Los diputados aprobaron este jueves, en segundo y último debate, el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), pese a la posibilidad del veto presidencial anunciada por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Luego de intensos desacuerdos entre las fracciones parlamentarias, por la reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, la votación fue de 29 congresistas favor y 16 en contra.
Ahora el texto pasará a la Casa Presidencial, donde el mandatario Rodrigo Chaves Robles tiene 10 días hábiles –luego de recibido– para firmarlo y convertirlo en ley, o para vetarlo. El miércoles pasado, él declaró que no iba a adelantar cuál será su decisión: “Va a ser una decisión muy difícil, la cual no voy a anticipar, si la voy a firmar o vetar”.
A pesar de que era un segundo debate, la discusión en plenario fue muy amplia, precisamente, por el desacuerdo del Gobierno. Además, la mayoría de los legisladores rechazó un intento del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y del Frente Amplio (FA) por frenar la votación y devolver el proyecto al trámite de primer debate, para hacerle un cambio al texto.
Votaron a favor 12 diputados de Liberación Nacional (PLN), seis de la Unidad Social Cristiana (PUSC), seis de Nueva República (PNR) y cinco del Liberal Progresista (PLP).
En contra, votaron nueve de PPSD, seis del FA y un legislador del PLN.
El proyecto busca eliminar la doble no imposición que actualmente permite el sistema tributario costarricense. Un portillo permite que inversionistas se instalen aquí y obtengan rendimientos en el exterior, para no tributar ni en un país ni en otro.
La idea es cobrar impuesto de renta a las empresas de papel sobre las rentas pasivas generadas en el extranjero, como las de inversiones bursátiles, acciones de empresas y regalías por el uso temporal de patentes.
Si estas empresas tributan sobre sus ganancias afuera, podrían deducir lo pagado en Costa Rica. Por el contrario, las empresas que sí cumplen con una actividad económica en el país quedarían exentas de la aplicación del tributo.
Las firmas de maletín también pagarían impuesto sobre ganancias de capital, los dividendos e intereses y las ganancias de capital inmobiliario.
¿Cuál es el desacuerdo?
El PPSD y el Frente Amplio acusaron a cuatro fracciones legislativas de beneficiar, con la iniciativa aprobada, a un grupo de empresas grandes para que no paguen impuesto cuando sacan ganancias producidas en Costa Rica, para ganar rentas pasivas en otros países libres de impuestos.
Precisamente por esta razón es que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció que el Gobierno se opone a la reforma del artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
El artículo 1 de la norma aprobada establece que Tributación solo puede gravar ingresos generados exclusivamente dentro del territorio nacional. Esa sería la definición de “fuente costarricense”. No podrá gravar ganancias obtenidas en el exterior, aunque el dinero invertido haya sido generado aquí.
Todavía este jueves se dio una extensa discusión, porque el PLN y el PUSC defendieron que ellos no están eliminando ningún impuesto.
“Estamos hablando de que no se pague el impuesto extraterritorialmente, porque ese impuesto nunca se ha cobrado”, alegó Daniela Rojas, jefa socialcristiana.
A finales de noviembre del 2022, la Sala Constitucional respaldó una interpretación de la Dirección General de Tributación de aplicar el impuesto sobre la renta sobre las inversiones hechas en el extranjero por contribuyentes domiciliados en Costa Rica, bajo el argumento de que se trata de dinero de fuente costarricense.
El fallo se dio a raíz de acciones de inconstitucionalidad presentadas por los bancos Promérica, Lafise y BAC Credomatic, contra las actuaciones de Tributación y jurisprudencia de la Sala Primera.
Oficialistas y frenteamplistas dijeron que con la reforma se elimina la norma que hoy permite a Tributación cobrar ese impuesto a grandes capitales.
La subjefa liberal, Johana Obando, cuestionó este jueves lo resuelto por la Sala Constitucional y, al igual que miembros de otras fracciones, alegó que ese tribunal se extralimitó y está “tratando de legislar”.
“Están cobrando de forma ilegal a las empresas, porque están ampliando el criterio”, dijo Obando.
El frenteamplista Jonathan Acuña alegó que la propuesta no fue llegar a un punto medio sobre la territorialidad, sino que al final los promotores del proyecto metieron un punto que no tenía nada que ver con salir de la lista de países no cooperantes.
“Ya no les voy a hablar a mis compañeros diputados, ya no tiene sentido. Les hablo a los costarricenses. ¿Quién legisla para ustedes y quién legisla para las grandes empresas poderosas en este país, que ya están pagando impuestos y tienen la capacidad, pero no les da la gana? Ya fueron a la Corte y no les dieron la razón”, dijo Acuña.
Daniela Rojas alegó que no se trata de que nadie entienda, sino que no están de acuerdo y nada más. “Estos diputados, en la reserva de ley que tenemos, estamos decidiendo no respaldar el fallo de la Sala Constitucional”, dijo.
Tanto Hacienda como el PPSD han señalado que eliminar ese impuesto le costaría al país perder una recaudación de $38 millones, es decir, ¢21.000 millones.
El choque entre fracciones fue tal que incluso el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, bajó al plenario y usó la palabra para decir que Costa Rica “requiere establecer condiciones para la inversión de nuevos negocios” y que una de esas condiciones es la seguridad jurídica.
“Nuestro país ha adoptado por años un sistema tributario de renta territorial, se pagan impuestos por rentas generadas en el país, por servicios situados, bienes o capitales utilizados en territorio costarricense. Esto no comprende rentas generadas en el exterior, independientemente de que la fuente de esos capitales provenga de una actividad generada en Costa Rica”, argumentó.
Óscar Izquierdo, jefe liberacionista, afirmó sobre la posición del Gobierno y el FA: “Se imaginan números si se cobrara un impuesto, que no se está cobrando y no podemos decir que se está dejando de ganar. Ahí está el error, la no transparencia, por eso digo que Liberación no va a permitir que ningún empresario se salte la cerca y no permitimos que nos digan que estamos haciendo algo irregular”.
