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Un análisis del Grupo de Conducta de la UE será determinante para definir si los cambios tributarios aprobados por la Asamblea Legislativa, y que fueron parcialmente rechazados por el Poder Ejecutivo, son suficientes para que Costa Rica salga de lista negra, al ser considerado como un país no cooperante en materia fiscal. Foto: Shutterstock (Shutterstock)
La Unión Europea (UE) definirá el próximo 17 de octubre si la reforma a Ley del Impuesto sobre la Renta, aprobada por la Asamblea Legislativa en setiembre pasado —por medio de un resello—, cumple con los requerimientos necesarios para que Costa Rica sea excluida de la nómina de naciones calificadas por ese bloque como no cooperantes en materia fiscal o lista negra.
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofín), integrado por los ministros de estas ramas de los países miembros, será el encargado de tomar la decisión, durante una reunión prevista para ese día en Luxemburgo, según información disponible en el sitio web de la organización.
Ese día se debatirá el análisis hecho por el equipo técnico europeo, conocido como el Grupo de Código de Conducta, a la Ley N.° 10.381, que entró a regir el 2 de octubre anterior e introduce una serie de reformas al impuesto sobre la renta, consideradas como necesarias para cumplir con los estándares de la UE.
“Nosotros pensamos que va a ser una respuesta satisfactoria, ya que cumplimos con todas las observaciones y van contenidas dentro del texto de ley, así que esperamos buenas noticias y ser excluidos de la lista negra”, manifestó al respecto la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), integrante de la comisión especial que analizó el tema en el Congreso.
Consecuencias seguir en la lista
Si ese consejo de la UE decide mantener a Costa Rica en la lista de 16 países calificados como no cooperantes en materia fiscal, la Asamblea Legislativa tendría que aprobar un nuevo proyecto de ley, que corrija las eventuales deficiencias de la norma que recientemente entró en vigor.
Mientras este proceso avanza en las instancias políticas, la imagen internacional del país podría verse afectada y afrontar serias consecuencias económicas.
Según Ramírez, existe la posibilidad de que Costa Rica sea considerada como un paraíso fiscal, situación que también generaría un impacto negativo en la atracción de inversiones y cerraría las puertas a la obtención de recursos provenientes de la cooperación internacional.
El Ecofín incluyó a Costa Rica en esa lista el pasado 14 de febrero, junto a Rusia, las Islas Marshall y las Islas Vírgenes Británicas.
Los restantes integrantes son: Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas, Samoa Americana, Anguila, Fiyi, Guam, Palaos, Samoa, Islas Turcas y Caico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu.
Elementos que motivaron la inclusión
El principal señalamiento que hizo el bloque europeo para incluir a Costa Rica en su lista negra, fue que la legislación nacional exonera a las personas físicas y jurídicas por las ganancias que obtienen en el exterior, cuando hacen inversiones pasivas.
Las rentas pasivas son aquellas en las que la persona no participa activamente en la actividad. Tal es el caso de una compra de un título valor, o bien, de una compra de acciones empresariales que produzcan dividendos.
La UE consideró que Costa Rica tiene un sistema tributario carente de transparencia, en el que facilita la doble no imposición a rentas pasivas. Es decir, permite que personas no paguen impuestos por ganancias ni en un país ni en otro.
El país había sido advertido desde el 3 de junio del 2021, que la exención de impuestos que Costa Rica otorga a los contribuyentes radicados en el país, por ingresos procedentes del extranjero, es perjudicial y debía ser reformada.
En una carta firmada por Lyudmila Petkova, presidenta del Grupo de Código de Conducta, se le dio aviso al país sobre la posibilidad de ingresar a la lista negra, si no se hacían las reformas al sistema tributario, situación que se terminó materializando.
Proceso político
Para atender las observaciones jurídicas de la UE, la Asamblea Legislativa creó una comisión especial que analizó varias iniciativas, incluida una presentada por el Poder Ejecutivo, pero finalmente se decantó por un texto que además reformaría el artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Dicha modificación, clarifica que la Dirección de Tributación no puede cobrar el impuesto a personas y empresas por ganancias obtenidas en el exterior, aunque las hayan generado con dinero producido en Costa Rica.
Con la reforma, ese apartado establece que Tributación solo puede gravar ingresos generados exclusivamente dentro del territorio nacional. Esa sería la definición de “fuente costarricense”.
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves se opuso al cambio, así como la mayoría de los diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y de la fracción del Frente Amplio (FA).
Chaves vetó parcialmente esa propuesta legislativa, lo que obligó al Congreso a aprobarla por medio de un resello, el pasado 26 de setiembre, convirtiéndose finalmente en ley de la República, gracias al apoyo de Luz Mary Alpízar Loaiza, diputada y presidenta del PPSD.
El respaldo de la legisladora fue decisivo para alcanzar los 38 votos necesarios para rechazar el veto parcial del mandatario.
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