“Falleció un paciente”.

Es el mensaje de texto usual que ingresa por el chat de Trabajo Social, del Hospital San Juan de Dios, cada vez que muere un enfermo de covid-19 en alguno de sus salones.

Sin importar el día o la hora, los trabajadores sociales empiezan a contactar y a dar contención a la familia, a la cual ya había identificado y registrado desde el ingreso del enfermo al hospital; pero además comienzan a procurar todo lo que necesiten los deudos para dar sepultura al fallecido y manejar un duelo imprevisto y traumático.

“Si esa familia no tiene medios empezamos a ver cómo se movilizan recursos. Primero, lo trabajamos con la familia, y hasta ahora lo hemos resuelto así: localizando a los parientes, y sin necesidad de disponer de los cuerpos por nuestra cuenta porque las familias hasta ahora han podido resolver. Esto se mueve en cuestión de horas, porque no tenemos tiempo, y cada vez tenemos menos”, relata Gina Coto Villegas, jefa de Trabajo Social del San Juan.

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La especialista se refiere a la obligación de enterrar o cremar los cuerpos de víctimas mortales de la pandemia en un plazo no mayor a 36 horas. Si un familiar no reclama, los hospitales tienen la indicación de coordinar con cementerios su inhumación inmediata.

Hasta el 12 de agosto, solo ese hospital había atendido 57 fallecimientos de enfermos de covid. El abordaje integral se le da a toda persona que ingrese con ese diagnóstico o con sospecha al San Juan, sea a salón o a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): 432 hasta ese día.

La atención de las familias de los infectados con el coronavirus la asumen 14 de los 25 trabajadores sociales de ese hospital. Quienes no están en covid continúan atendiendo la complejidad socioeconómica de quienes llegan a consultar por otras enfermedades.

Cuando la muerte aparece, robando vidas a la vuelta de la esquina, sin apenas dar tiempo para todo lo que tienen que hacer, se complican más las cosas. Y la frecuencia de esas muertes ha comenzado a aumentar en todos los hospitales de la Caja, estrechando cada vez más el margen para organizar todo lo que tiene que ver con la entrega y sepultura del cuerpo.

El personal de los servicios de Trabajo Social de los diferentes establecimientos de Salud de la Caja ha tenido que multiplicarse para asistir a las víctimas de la covid-19 sin descuidar las múltiples tareas que tiene un hospital, además de la atención de la pandemia.

No se trata únicamente de localizar a los familiares quien acaba de fallecer para entregarles el cadáver.

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Cuando el trabajador social en su investigación del caso se entera de que en la vivienda del paciente habitan 18 personas que están sin comida o enseres de limpieza, y que entre ellos hay una menor de edad con fiebre, diarrea y tos ―como efectivamente sucedió con un paciente―, se activa todo un operativo para procurar a esa familia doliente no solo el mayor consuelo posible por la pérdida, también el alimento.

“La gente no tiene idea de la complejidad del abordaje social de la pandemia. Todo lo que hay que hacer solo en un caso como ese: coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias y con albergues porque la vivienda no es apta... Yo no le quito el mérito a nadie, pero si algo nos ha enseñado covid es que la intervención del paciente es interdisciplinaria”, manifestó Coto.

Visión integral de cada caso

Desde la búsqueda de un ataúd, hasta escudriñar recursos comunales que permitan dar contención a las familias dolientes tras la pérdida de un esposo, un hijo, un abuelo…

Ha sido un proceso muy duro y doloroso que ha producido diversos sentimientos entre estos profesionales, enfrentados diariamente al dolor de una familia que no solo debe soportar la pérdida de un ser querido, sino que de la noche a la mañana se queda sin aquella persona que, en muchos casos, era el jefe de hogar.

Celenia Corrales Fallas, de la coordinación de Trabajo Social de la CCSS, cuenta que este personal debe dar un acompañamiento a todos los pacientes que se hospitalizan y a sus parientes que se han quedado en la casa o en un albergue con la zozobra de lo que vendrá.

