Han pasado nueve años desde que entró en vigor en Costa Rica la ley que obliga a las entidades del sector público a reservar al menos un 5% de las vacantes para personas con discapacidad.

A la fecha, sin embargo, esta legislación sigue sin cumplirse a plenitud. De 51 instituciones del Gobierno Central, 25 no guardaron plazas para esta población, según un informe de la Dirección de Servicio Civil, de octubre de 2018.

“Lo que ha faltado es voluntad para hacer cumplir la ley. Nosotros somos coadyuvantes en ese proceso, pero le corresponde al Ministerio de Trabajo velar por el cumplimiento de la ley, pero en general no se ha adoptado la estrategia adecuada para hacer cumplir eso”, aseveró Alfredo Hasbum, director de Servicio Civil.

Según el funcionario, ellos realizan un proceso de reclutamiento de personas con discapacidad para tener registros de elegibles en las distintas especialidades de manera que, conforme lo soliciten las distintas instituciones, pueden responder con candidatos para ocupar los puestos.

La ministra de Trabajo Geannina Dinarte, recordó que fue en mayo pasado cuando se creó la Comisión Nacional para la Empleabilidad del Trabajo de las Personas con Discapacidad, con el encargo de dar seguimiento al cumplimiento de las cuotas.

Esa comisión ya solicitó información a cada una de las instituciones del Gobierno sobre el estado de la ley, sin embargo parte de las dificultades están en en la necesidad de fortalecerla con sanciones o mecanismos que permitan garantizar que se cumpla.

La Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público , de setiembre de 2010, tiene un único artículo.

Este dice: “En las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reservará cuando menos un porcentaje de un cinco por ciento (5%) de las vacantes, en cada uno de los Poderes, para que sean cubiertas por personas con discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de cada uno de esos Poderes”.

Gwendolyne Rojas Salas, funcionaria de Política Pública del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) coincide en que la ley requiere cambios.

Para ella, la falta de flexibilidad para contratar personal en el sector público, así como los procesos lentos y burocráticos son algunas de las razones por las cuales ubicar a esta población es más complejo.

“Por ejemplo, las empresas privadas no se detienen a decir requiero un profesional, ellos tienen más apertura en flexibilizar requisitos, incluso a contratar de acuerdo a capacidades e intereses. Lo público se ciñe más a la idoneidad contra atestados o años de servicio”, explicó.

Además dijo, ha habido un mal entendimiento de las directrices de contratación en relación con las plazas vacantes, pues esas restricciones de Gobierno no aplican para el cumplimiento de la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público (8862).

Según Rojas, otra de las tareas de la comisión de empleabilidad reformar el reglamento de la ley, no solo para ampliar el número de instituciones que deben cumplir sino también para determinar sanciones en el caso de que no se acate.

¿Barreras?

Lizbeth Barrantes, directora del Conapdis, considera que si bien mejorar la empleabilidad es uno de los mayores desafíos, poco a poco surgen oportunidades desde la educación inclusiva.

Eso sí, reconoce que la apertura ha sido mucho mayor en las empresas privadas, donde los empleadores comenzaron a romper paradigmas que permiten a profesionales con esta condición a integrarse realmente al mercado laboral.

De ahí que tareas como atención a clientes o desarrollo de software en empresas de servicios y tecnología están a cargo de trabajadores con alguna discapacidad.

“Rompemos mitos en el sentido que hay mayor abordaje en profesionales, áreas de informática y call center; personas con discapacidad con manejo de diferentes idiomas laborando en área de servicios”, manifestó.

Tanto la directora del Conapdis como representantes de empresas privadas que han desarrollado programas de inclusión laboral, coinciden en que, las barreras de los patronos se fundamentan frecuentemente en mitos y temores.

Para superar esas creencias erróneas, debe darse un proceso de inserción que comienza desde el reclutamiento, para el cual la información debe estar accesible, igual que los mecanismos para presentar las aplicaciones, entrevistas o pruebas.

