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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, adelantó que el Gobierno vetará el proyecto de ley preparado por los diputados para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea (UE).
La razón es que el texto reformaría el artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta para dejar en claro que la Dirección de Tributación no puede cobrar impuesto a empresas y personas por ganancias obtenidas en el exterior, aun si lo hicieron con dinero generado en el territorio nacional.
Recientemente, fallos de la Sala I y de la Sala IV respaldaron una interpretación de Tributación según la cual el Estado puede cobrar tributo a quienes obtengan rendimientos en el extranjero si lo hicieron con ganancias captadas en suelo costarricense.
Los magistrados constitucionales determinaron que la interpretación se apega a lo dictado en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de que el tributo se cobra sobre los ingresos de fuente costarricense. Así lo expusieron en el fallo 2022-023955, del 12 de octubre del 2022, a raíz de acciones presentadas por los bancos Promerica, Lafise y BAC Credomatic contra actuaciones de Tributación y jurisprudencia de la Sala Primera.
El proyecto impulsado por una mayoría de diputados modificaría el artículo 1 para decir que solo calificarán como rentas de fuente costarricense los ingresos generados exclusivamente en el territorio nacional.
“Como país, debemos asumir la responsabilidad de ser honestos en esto. Estamos de acuerdo en sacar al país de la lista negra, pero no estamos de acuerdo en hacerlo a cualquier costo y en favor de algunos que deberían estar tributando y no lo harían de ninguna manera si se aprueba tal como está el proyecto”, expresó Acosta.
Ante la pregunta de si el presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetaría el proyecto si no se realizan los ajustes solicitados, Acosta respondió: “Creo que en la vida uno tiene que asumir responsabilidades, y si esa responsabilidad significa que debamos permanecer en la lista negra, entonces lo haremos”.
La eventual aplicación del veto supondría que Costa Rica no lograría salir de dicha lista en la última revisión que hará la UE este año y tendría que esperar seis meses adicionales para una nueva evaluación. Esto se debe a que no habría tiempo suficiente para el proceso legislativo requerido para un eventual resello.
El resello es una opción contemplada en la Constitución Política que permite a la Asamblea Legislativa, mediante una mayoría calificada de al menos 38 votos, rechazar el veto presidencial de una iniciativa y aprobar su puesta en vigencia de manera directa.
El proyecto, que sería aprobado en dos debates la próxima semana, propone gravar las rentas pasivas generadas en el exterior por empresas de papel registradas en Costa Rica, no a las compañías formales.
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La idea del proyecto es evitar la doble no imposición, la cual ocurre cuando un portillo permite no pagar impuesto ni en un país ni en otro.
Costa Rica debe enviar un informe con la nueva legislación a la UE el 8 de septiembre, y una semana después, el 15 de septiembre, los estados miembros de la UE revisarán el cumplimiento de los requisitos para decidir si levantan la restricción. Por ello, se espera que la ley sea aprobada la próxima semana.
El propio ministro Acosta advirtió a principios de año sobre las implicaciones negativas de que Costa Rica figure en la lista. Entre las consecuencias están un daño a la reputación del país, una afectación a las inversiones extranjeras y un aumento del escrutinio en transacciones financieras que lleva a la pérdida de fondos de la UE.
El ministro Acosta destacó que los países de la UE podrían tomar medidas fiscales defensivas adicionales, como no considerar deducibles los gastos de empresas en Costa Rica, realizar auditorías más estrictas y solicitar más información a los contribuyentes.
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Diputados reprochan posibilidad de veto
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), le recordó al jerarca que el proyecto tramitado en una comisión especial contiene las observaciones indicadas por la UE.
Entre estas medidas, se destaca la eliminación de la discrecionalidad administrativa. Para lograrlo, añade Ramírez, es necesario aclarar mediante una reforma que el sistema fiscal costarricense se basa en la territorialidad de la renta.
Esto difiere de la postura del Poder Ejecutivo, que, según Ramírez, aboga por la aplicación de un sistema de renta mundial en el cual los residentes fiscales estarían obligados a tributar en el país, sin importar en qué parte del mundo sus ganancias.
“Hasta el momento tenemos 30 años de renta territorial desde que se aprobó la legislación. Nos parece muy peligroso e irresponsable amenazar con el veto de este proyecto porque el impacto que puede general para el país es muy alto”, advirtió la diputada.
Johana Obando, legisladora del Partido Liberal Progresista (PLP), afirmó que el principio de territorialidad se mantuvo en el texto, a cambio de establecer requisitos de sustancia económica para evitar que las empresas de papel evadan impuesto.
Ese término se refiere a entidades que no cumplen con los requisitos sustanciales de una actividad económica en el país, sino que se instalan aquí para aprovechar un portillo fiscal sobre las inversiones hechas en otros países.
Obando argumenta que gravar las rentas pasivas generadas por empresas formales en el extranjero sería contrario al propósito de la ley, provocaría una doble imposición, lo que desincentivaría la inversión tanto para empresas pequeñas como grandes.
