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El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, aseguró este viernes que si el país no sale de la lista negra de la Unión Europea (UE) antes de octubre es responsabilidad del Gobierno, por no haber impulsado desde febrero un proyecto de ley que buscara el consenso entre las bancadas.
Costa Rica se encuentra desde febrero en la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la UE. Los diputados aprobaron el 7 de setiembre una proyecto que busca sacar al país de esta clasificación; sin embargo, este jueves 14 de setiembre, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó parcialmente la iniciativa.
El veto presidencial no objetó la parte del texto que sacaría al país de la lista negra, sin embargo, sí objetó el intento de reformar el artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta.
Si se modifica dicho artículo, Tributación no podría cobrar impuestos a personas o empresas por ganancias obtenidas en el extranjero, aunque el capital invertido haya sido generado en Costa Rica. Este concepto es conocido como “territorialidad”, y se añadió a la iniciativa aunque no fue solicitado por la UE.
La UE realizará una revisión de cumplimiento de reformas, en octubre, de los países no cooperantes. Quienes no cumplan para esa fecha, permanecerán al menos seis meses más en este rango.
Arias recordó que el Gobierno propuso mezclar los cambios necesarios de la lista con el proyecto fiscal de renta global que incluía aumentos de impuestos.
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“No se aprovechó el tiempo desde febrero para, si se quería, presentar un solo proyecto, una iniciativa solo para cumplir con lo que nos pedía la UE, no querer complicar eso con una reforma fiscal, que ahora nos tiene en que estamos interpretando si queremos territorialidad o no, pero ese no es el foro para discutirlo, porque estamos prensados”, criticó el presidente legislativo.
Arias dijo que conversará con los jefes de fracción y el presidente Chaves para definir qué rumbo tomarán. Aún no sabe si la oposición cuenta con los 38 votos necesarios para superar el veto y resellar el proyecto.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, y el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, también responsabilizaron al Gobierno si Costa Rica continúa entre los países no cooperantes.
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La permanencia del país en la lista tiene consecuencias para el clima de inversiones, según han advertido cámaras empresariales. Esta situación puede afectar la inversión extranjera, entorpecer el comercio y excluir al país de los fondos destinados a la cooperación internacional.
Costa Rica ingresó al grupo de países no cooperantes en materia fiscal el 14 de febrero del 2023. El Gobierno sabía desde nueves meses antes que existía ese riesgo, pero no advirtió a los diputados.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que estaba al tanto de la situación desde mayo del 2022. Aún así, dio aviso a los congresistas hasta el 9 de febrero del 2023, cinco días antes de que la UE tomara la decisión.
¿Por qué tardó nueve meses en informarlo a la Asamblea Legislativa?, se le consultó a principios de año al titular de Hacienda.
“Es muy fácil decir que nosotros no hicimos nada; perdón, a nosotros nos tocaba evaluar la realidad política del país, las condiciones en que recibimos el Gobierno y qué teníamos que priorizar. Y en este sentido fue darle sostenibilidad a la deuda”, respondió el ministro.