“A veces creemos que son grandes inversiones, pero es solo abrir las oportunidades y luego las mismas personas van a ir indicando cuáles son las adaptaciones que necesitan”, dijo.

Para Isabel Alfaro, asesora en Sostenibilidad y encargada del tema de discapacidad en Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) también es necesario hacer conciencia en la población en general, además de actualizar la legislación aprobada desde hace 23 años y medir cuáles aspectos no se cumplen.

“No estamos conscientes de que una discapacidad la puede adquirir cualquier persona, en cualquier momento”, aseveró.

En el país hay más de 670.000 personas mayores de 18 años con algún tipo de discapacidad.

La encuesta nacional sobre discapacidad reveló que de ese número, 378.000 estaban fuera de la fuerza laboral, es decir no trabajan pero no están buscando empleo por distintas razones. Otros 267.000 se encontraban ocupadas, y al menos 25.460 han buscado trabajo durante el último trimestre del año pasado.

Leslie Vargas, de la empresa Etipress explicó que para ellos la experiencia ha representado un aprendizaje para todos los colaboradores, y un crecimiento para los empleados con discapacidad.

“Tenemos el caso de José Daniel, que cuando llegó, el papá lo llevaba y lo recogía a la salida, actualmente él viaja solo a su casa”, relató en referencia a uno de los colaboradores.

En otro caso, dijo, vieron cómo un muchacho que tenía dificultades para comunicarse, ahora es capaz de encargarse del almacén y atender necesidades sobre insumos de otros compañeros.

Marcela Lizano, directora del programa de Neurodiversidad que implementa la empresa Procter & Gamble también coincidió en que son más los beneficios como empresa al implementar este tipo de programas.

En esa compañía laboran desde inicio de año seis personas con espectro autista, los cuales se integran al equipo de tecnologías de información. La meta es que en tres años, el número de trabajadores en esa condición llegue al menos a 15.

Empresas inclusivas

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 36 empresas y organizaciones fueron reconocidas por sus prácticas de inclusión social y laboral.

La distinción denominada Costa Rica Incluye, reconoció categorías como contratación inclusiva, accesibilidad en espacio físico, accesibilidad en sitios web, servicio al cliente inclusivo, productos accesibles, comunidad e inclusión y periodismo inclusivo.

El premio es impulsado por la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), el Ministerio de Trabajo y el Conapdis.

Grupo Nación fue una de las compañías que recibió reconocimientos en las categorías de periodismo inclusivo y accesibilidad en espacio físico.

Además fueron galardonadas otras empresas e instituciones como Acceso Visual, Agroquímica, Industrial Rimac S.A, Asociación Pro, Hospital Nacional de Niños, Autopistas del Sol S.A, BAC Credomatic, Banco Interamericano de Desarrollo, BCR Valores S.A., BoaPaz, Cafetería InclúyeME, Cargill y Coca-Cola FEMSA de Costa Rica.

También hubo reconocimientos para la Contraloría General de la República, Corporación Megasuper S. A., Corporación Pura Vida Athletics S. A., Dada Textil S. A., Dell Costa Rica SA, Etiprés, Fabrica Nacional de Trofeos , Fundación Ayúdenos para Ayudar administra el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, Fundación yo puedo, ¿y vos?, Grupo Unicomer, HP INC Costa Rica Limitada e IBM Costa Rica.

Igualmente, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Intel, Inversiones TB, S. A., ISK Global Limitada, K-9 Internacional, Marriott Costa Rica, Parque Viva, Procter & Gamble; Gamble Costa Rica, Servicios de Pastelería S. A., Tau Technologies AI, Unidos Mayoreo S. A. y Walmart de México y Centroamérica, recibieron premio.

Este reconocimiento forma parte del eje de Empresas Inclusivas del Plan Nacional de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, el cual busca mejorar las condiciones estructurales para que las personas con discapacidad puedan con mayor facilidad acceder a un trabajo decente o iniciar un proyecto empresarial.