El Colegio de Médicos denegó permisos de trabajo a ocho extranjeros contratados para bajar las listas de espera que aquejan a los pacientes de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pues no aprobaron el examen de equiparación de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ellos son parte de los 38 extranjeros no colegiados que llegaron al país desde el 2017, con permisos especiales, para atender la crisis de especialistas que enfrenta la CCSS.
La prueba la realizaron en octubre, y les notificaron el 16 de enero que la habían reprobado, por lo que no podían seguir trabajando con la Caja.
Sus permisos vencieron este jueves, no obstante, la decisión aún podría revertirse si el Tribunal Contencioso Administrativo acoge una medida cautelar provisionalísima presentada este miércoles por el abogado que representa a siete de ellos, Wálter Brenes.
Cinco de los médicos son venezolanos y dos nicaragüenses, quienes trabajaron en los hospitales de Limón, Guápiles, Turrialba y Puntarenas.
Brenes sostiene que la aprobación del examen no es requisito para que médicos sin colegiatura puedan ejercer. Para ello se basa en el artículo 3 de la normativa que regula la autorización de permisos para especialistas no colegiados.
“El hecho de que la Junta de Gobierno (del Colegio) pida el examen es una contradicción absoluta, el aprobar el examen y homologar el título es solo para los que se van a incorporar”, apuntó el abogado.
“A partir de mañana este país va a tener una faltante de médicos especialistas, no va a haber suficientes médicos en estos hospitales. Un neurocirujano en Puntarenas hace el 65% de las operaciones. Aun sabiendo todo esto el Colegio tomó esa decisión”, añadió.
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Una de las afectadas, Ericka Bermúdez Pérez, fue hasta este jueves anestesióloga en el Hospital William Allen Taylor, de Turrialba.
Oriunda de Carazo, Nicaragua, Bermúdez llegó a Costa Rica hace tres años con su esposo y tres hijos. Ella no pretende volver a su país de origen, así tenga que trabajar en un área ajena a la medicina.
“Yo no me voy a regresar a mi país que está muy convulsionado. Todos tenemos hijos viviendo acá, mis otros colegas con deudas, es imposible que nos regresemos a nuestros países. Si no estamos en esto, vamos a ver en qué trabajamos”, declaró la médica.
En su criterio, el examen de la UCR estaba hecho para que lo reprobaran, incluso, como “una manera indirecta de decirnos que no quieren más extranjeros”.
Los posibles impactos en las listas de espera por no prorrogar los ocho permisos, preocupan a los altos mandos de la CCSS, que este jueves tuvieron que presentarse a una audiencia sobre el tema ante la Sala Constitucional.
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Según dijo el gerente general de la Caja, Roberto Cervantes, los médicos “han venido trabajando bien. Inclusive, hemos tenido manifestaciones de comunidades, como Guápiles, que se manifestó a favor de su ginecólogo. Estamos tratando de equilibrar la situación con los que salen ahora, pero vamos a ver qué hacemos”.
Reacción
El presidente del Colegio de Médicos, Andrés Castillo, aseguró que hace tres meses la CCSS fue notificada sobre la aplicación de las pruebas de equiparación, al prever de que en el 2019 se incorporarán 268 especialistas ticos recién egresados de posgrado.
Castillo afirmó que los reprobados pueden repetir el examen si lo desean, el cual solo se aplica una vez al año, en octubre.
“Estamos trabajando con la Universidad para que nos haga otro examen en junio, a ver si estos muchachos tienen la oportunidad de no tener que esperar hasta octubre”, indicó Castillo.
El jerarca, quien dejará su puesto este jueves, manifestó que la institución lamenta que estos médicos no pasaran la prueba.
“Yo hubiera querido que se quedaran trabajando, pero ¿cómo sustento yo poderles seguir dando el permiso?”, comentó.
Si los dejan ejercer sin el examen aprobado, dijo Castillo, el Colegio se expone a demandas si alguno de ellos comete un error con un paciente.
De momento, el Tribunal Contencioso Administrativo otorgó tres días hábiles de plazo para que el Colegio y la CCSS se refieran por escrito a este caso y luego, con las posiciones a la vista, definirá si es necesario suspender la inhabilitación de los siete especialistas afectados.