“Sería como pegarse la lotería”. Eso le respondieron a Virginia Víquez Ugalde en la clínica de la CCSS en San Rafael de Heredia al preguntar si le podían donar una silla de ruedas a su papá, un señor de 64 años que carga con las secuelas de siete infartos, un derrame cerebral, arritmia cardíaca, diabetes e hipertensión.
Virginia, de 39 años, consultó hace dos meses cuando notó que su papá perdía el aire al intentar movilizarse por sus propios medios en su casa o caminando las pocas cuadras que separan su hogar de la clínica: “Nos dijeron que había muchos casos y las posibilidades de que le dieran una silla de ruedas eran mínimas”, comentó la mujer, quien ayuda a sus papás a pesar de que ella tiene sus propios agobios.
La silla llegó, pero no por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se la regaló el Club Rotario de Belén, en Heredia, que desde hace dos años provee otras ayudas a Virginia Víquez, quien vela sola por sus seis hijos.
“Yo le hablé a doña Eugenia Echeverría (presidenta de ese Club Rotario) el martes 30 de mayo y el miércoles 31 me la trajo. ¡No sabe lo que esto significa para nosotros, sobre todo para mi papá y mi mamá!”, comentó agradecida.
El Club Rotario es una de las organizaciones a las que frecuentemente acuden pacientes de la CCSS de escasos recursos a quienes se les dificulta conseguir con prontitud las llamadas ayudas técnicas. Se trata, principalmente, de sillas de ruedas, camas ortopédicas, bastones y otros implementos de uso médico que les facilitan la vida en sus casas, centros diurnos y hogares de larga estancia, tanto a ellos como a sus cuidadores.
Hay otras organizaciones, como los Clubes de Leones, asociaciones que apoyan la atención en hospitales públicos y grupos de cuidado paliativo y apoyo a personas con discapacidad que han asumido parte de lo que la CCSS no puede hacer con la celeridad que las personas necesitan.
Las listas de espera en la Caja son históricas y de ellas no escapan estas ayudas técnicas que piden cada vez más pacientes para mejorar su condición de salud y calidad de vida.
Solo en el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), la lista de espera para sillas de ruedas especiales ha rondado las 900 personas en los últimos años. Son asegurados de la CCSS con condiciones particulares que deben esperar entre tres y cuatro años, informó el director de este hospital, Roberto Aguilar Tassara.
“Las sillas de ruedas son entregadas dependiendo del tipo de discapacidad y las necesidades de cada paciente, por lo que son personalizadas y a la medida. Esto se hace por medio de una licitación. La entrega anual ha sido de aproximadamente 125 sillas, pero esto ha generado una lista de 900 pacientes”, informó el médico.
Con anuencia de la Gerencia Médica, aclaró Aguilar, se triplicó el presupuesto anual destinado a esa compra. Pasó de ¢270 millones a más de ¢810 millones con el propósito de eliminar esa lista en tres años, para reducir la espera promedio a un año. Este 2023 está en proceso una compra por ¢600 millones.
El Cenare y otros 15 hospitales de la CCSS, más la clínica de Coronado y la Clorito Picado, cuentan con servicio de Fisiatría. Esa especialidad tiene una lista de ayudas técnicas, con alrededor de 70 aparatos, que la CCSS da luego de una valoración del médico especialista. Incluye andaderas, bastones, muletas y diversos tipos de férulas, entre otros.
En el caso del Cenare, explicó Aguilar, ayudas como corsés o collarines ortopédicos se entregan con receta. Para el resto de ayudas se da un contenido presupuestario que el paciente puede utilizar para retirar o hacer parte del pago en alguna casa ortopédica proveedora de la CCSS.
En el Hospital Nacional de Niños la adquisición de sillas y coches especiales se apoya en el Centro Nacional para la Reinserción Educativa (Cenarec), y en el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis), informó Róger Vargas González, jefe de Fisiatría y Rehabilitación.
Hazel Gutiérrez Ramírez, jefa de Cuidado Paliativo Pediátrico y Control del Dolor de ese hospital, informó de que ahí recurren a fondos que el HNN destina al cuidado paliativo, pero también al apoyo de la Fundación Pro-Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico.
Esta fundación, a su vez, se nutre de ayuda de la Junta de Protección Social (JPS), actividades de recaudación, donaciones privadas o de insumos que dan las familias de pacientes fallecidos.
Un hospital como el Geriátrico se sostiene en su Asociación pro-hospital (Apronage), la cual dispone de 33 camas y 17 sillas de ruedas para prestar o alquilar a pacientes previamente referidos.
