EscucharLos ¢20 que se cobra por cada cigarrillo por concepto de impuestos permiten financiar la multimillonaria lucha contra el consumo de tabaco. Desde que se aprobó la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, en marzo del 2012 , ya se han generado más de ¢75.350 millones en ingresos, según registros de la Dirección General de Tributación.
Aquellos fondos se distribuyen, en distintos porcentajes, entre las instituciones de salud, principalmente la Caja Costarricense de Seguro Social (60%), el Ministerio de Salud (20 %) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (10%).
Solamente en los primeros ocho meses de entrada en vigencia de la Ley 9.028, Hacienda recibió más de ¢19.800 millones.
Esa cantidad superó los ¢38.800 millones el año pasado, y en el primer semestre del 2014 acumulaba ¢16.640 millones, informó el Ministerio de Hacienda.
Alta inversión. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invierte, cada año, unos ¢84.000 millones en la atención de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.
Después de la aprobación de la ley, esa institución creó un portafolio de proyectos como parte de una estrategia de lucha contra el fumado, que ya se ejecuta.
Del 2013 al 2018, la CCSS espera recibir alrededor de ¢78.600 millones por concepto de impuestos al tabaco. Así lo indicó una información enviada mediante la oficina de prensa de la Caja, suscrita por Luis Bernardo Sáenz, funcionario del Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer.
En ese plazo, la Caja planea invertir más de ¢61.400 millones en el equipamiento para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades causadas por el fumado.
Ese dinero también se usará en la compra de medicinas para la cesación del fumado y las terapias contra el cáncer, y en el fortalecimiento de la infraestructura para atender a fumadores enfermos.
Cerca de ¢ 9.000 millones más se invertirán en prevención del tabaquismo, en las clínicas de cesación de fumado y en los programas de rehabilitación cardíaca.
Según explicó Sáenz, la CCSS diseñó un método para asignar esos fondos a proyectos que reúnan los requisitos que pide la ley.
El país va bien. Nydia Amador, coordinadora del Programa de Control de Tabaco, del Ministerio de Salud, hace un balance positivo de los primeros 27 meses de la aplicación de la Ley 9.028.
“Sin tener aún una medición de su impacto, uno ha visto una buena respuesta de la población con respecto a todas las medidas aplicadas”, dijo Amador. Entre ellas están la prohibición de fumar en lugares públicos y la creación del impuesto a los cigarrillos.
Los primeros estudios para medir el comportamiento del consumo actual de tabaco se iniciarán en las próximas semanas, dijo Amador.
Salud, además, entrará a revisar la prohibición de aditivos peligrosos en la fabricación de cigarros.
El director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Luis Eduardo Sandí Esquivel, destaca unos cambios de actitud: hay fumadores que hoy reconocen su enfermedad, y no fumadores que exigen respeto a los espacios libres de humo de tabaco.
El IAFA recibió ¢3.560 millones por impuesto al tabaco en el 2013. Para este año espera ¢ 3.854 millones, que permitirán reforzar, entre otros programas, sus ocho Centros de Atención Integral en Drogas.
