros al garaje y no en los peatones.
“En las aceras también ubican postes y anclas del tendido eléctrico. Los vecinos suelen dejar muchos carros y motos, el bastón pasa por debajo del carro, pero mi espinilla no. Me pasa mucho, y hablar con los vecinos es como echarle agua a un canasto”, aseveró.
Para Leticia Hidalgo, directora ejecutiva del Patronato Nacional de Ciegos (Panaci), los obstáculos abundan en las zonas urbanas porque quienes diseñan los edificios y las aceras no tienen noción de qué es tener una discapacidad.
A modo de ejemplo, advirtió de que las personas no videntes tendrán dificultades para encontrar losetas con relieve en un edificio y saber a dónde conducen estas a menos de que otra persona las asista.
Hidalgo también recordó la ocasión en que el representante de una empresa fue al Panaci para que le aprobaran rótulos en lenguaje braille que anunciaban el servicio de señal WiFi en un parqueo.
“Yo le dije: ‘¿adónde va a poner usted esta placa?’, me respondió que arriba en un poste, y le digo yo ‘¿cómo va a hacer un ciego para leerla? Tiene que tener una escalera de los bomberos para poder subirse ahí’”, comentó.
Además, recalcó la directora del Panaci, las autoridades deben entender que debido al extendido uso de teléfonos inteligentes las personas no videntes ya no aprenden braille.
Ahora, parte de esta población se guía con plataformas digitales, como la aplicación chilena Lazarillo, la cual le dice al usuario qué lugares tiene cerca y le indica cómo llegar al destino deseado.
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Desafío con adultos mayores
Las deficiencias en la infraestructura de las ciudades también afectan a una población en crecimiento: los adultos mayores.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que este grupo pasará de representar un 8,1% de la población nacional en el 2018, a un 19,7% en el 2048.
El pasado 4 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a 12 municipalidades costarricenses como “Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores”.
Se trata de Cartago, El Guarco, Curridabat, Montes de Oca, Tibás, Mora, Heredia, Flores, Belén, Dota, Grecia y Zarcero, municipios premiados por iniciativas como remodelación de parques y actividades sociales para adultos mayores.
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No obstante, para Gabriela Salas, de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), aún son necesarios esfuerzos conjuntos para lograr ciudades amigables en todo el país.
“Hay que apoyar las iniciativas que han tenido algunas municipalidades como el arreglo de aceras, de carreteras, y el reciclaje. Todas estas son prácticas positivas; sin embargo, debería ser como una especie de política permanente que tengan todos los ayuntamientos”, señaló.
Falta de recursos y de conocimiento
“Recordemos que son 82 realidades diferentes", apuntó Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), al remarcar que existen amplias diferencias presupuestarias que impiden que todos los municipios puedan asumir el costo de la accesibilidad.
“Este país fue planificado sin esa concepción, entonces la accesibilidad es reciente y las municipalidades hasta ahora vienen aplicando la normativa. Siempre vamos a encontrar aceras que no tengan esas condiciones", dijo Porras.
"Estamos en un momento oportuno (campaña para elección de alcaldes) y pienso que dentro de los planteamientos que hacen los candidatos definitivamente ese es un tema que los ciudadanos deberíamos revisar”, añadió.
Porras destacó iniciativas como la del ayuntamiento de Garabito, que colocó una pasarela retráctil que permite el acceso de personas en sillas de ruedas a la playa, o la instalación de aceras para personas ciegas en varios cantones.
Al respecto, Rafael Arias, asesor del alcalde de San José, aseguró que en esta materia su municipio hace “una gran inversión, hasta donde se puede, porque las municipalidades costarricenses tienen pocos recursos".
Según Arias, la mayoría de las aceras en la capital están en buen estado, y en los casos contrarios le atribuye la culpa a los dueños de las propiedades que incumplen con el artículo 84 del Código Municipal.
Si una persona no construye ni da mantenimiento a esta franja de paso, el gobierno local debe cobrarle trimestralmente ¢500 por metro cuadrado del frente total de la propiedad.
Asimismo, las autoridades pueden construir las obras necesarias y cobrarle al dueño su costo. Este año, el municipio josefino ha realizado 296 multas por faltas en el cuidado de las aceras.
Arias sostuvo que la construcción de rampas en San José se incrementó y que nuestra capital es la ciudad centroamericana con más rampas, aunque reconoció que el estado de las calles y la posición de los postes dificulta su instalación en algunos puntos.
Gustavo Aguilar, arquitecto del Conapdis, atribuyó la falta de infraestructura adecuada a un vacío en la formación universitaria.
“En las mallas curriculares no existe el tema en muchas de las carreras. A mí nunca me explicaron qué era discapacidad, qué era accesibilidad, menos la ley 7.600. Estamos con una producción de profesionales carentes de conocimiento en este tema”, aseveró.
De esta forma, ni los encargados de construir, ni los inspectores, están capacitados para crear edificaciones y calles inclusivas, explicó Aguilar.
En ese sentido, la Municipalidad de Curridabat encontró una solución para atender tales carencias, al acudir a una persona con experiencia de primera mano en la materia.
Dinia Campos es una usuaria de silla de ruedas, y además, revisa que las aceras en este cantón cumplan las condiciones adecuadas para la movilización de todos los ciudadanos
El director de gestión vial de este municipio, Randall Rodríguez, aseguró que la medida ha dado resultados. Se presentan más notificaciones y, además, los ciudadanos apelan menos.
“La gente al ver a la persona en silla de ruedas no se pone a pelear sino que entiende que la acera sí está en mal estado, que no se pide el cambio por ningún capricho, sino que realmente una persona en silla de ruedas no puede pasar por ahí”, detalló Rodríguez.