“Estos equipos son exclusivos para pacientes de la unidad de atención domiciliar geriátrica y hospitalización. Por año, entran al programa de 5 a 6 pacientes y cada equipo es ocupado de uno a dos años. Esto va de acuerdo con las condiciones del paciente, algunos solo la usan 6 meses”, explicó Marielos Solís, presidenta de Apronage.
La Nación envió consultas a la CCSS sobre este tema el lunes 29 de mayo, pero al cierre de esta información no había contestado. Se le preguntó sobre las cantidades de insumos y los montos invertidos en ayudas técnicas, entre ellas, las relacionadas también con la entrega de audífonos, lentes y prótesis dentales.
El 24 de mayo, el presidente Rodrigo Chaves Robles anunció un proyecto de ley para eliminar las exoneraciones a implementos de uso médico, como sillas de ruedas. El proyecto incluye gravar con un 2% del IVA estos aparatos.
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“El equipo médico para la gente con discapacidad, bastones, camas, dispositivos odontológicos, sillas de ruedas, me dice Hacienda que la enorme mayoría de eso lo da la Caja como parte de su seguro social. Lo que no compra la Caja lo pagan los quintiles más ricos de este país”, aseveró el presidente.
“Si alguien está en el Sinirube (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado), que es la lista de gente pobre de este país, y la Caja no le puede dar el bastoncito o la silla de ruedas, le devolvemos el 2% del impuesto de venta para que esa persona en particular no sufra”, agregó el mandatario.
Cobija no da para todos
Solo el Club Rotario, a través de su sede en Belén, dona 480 sillas de ruedas al año a personas de todo el territorio nacional. Lo hace con ayuda de dos fundaciones de Estados Unidos, informó Eugenia Echeverría Gutiérrez, presidenta en esa sede.
Los mismos hospitales, Ebáis y gente de las comunidades son los que les refieren los casos y cada vez que llega un lote de sillas (en el que incluyen, al menos, diez para personas con parálisis cerebral) este se acaba en cuestión de pocas semanas.
“La iniciativa del Gobierno es realmente triste porque afectará a la población que necesita esto, que es gente de muy escasos recursos. La cobija ya no le da a la CCSS. Si le dicen a la gente que se las dan, deben esperar como tres años, y las personas necesitan la movilidad ya. Las sillas dan libertad, una mejor calidad de vida a las personas y a sus familias”, dijo Echeverría.
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Por su parte, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), Emilia Mora Campos, consideró la iniciativa gubernamental como un tema que prefiere analizar antes de emitir un pronunciamiento.
Sin embargo, dijo que si avanza “ese 2%, aunque sea en un solo artículo, representa un monto elevado. A nivel masivo sí tendría un impacto importante, sobre todo en las organizaciones de bienestar social” que son las que compran estos dispositivos con los dineros que transfieren instituciones como Conapam.
Daniel Solís Alfaro administra el Hogar de larga estancia Asociación Vicentina de Escazú, donde atienden a 38 personas adultas mayores, 30% de los cuales son totalmente dependientes de cuido.
“Lo primero que debemos empezar a hacer es entender cómo sobrellevar un eventual incremento: cuál podría ser el costo aproximado al elevarse los gastos en ayudas técnicas, y cómo los podríamos atender. Esta iniciativa aparece en momentos en que ya de por sí las asociaciones de bienestar social estamos pasando por una situación económica difícil”, advirtió Solís.
El administrador de la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano (Fecrunapa), Álvaro Román Morales, no ocultó su preocupación si ese proyecto avanza.
“Encarecería muchísimo todo porque se haría más dificultosa la adquisición de una silla, un bastón o las mismas barras de protección para movilizarse, sobre todo para los hogares de larga estancia”, dijo. La Federación apoya 117 hogares en los que se atienden 5.400 personas adultas mayores.
Jenny Esquivel Mesén, de la Asociación Ebenezer Jireh, que trabaja con personas con discapacidad, confirmó que la CCSS no tiene suficiente capacidad para dar todos estos apoyos técnicos. Por eso, lamentó que el presidente Chaves pretenda cargar aún más a la población con alguna discapacidad que forma parte de los grupos más empobrecidos del país.
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Esquivel citó la Encuesta Nacional en Discapacidad, cuyos resultados se publicaron en el 2019, y que encontró que un 74,6% de esta población requiere o utiliza algún dispositivo de apoyo.
“Es increíble que quieran ponerle impuesto a una pierna de una persona porque se la tiene que quitar y poner todos los días”, reclamó Jenny Esquivel, cuya organización no descarta recurrir a instancias locales, como la Sala IV o la Defensoría, e internacionales para evitar que esa iniciativa avance.
Nota ajustada a las 8:33 a.m. del 2 de junio tras información nueva del Cenare que indica que las esperas promedio actualmente van de tres a cuatro años. Con el aumento del presupuesto se proyecta que se reduzca a un año.