El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció judicialmente aparentes cobros ilegales de comisiones realizados por personeros del Partido Restauración Nacional (PRN) a proveedores a cambio de que estos últimos pudieran obtener contratos durante la campaña presidencial del 2018.

Uno de los señalados en la denuncia es Juan Carlos Avendaño Salas, hijo del diputado y presidente del partido, Carlos Avendaño, quien se desempeña como asesor legal y de gestión administrativa-contable del PRN.

El órgano electoral presume que las comisiones ilegales, de varios millones de colones, fueron incluidas en varias facturas que la agrupación pagó y que ahora pretende que sean reembolsadas con fondos del Estado.

Según la denuncia del TSE, Restauración también habría inflado los montos de algunos comprobantes de pago o habría cobrado gastos inexistentes para acceder a más recursos de la deuda política.

En específico, el Tribunal cuestiona los gastos en signos externos y, principalmente, la contratación de dos proveedores de gorras, camisetas y banderas, a quienes se les pagó, en conjunto, ¢322 millones.

Así consta en el informe N.° DFPP-131-2020 que el TSE envió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 30 de enero del 2020, ante una solicitud de esa instancia judicial.

El documento ahora forma parte del expediente judicial 20-000019-1218-PE.

Consultado sobre el tema, Juan Carlos Avendaño aseguró que todo es absolutamente falso, que es una especulación y que están queriendo “embarrarlo” en algo en lo que él no tuvo competencia.

“Eso es totalmente desubicado, nada que ver (...). Estoy sorprendido porque yo nunca he mediado; es totalmente falso. Como le digo, había un sistema y había muchas personas verificando el cumplimiento de todos los requisitos legales”, insistió Avendaño.

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Su padre, el diputado Carlos Avendaño Calvo también negó los hechos denunciados por el TSE.

“En términos generales, eso es totalmente infundado”, dijo el legislador, quien añadió que, por el contrario, en la Fiscalía lo que se investiga es la supuesta estructura paralela de financiamiento que él denunció en el 2018.

Contratos idénticos

Las alertas se encendieron cuando el TSE detectó dos contratos casi idénticos con dos proveedores distintos, firmados menos de un mes antes de la segunda ronda presidencial, del 1.° de abril del 2018, cuando el candidato de Restauración era Fabricio Alvarado.

Los contratos están a nombre de la empresa Promoideas Todo en Artículos Publicitarios y de María Fernanda Chavarría Gómez, como persona física, aunque ella usaba el nombre de fantasía DiGrafik.

Ambos contratistas rubricaron acuerdos idénticos por ¢161 millones cada uno para suministrar, por separado, 39.000 camisas, 25.000 gorras y 72.500 banderas.

Incluso, ofrecieron los mismos precios y se comprometieron a entregar la mercadería en fechas idénticas, en menos de un mes.

Según las pesquisas del TSE, ninguno de esos dos proveedores tenía la infraestructura instalada para producir la cantidad de bienes contratada y debieron subcontratar servicios. Es decir, hubo una tercerización que no se le reportó al TSE, lo cual también podría calificar como un delito.

Con base en el testimonio de uno de esos dos proveedores, quien no quiso firmar la declaración ante el temor de posibles represalias, y de dos exfuncionarias del partido, el Tribunal sospecha que Juan Carlos Avendaño Salas les habría cobrado comisiones a esas empresas para obtener los contratos millonarios.

Las exfuncionarias aportaron capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp.

“Los dos dueños de las empresas (Promoideas y Digrafik) me contaron que, para ellos obtener el contrato, tuvieron cada uno que pagarle ¢11 millones a los Avendaño; si no lo hacían, podían perder el contrato”, dijo una de las testigas.

El informe del órgano electoral reza textualmente: “Se desprenden posibles acciones por parte de personeros del PRN, encaminadas a inducir a error a este órgano electoral con el objeto de procurar un beneficio patrimonial antijurídico a favor del PRN (presuntamente precedido por un beneficio patrimonial irregular a favor de personeros de ese partido político y de eventuales allegados de ellos), a través del reembolso de gastos con recursos públicos de la contribución estatal”.

“Es motivo de preocupación para este departamento especializado en materia de fiscalización de financiamiento partidario, la presencia de situaciones que refieren a un posible pago de comisiones por parte de terceros a favor de personeros del partido político, mediante la adjudicación de contratos de prestación de bienes y servicios de la agrupación política y en las que coexisten presuntas simulaciones de servicios e inflación de precios.

“Sin duda —de comprobarse tales hechos— tal circunstancia permitiría visualizar no solo una afectación sustancial a los fines jurídicos que ordenan nuestro sistema democrático sobre la base del artículo 96 de nuestra Constitución Política, sino también un intento de defraudación contra el Estado y, de manera más puntual, una grave afectación en la administración y el control interno de la agrupación política”.

