Por unanimidad, 49 diputados del plenario legislativo aprobaron crear una comisión especial para que estudie los proyectos de ley presentados a la fecha y que plantean sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea.
El país fue incluido en esa nómina el pasado 14 de febrero, al considerar que su sistema tributario facilita la doble no imposición; es decir, que las personas no paguen impuesto ni en el país de origen de las inversiones, ni en la nación donde se generó la ganancia, sobre todo por ingresos provenientes de rentas pasivas.
La idea, de acuerdo con la moción firmada por varias bancadas, es que en el plazo de un mes prorrogable por una ocasión, se valúen los tres planes que se encuentran en la corriente legislativa sobre el tema y que, producto de la discusión, salga un texto de consenso.
La comisión la presidirá la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). El resto de integrantes son Paulina Ramírez y Luis Fernando Mendoza, del Partido Liberación Nacional (PLN); Pilar Cisneros, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Olga Morera, de Nueva República (PNR); Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA); y Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP).
A la fecha han presentado planes para sacar al país de la lista negra el PUSC, el PLP y el Gobierno, que introdujo la propuesta dentro del proyecto de renta global.
El planteamiento para sacar a Costa Rica de la lista negra consiste en cobrar tributo sobre las ganancias pasivas obtenidas en el exterior de inversiones de fuente costarricense. Las rentas pasivas son, por ejemplo, rendimientos de bonos bursátiles o dividendos de acciones.
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El proyecto del PUSC, el primero presentado en la corriente legislativa el pasado mes 21 de febrero, plantea sacar a Costa Rica de la lista sin recurrir a nuevos impuestos para el sector productivo nacional.
Para ello, propone cobrar impuesto sobre rentas pasivas únicamente a las que podrían considerarse “empresas de papel”. Es decir, aquellas firmas que se domicilien en Costa Rica, pero que hacen sus inversiones afuera, sin que el sistema tributario hoy les exija pagar impuesto.
El tributo se les impondría a dividendos, intereses, regalías y otros rendimientos del capital mobiliario en el exterior, y se les otorgaría a las empresas un crédito fiscal en caso de que hayan tributado en el extranjero, para no expulsarlas de la economía nacional.
Esto implica que la empresa contribuyente podrá acreditar el impuesto análogo pagado en el extranjero contra el impuesto de renta a pagar en territorio costarricense, según el texto.
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El proyecto del PLP, presentado semanas después, es parecido al del PUSC. Establecería un impuesto sobre las utilidades de las personas físicas, jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica domiciliados en el país, que desarrollen actividades lucrativas de fuente costarricense.
De igual modo se gravaría a las empresas de papel y a las firmas se les permitiría un crédito fiscal para que analoguen el tributo en el país.
En tanto, el proyecto del Gobierno plantea gravar las rentas pasivas de fuente costarricense generadas en el exterior, pero introdujo la propuesta dentro del proyecto de renta global.
El proyecto en general plantea que las personas paguen impuesto de renta sobre la totalidad de sus ingresos, en vez de hacerlo por separado, pero a la vez aumentaría a un 30% el tributo para pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), PUSC y PLP critican que el Gobierno haya presentado ambos temas en una misma redacción.
Un plan para sacar de la lista negra al país debe quedar aprobado en agosto, asegura la legisladora socialcristiana Daniela Rojas. Alejandro Pacheco, jefe de bancada del PUSC, sugirió avanzar con la iniciativa de su bancada, pues resalta que evita más tributos a los contribuyentes.
Eli Feinzaig, vocero del PLP, añadió que un eventual texto de consenso debe resolver el problema de la UE sin golpear el bolsillo de los costarricenses.