Comisión de CCSS advierte de alto riesgo y limitaciones del copago

Los profesionales, encabezados por la médica Dominique Guillén Femenías, coordinadora del proceso de intervención de la Unidad de Listas de Espera de la CCSS, concluyeron que aplicar el sistema de copago podría “generar inequidad” en el acceso a los servicios médicos y acarrear procesos legales en contra de la entidad y “discusiones sociales marcadas”. Además, avisaron sobre posibles roces de esa medida con la Ley Constitutiva de la CCSS.

La Caja propone cubrir hasta un 60% del costo de 10 tipos de cirugías para los asegurados, si optan por someterse a estos procedimientos en servicios privados. Sin embargo, existe una gran disparidad entre el costo en hospitales públicos y privados.

Por ejemplo, realizar una hernioplastia umbilical en los hospitales públicos tiene un costo de ¢542.116, por lo que, con el plan, la institución costearía el 56%, es decir, el asegurado debería asumir ¢303.585, pero en los servicios privados, la misma cirugía tiene un costo aproximado de ¢2,5 millones, lo que significa que los ¢303.585 apenas cubrirían el 12%.

También, en un informe previo, la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) señaló que, bajo el plan de copago, los asegurados tendrían que cubrir de sus bolsillos hasta el 90% del valor de algunos procedimientos quirúrgicos.

Por ejemplo, según cálculos oficiales, para una artroscopia de cadera, la CCSS transferiría ¢719.581 y el paciente estaría en la obligación de aportar ¢6,5 millones para completar los ¢7,3 millones que cuesta la operación, de acuerdo con precios suministrados por la Cámara Costarricense de la Salud.

Ante esas circunstancias, el equipo interventor advirtió que el impacto de la iniciativa sería bajo, pues “estaría dirigido a una población con la capacidad de incrementar el gasto de bolsillo en salud, además de cubrir el aseguramiento de la CCSS”.

El documento, de 187 páginas, también fue firmado por los especialistas en Gerencia de la Salud y Administración de Servicios Médicos, Gerick Jiménez Pastor, Flavia Solórzano Morera, Carlos Brenes Bolaños y Armando Cortés Ruiz.

Otros profesionales vinculados a la UTLE que suscribieron el reporte son Balam Brenes Navarro, Katherine Colby Jiménez, Jeancarlo Chacón Villalobos, Joselyn Rojas Sandí, Sofía Blanco Lara y Alexei Carrillo Villegas. Este último fue ministro de Salud en el actual Gobierno por varios meses.

Las personas mencionadas firmaron el reporte entre el 4 y el 5 de octubre, es decir, un mes antes de que la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunciaran una estrategia que pretende reducir las extensas listas de espera en cirugías, exámenes diagnósticos y consultas con especialistas. La actividad se realizó en el Estadio Nacional con la presencia de autoridades de Gobierno.

La Nación intentó hablar con la jerarca de la CCSS, pero no contestó llamadas a su teléfono celular. También se gestionó una entrevista por medio de César Blanco, jefe de prensa de la Caja, pero tampoco fue posible concretarla.

Una de las preguntas pendientes es por qué, el 7 de noviembre, propuso el modelo de copago pese a las dudas expresadas por los especialistas institucionales. Por medio de un correo electrónico, remitido este lunes 20 de noviembre, Esquivel expresó que esa idea “no representa ni un riesgo al modelo solidario ni a las finanzas de la institución, ni es el camino a la privatización”.

Agregó que no se puede referir al informe de los 11 especialistas porque ese documento no ha sido analizado en la Junta Directiva de la CCSS.

Según Esquivel, la Caja ya utiliza el copago con fundamento en el artículo 69 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Sin embargo, esa normativa establece que los usuarios que deseen acudir a servicios médicos o farmacéuticos fuera de la Caja podrán hacerlo de forma libre, “pero en ese caso la institución no estará obligada a pagar los respectivos gastos”.

De acuerdo con ese mismo artículo, para que a un asegurado le reintegren los servicios médicos contratados fuera de hospitales públicos es necesario un visto bueno de la Junta Directiva. Además, la entidad solo pagará lo que señalan sus tarifas.

Hasta ahora, la Junta Directiva de la CCSS no se ha pronunciado sobre el copago. El 2 de noviembre, Martha Rodríguez, representante de los trabajadores en ese órgano, dijo que aún no discuten ese tema. Adrián Torrealba, representante de los patronos, también declaró, días atrás, que el copago no ha sido planteado para su valoración.

Otras advertencias sobre el copago

El equipo interventor también declaró que para darle mayor viabilidad al copago se requiere crear controles de calidad y precios en el sistema de salud privado. Otro aspecto indicado por ese grupo es que para aplicar el modelo se necesita realizar una consulta pública y legal “que garantice la posibilidad de implementar” la herramienta.

Agregaron que también debe evaluarse la “capacidad ociosa” de los centros médicos privados para asumir pacientes de la Caja y “sacrificar su propio nicho de negocio”.

Por último, manifestaron que bajo esa modalidad se estaría trasladando al paciente “el riesgo de búsqueda oportuna y de calidad de atención en salud”.

Wilburg Díaz, gerente médico interino de la CCSS, reconoció que hay muchos aspectos del copago sin definirse. Uno de ellos es cuándo podría implementarse esa idea, pues carecen de estudios técnicos que precisen el porcentaje a transferirle al paciente por tipo de procedimiento y otros detalles operativos.

Díaz, quien es el tercer gerente médico de la CCSS desde mayo del presente año, defendió que, el pasado 7 de noviembre, se anunciara el plan de copago como una de las alternativas para disminuir las listas de espera pese a ser una idea con múltiples advertencias, riesgos y dudas.

También admitió que la Junta Directiva, órgano al que le corresponde decidir sobre esta propuesta, no ha discutido el tema ni votado acuerdos al respecto.

Aparte del copago, la estrategia denominada “Ruta de la Salud. Menos espera, mejor servicio”, incluye compra de servicios privados, contratación de más especialistas en Radiología y Anestesiología, formación de especialistas y la recuperación de al menos un 25% de los médicos que dejaron la especialidad. También, cambio en sistema de jornadas extraordinarias por pago a destajo y ayuda de médicos pensionados.

Con la estrategia, la Presidencia Ejecutiva pretende, entre otras metas, que para finales del 2024 no haya ningún paciente rezagado del periodo 2017-2021 esperando atención y que los pacientes que requieren una cirugía de baja complejidad, en promedio, no esperen un plazo superior a 365 días.