Un proveedor niega cobros; la otra guarda silencio

José Antonio Escalante Medina, copropietario de Promoideas, negó que le hayan cobrado comisiones ilegales, aunque sí reconoció que tuvo que subcontratar servicios que no se reportaron al TSE.

Añadió que él llegó a esa campaña porque Fabricio Alvarado iba a cantar a la iglesia donde él se congrega y que todo lo que tiene que decir, sobre esta contratación, ya se lo dijo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La otra proveedora, María Fernanda Chavarría, se negó a brindar declaraciones: “En este momento no te podría colaborar, por recomendación del abogado. Eso es una cuestión que tiene el Tribunal y yo no puedo dar ninguna información”.

“Como le digo, yo las declaraciones se las di al Tribunal, y en su momento también al OIJ. Entonces ahorita no podría colaborar”, alegó Chavarría.

Por la campaña electoral del 2018, Restauración le pidió al TSE reembolsarle gastos por ¢2.143 millones.

A la fecha, el órgano electoral ya autorizó el reintegró de ¢1.495 millones, es decir, el 70% del monto reclamado. Sin embargo, el Tribunal cuestiona la legalidad de los ¢648 millones restantes, donde se encuentran, entre otras facturas, las pagadas a Promoideas y Digrafik por un total de ¢322 millones.

En la causa abierta por la Fiscalía por esta denuncia, se investiga un presunto delito de estafa en contra del Estado, según informó la oficina de prensa del Ministerio Público, ante una consulta de La Nación.

La Fiscalía indaga una supuesta violación al inciso d, del artículo 276 del Código Electoral, el cual establece que se le “impondrá pena de prisión de dos a cuatro años al tesorero que no comunique, de inmediato, al Tribunal sobre contribuciones privadas irregulares a favor del partido político o el depósito ilícito realizado en la cuenta única del partido”.

“En la actualidad, esta causa avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba y se tramita contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas. La fase de investigación no es pública, por lo que no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, detalló la oficina de prensa en un correo electrónico.

Por su parte, el director del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Héctor Fernández, indicó que no se puede referir a los detalles del informe remitido a la Fiscalía, pues esa información “se encuentra protegida por el velo de la confidencialidad”.

“Una vez el proceso judicial aludido haya sido archivado, o bien, se encuentre en etapa de juicio oral y público, esta administración podrá compartir —a petición de parte— la información requerida en esta oportunidad”, expresó Fernández.

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Otras dos investigaciones en curso

Además de esta investigación, el Ministerio Público tiene abiertas otros dos causas por supuestas anomalías en el financiamiento de la campaña electoral de Restauración del 2018.

La primera pesquisa se tramita bajo el expediente N.° 18-000075-1218-PE, en la cual se indaga una estructura paralela de financiamiento durante la campaña presidencial de Fabricio Alvarado.

Esa investigación inició luego de que Carlos Avendaño denunciara que el equipo de Alvarado hizo una serie de gastos que nunca pasó por el tamiz de legalidad y los procesos de control que estableció el Comité Ejecutivo del PRN para ese proceso electoral.

Además, en ese expediente se investiga una supuesta donación ilegal del alquiler de la sede de campaña que Fabricio Alvarado tuvo en Sabana Norte, San José, durante dos meses, previo a la segunda ronda del 1.° de abril del 2018.

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De acuerdo con la denuncia, que en su momento Avendaño presentó el TSE, el pago de ese arrendamiento se hizo desde la cuenta bancaria de la sociedad anónima One Sports Costa Rica, a pesar de que el Código Electoral prohíbe las contribuciones de personas jurídicas, ya sea con dinero en efectivo, o bien, en especie.

Actualmente, esta causa se encuentra en investigación por un presunto delito de infracción al Código Electoral. Según el Ministerio Público, ya se “tomó la declaración indagatoria a dos personas de apellido Hernández y Picado”.

Se trata del abogado Jonatán Picado, un cercano colaborador de Fabricio Alvarado, y de Adriana Hernández, la otra asistente del entonces jefe de campaña, Juan Carlos Campos.

Personas que trabajaron en el corazón de la campaña de Fabricio Alvarado le relataron al TSE cómo el comando recibía dinero en efectivo, principalmente en fajos de $1.000, para pagar proveedores y empleados sin que ese flujo de recursos conste en los registros que exige la legislación electoral para conocer el origen de los fondos.

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La otra investigación se tramita en el expediente N° 18-000106-1218-PE. Desde el 20 de noviembre del año pasado, fue remitida al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con la acusación y la solicitud de apertura a juicio.

El Ministerio Público decidió acusar formalmente a dos hombres de haber donado ilegalmente dos viajes en helicóptero a esa campaña electoral.

Los imputados son Paulo Rodríguez Herrera, un empresario ganadero, a quien el partido reportó como donante de los dos viajes en helicóptero, y Jorge Luis Quirós Bolaños, el presidente de la sociedad anónima Inversiones Goldcafé, empresa que, en apariencia, habría pagado esos vuelos.

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