La Procuraduría General de la República busca que 51 implicados en el caso de la trocha fronteriza paguen un total de ¢1.600 millones por los daños causados al Estado.
El reclamo lo presentó la institución como parte de la causa 12-00053-621-PE, cuyo trámite en los tribunales iniciará este lunes, con la audiencia preliminar en la que se definirá si los imputados irán o no
a juicio.
La Procuraduría participa en el proceso judicial en condición de damnificado directo y como representante de la colectividad, según informó en un comunicado.
En la acción civil interpuesta por la entidad figuran 51 demandados civiles. Además de los 26 imputados, se incluyeron en el reclamo personas físicas y jurídicas que presuntamente se beneficiaron con los actos delictivos señalados por la Fiscalía.
Los hechos que motivaron la investigación del Ministerio Público trascendieron en mayo de 2012, cuando la entonces mandataria Laura Chinchilla denunció aparentes irregularidades en el uso de los recursos que se usaron en la construcción de la trocha fronteriza.
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Con ese nombre se conoce a la carretera de 160 kilómetros con que se pretendía mejorar la vigilancia en la zona limítrofe con Nicaragua. La obra comenzó en 2010, durante el gobierno de Chinchilla, luego de la invasión por parte de militares del vecino país a isla Calero.
Como se consideró una obra de emergencia, se utilizaron criterios de contratación más flexibles y expeditos.
A finales del 2016, el Juzgado Penal de Hacienda dictó un sobreseimiento definitivo en favor de otras 47 personas, entre ellas la expresidenta Chinchilla y el exfiscal Jorge Chavarría Guzmán; así como altos miembros del Poder Ejecutivo del periodo 2010-2014, la exmagistrada Ana Virginia Calzada Miranda, funcionarios del Conavi y dueños de constructoras.
Luego, en enero del 2017, la Fiscalía presentó la acusación contra las 26 personas que irán a audiencia preliminar el 20 de setiembre. Se les imputan los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
En el comunicado, la Procuraduría indicó que pese a que la pieza acusatoria señala que las facturas anómalas que se presentaron para cobro ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) sumaban un total de ₡ 1.234 millones, al final solo se pagaron ₡ 639 millones, por lo que ese es el monto que se reclama por daño material.
Mientras que “por el daño que sufrió la sociedad costarricense a raíz de estos actos de corrupción” y según lo determinado en un peritaje, se solicitan otros ¢965 millones.