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Después de siete años de investigaciones, por fin el caso por las supuestas anomalías en la construcción de la trocha fronteriza, llegará a audiencia para determinar si amerita un juicio.
El Ministerio Público confirmó que la diligencia comenzará el 30 de setiembre y está programada para terminar en enero del próximo año.
La causa fue tramitada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) bajo el expediente 12-000053-0621-PE, en el cual figuran 26 imputados.
Se trata de tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tres particulares que fingieron ser supervisores de las obras, 18 empresarios contratados para efectuar los trabajos y dos mujeres, que son esposas de dos de los implicados.
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La trocha fronteriza fue el nombre que se le dio a la carretera de 160 km con que se pretendía mejorar la vigilancia en la zona limítrofe con Nicaragua. Se comenzó en 2010, durante el gobierno de Laura Chinchilla, luego de la invasión por parte de militares del vecino país a isla Calero.
Aquella fue considerada una obra de emergencia, por lo que se utilizaron criterios de contratación más flexibles y expeditos.
Sin embargo, en mayo de 2012, la propia mandataria denunció aparentes irregularidades en el uso de los recursos, situación que le costó el puesto el entonces jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.
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Las investigaciones avanzaron con gran lentitud, hasta que en enero de 2017, la Fiscalía presentó la acusación contra 26 personas por los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
Dos meses antes, el Juzgado Penal de Hacienda había dictado un sobreseimiento definitivo a favor de otras 47 personas, entre ellas la expresidenta de la República Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) y el exfiscal Jorge Chavarría Guzmán; el exvicepresidente Luis Liberman Ginsburg, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes y la exmagistrada Ana Virginia Calzada Miranda, así como funcionarios del Conavi y dueños de constructoras.
Luego de la acusación, sobrevino el inconveniente de que por el número de imputados, abogados y otras partes que deben intervenir se complicó la fijación de una fecha para la audiencia preliminar, momento en que jueces estudian los elementos de pruebas para determinar si hay suficientes para que llegue a juicio.
Finalmente, esa audiencia comenzará la próxima semana.
La trocha fronteriza o ruta 1856 costó al Estado al menos ¢20.000 millones, aunque el perjuicio económico para al Estado se estimó en ¢1.234 millones, que serían cobrados mediante acción civil presentada por la Procuraduría General de la República.
¿Qué se investigó?
La investigación revisó la actuación de funcionarios públicos que tenían el control, fiscalización y supervisión del proyecto, así como de empresarios privados, ante la sospecha de que se hubieran puesto de acuerdo para sustraer fondos públicos.
Por ejemplo, se presumía que distintos proveedores de servicios reportaban la misma maquinaria usada en la misma fecha, así como un solo proveedor que reporta dos veces la misma maquinaria en el mismo momento.
Otro hecho presuntamente irregular es que se reportó el uso de maquinaria con un documento de identificación DUA (Declaración Única Aduanera) que no tiene registros en el sistema aduanero.
Entre las posibles anomalías también están el reporte de labores justificadas con equipos que no habían sido nacionalizados al momento en que se reportó el uso. También hay reportes de maquinaria fuera de vida útil alquiladas por un monto mayor al establecido en un decreto ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Como parte de la investigación, además de allanamientos y entrevistas, se levantó el secreto bancarios de varias cuentas y secuestro de información privada.