La intervención va más allá de la atención médica que se les prodiga en una sala de hospitalización o en la UCI.

Deben identificar con antelación a quién dar la noticia del fallecimiento, quién hará el reconocimiento del cuerpo y, entre otros detalles, la existencia de recursos para la respectiva sepultura.

Todo debe ser muy rápido pues los minutos están contados ya que no pueden transcurrir más de 24 horas para la entrega del cuerpo, que debe estar enterrado en un máximo de 36 horas desde su muerte.

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Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia los enfermos que llegan graves o muy graves mueren en cuestión de pocas horas o días en el hospital, contrario a lo que sucedía al inicio de la emergencia nacional, y esto reduce sustancialmente la ventana de tiempo para organizar todo lo vinculado a un deceso.

“Los residentes (médicos que estudian alguna especialidad) hacen el censo de los pacientes que ingresan al hospital. Desde ese momento, se asigna a un trabajador social y ahí se empieza a trabajar con la familia.

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“Para los enfermos que sobreviven, se debe asegurar el aislamiento adecuadas condiciones habitacionales para volver a ese espacio, o si no coordinar para el traslado al albergue de Colypro (Colegio de Licenciados y Profesores), en Alajuela. Ese traslado implica una ficha epidemiológica, la boleta de notificación al Ministerio de Salud, un informe social donde decimos que no puede regresar a su casa habitual, y los factores de riesgo, más la medida sanitaria”, explicó Coto.

Para quienes mueren, se deben buscar los recursos para el sepelio e iniciar la contención anímica con apoyo de servicios como el de Psicología, porque estas pérdidas por covid dejan una marca que no habían visto antes.

María Isabel Ramírez Alvarado, jefa de Trabajo Social del hospital William Allen de Turrialba, dice que en ese cantón cartaginés han hecho todas las alianzas posibles con la municipalidad y con las funerarias locales para asistir a las familias que no poseen recursos para comprar un ataúd, especialmente para atender las necesidades de los pacientes de calle y de la población indígena cabécar que reside en Turrialba.

Gina Coto refuerza lo anterior. Asegura que en el San Juan han encontrado un sinnúmero de condiciones sociales como hacinamiento, violencia y drogadicción que obstaculizan la recuperación de la familia.

Desde que el paciente ingresa

Antes del fallecimiento y si las condiciones lo permiten, se trabaja con el paciente sentimientos como el miedo, la confusión, el enojo, la tristeza y la esperanza.

También se gestiona el apoyo espiritual en caso de que lo requiera y se prepara el ritual de despedida con sus seres queridos con el apoyo de Psicología.

Una acción similar se lleva a cabo en paralelo con la familia. En estos casos, se realiza la intervención en crisis ante el diagnóstico de fallecimiento inminente y se abordan todas las emociones que genera una noticia de esta envergadura.

Se prepara la despedida de acuerdo con la voluntad del enfermo, si el tiempo lo permite, y los actos simbólicos que permitan expresar todos los sentimientos que genera la inminencia de la muerte.

Pero el trabajo no termina allí. Este personal también tiene la indicación de hacer una intervención en crisis ante la noticia del fallecimiento y abordar las diversas emociones que genera esta noticia.

Deben actuar con gran rapidez cuando se encuentren con situaciones de duelos anteriores no resueltos, alteraciones de funcionamiento e idea de autoeliminación para realizar las referencias correspondientes a los servicios de Psicología y Psiquiatría.

Este acompañamiento lo realizan durante las seis semanas posteriores a la muerte.

Son procesos de acompañamiento muy dolorosos que le genera al personal diversos sentimientos: frustración, impotencia y que les ha producido gran desgaste.

Sin embargo, confiesan que lo han asumido con gran compromiso y que les ha permitido ser muy creativas para buscar recursos que facilitan paliar la tragedia que está llevando este padecimiento a cientos de familias costarricenses.