El presidente de la República, Rodrigo Chaves, prefirió no adelantar si vetará el proyecto de ley aprobado por los diputados para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea (UE). El texto fue avalado en primer debate el martes pasado y sería sometido al segundo este jueves 7 de setiembre.
“Va a ser una decisión muy difícil, la cual no voy a anticipar, si la voy a firmar o vetar, pero sería ‘palo si boga, palo si no boga’; no a Rodrigo Chaves, al pueblo de Costa Rica”, expresó el jefe de Estado.
Así lo afirmó este miércoles durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, pese a que su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, había adelantado que el Gobierno vetaría el proyecto debido a la inconformidad con la reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta.
Esa reforma dejaría en claro que la Dirección de Tributación no puede cobrar impuesto a personas y empresas por ganancias obtenidas en el exterior, aunque las hayan generado con dinero producido en Costa Rica.
El artículo 1 establecería que Hacienda solo puede gravar ingresos generados exclusivamente dentro del territorio nacional. Esa sería la definición de “fuente costarricense”.
El mandatario respaldó la crítica a ese cambio, pero optó por la prudencia en torno a un eventual veto. Cámaras empresariales llamaron a aprobar el proyecto para no afectar el clima de inversiones en Costa Rica ni su imagen internacional.
La Unión Europea incluyó a Costa Rica en la lista negra debido a que su sistema tributario permite la doble no imposición, es decir, que una persona aproveche portillos para no pagar impuestos ni en un país ni en otro.
El proyecto aprobado por los diputados cobraría tributo de renta a las “empresas de papel” o de “maletín” por las ganancias obtenidas en el exterior producto de rentas pasivas, como inversiones bursátiles o dividendos de acciones de empresas, así como arrendamientos de bienes inmuebles o ventas de bonos que generen ganancias.
El impuesto no se cobraría a las empresas que demuestren tener una actividad económica real en Costa Rica, en la que tienen personal, infraestructura y asumen riesgos de operación. El plan recibió 28 votos a favor y 15 en contra.
Si el presidente Rodrigo Chaves veta la ley aprobada por los diputados, es posible que Costa Rica no pueda pasar la revisión que hará la Unión Europea el próximo 15 de setiembre para decidir si mantiene o excluye al país de su lista negra. Foto: Casa Presidencial (JOHANFRED)
Pide reconsiderar
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Chaves también hizo un llamado a los legisladores para que reconsideren el texto actual.
“Hubo diputados que empujaron crear el mismo pecado en Costa Rica, que nosotros nos estamos comprometiendo a corregir para los europeos”, expresó el presidente sobre las implicaciones que, en su criterio, tendría la modificación en la Ley de Impuesto sobre la Renta.
El mandatario aseguró que, de avanzar con el proyecto tal como está, se les estaría “regalando” ¢21.000 millones a empresas a las que Tributación Directa cobra impuesto por ganancias obtenidas en el extranjero.
“¿Cuántos costarricenses, como personas físicas, tienen depósitos en Londres, inversiones en acciones en Nueva York y fondos de inversión en Suiza? que son a los que está beneficiando?”, cuestionó Chaves.
Una vez que reciba el proyecto aprobado en segundo debate, el mandatario dispondría de 10 días hábiles para tomar una decisión, veto o firma, según el artículo 126 de la Constitución Política.
Un veto obligaría a los diputados a reunir 38 votos para resellar el proyecto y convertirlo en ley. Sin embargo, la UE puso el 15 de setiembre como fecha límite para evaluar el cumplimiento de Costa Rica en la corrección de la ley tributaria.
Si el mandatario veta el plan muy cerca o después del 15, los legisladores no tendrían tiempo para un resello. En consecuencia, el país tendría que esperar otros seis meses, hasta la próxima revisión de la UE, para saber si logra salir de la lista negra.
Para el ministro Acosta, el cambio al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, supone cerrarle al país una posibilidad más para recaudar tributos, por lo que debe considerarse el impacto que esto tendría a futuro para las finanzas del Estado.
“Tenemos un sistema bastante regresivo, en donde, con esta acción, lo que hicimos fue decirle a las personas que tienen la capacidad de poder gestionar sus activos en el exterior, que no van a pagar impuestos y eso es realmente injusto para la sociedad y para todos los costarricenses”, advirtió el jerarca.
