Los diputados Daniela Rojas y Eliécer Feinzaig, del PUSC y del PLP, afirmaron que el veto parcial del presidente Rodrigo Chaves, al proyecto para sacar al país de la lista negra de la Unión Europea (UE), es un intento por subir impuestos sin necesidad de pasar por un proceso legislativo ordinario en el Congreso.
Así reaccionaron luego de que el mandatario vetó el plan porque este contiene una reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, para clarificar que la Dirección de Tributación no puede cobrar impuesto a personas y empresas reales por ganancias obtenidas en el exterior, aunque estas sean producto de inversiones hechas con ingresos obtenidos en el país.
El plan fijaría que la definición de “fuente costarricense” se refiere únicamente a los recursos generados dentro de los límites del territorio nacional.
Al vetar parcialmente el proyecto, Chaves más bien propuso redefinir ese concepto, para establecer que “fuente costarricense” también incluye a las rentas obtenidas en el exterior con recursos originados por actividades lucrativas hechas en el país.
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El Gobierno se ampara en resoluciones de la Sala I y la Sala IV que avalaron una interpretación de Hacienda, según la cual sí puede cobrar impuesto sobre rentas obtenidas en el exterior si el dinero para la inversión se originó en Costa Rica.
Daniela Rojas alega ‘doble imposición’
Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidenta de la comisión especial de este proyecto, dijo que la intención del gobierno de Chaves fue impulsar un paquete de impuestos, desde un principio.
Declaró que el Ejecutivo trató de “incorporar la renta mundial de manera explícita y, luego, con este veto, de manera solapada, para incrementar sus ingresos e imponer estos tributos de manera indiscriminada a todas las rentas pasivas extraterritoriales”.
Alegó que la comisión procuró un proyecto que cobre los impuestos como corresponde, “no con doble imposición” que afecte al sector productivo”, y garantizando la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea, al cerrar portillos a las empresas de papel que no pagan tributos en un país ni en otro.
Daniela Rojas dijo que la contrapropuesta de Chaves conlleva una doble imposición porque contempla gravar a las personas que inviertan en el exterior con ganancias obtenidas después de haber pagado impuestos en Costa Rica. Agregó que también, en la práctica, la propuesta es una renta mundial.
El 9 de febrero, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que la Unión Europea presionaba para el país avanzara hacia el esquema de renta mundial, el cual consiste en cobrar tributo sobre todas las rentas que gane una persona, física o jurídica, independientemente del país en que las obtenga. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) negó tal versión.
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Eliécer Feinzaig, jefe de la fracción de Liberal Progresista (PLP), coincidió en que el veto proviene de la intención el Gobierno de empezar a cobrar impuestos que la ley costarricense hoy no establece, sin la autorización de la Asamblea Legislativa para hacer los cambios en las leyes correspondientes.
Feinzaig calificó la decisión de Chaves de “gran error”, asegurando que fue culpa del gobierno que los legisladores corrieran para aprobar el proyecto, pues el Poder Ejecutivo esperó hasta el último momento para informar que el país sería incluido en la lista por su incumplimiento, en febrero pasado.
“Esto podría condenar al país a mantenerse dentro de la lista, lo cual podría provocar sanciones por parte de la UE o a la inversión extranjera o al menos restricciones a la inversión extranjera europea en Costa Rica”, indicó.
Paulina Ramírez, diputada del PLN, dijo que las justificaciones del Gobierno son insuficientes y pueden generar una mala imagen a los inversionistas.
“Eso es realmente irresponsable y muy lamentable, manteniendo las consecuencias del impacto que puede traer para nuestro país seguir manteniéndonos en una lista negra, como país no cooperante; traería impactos para la inversión extranjera, que a su vez trae encadenamientos, generación de empleo, cooperación internacional y la imagen del país”, dijo Ramírez.
Adujo que los diputados corrieron para evitar que el Gobierno use este proyecto para generar nuevos impuestos.
Por su parte, Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, aseguró que el discurso del mandatario respecto al veto es “maquillado”.
“Vamos a tener que correr los diputados la próxima semana para buscar una solución al veto.
“Esperamos que aún se pueda sacar a Costa Rica de la lista, porque el tiempo es muy apretado, y que no se afecte al país por la inversión y los trabajos que podrían perderse por estar metidos en esta lista tan odiosa”, adelantó el jefe de fracción del PUSC.
Fabricio Alvarado, jefe de bancada del Partido Nueva República (PNR), se sumó a lista de legisladores que lamentaron el veto, el cual veía venir ante la posición de la fracción oficialista en el Congreso.
“Nosotros creemos que es una decisión errónea si es que el veto tiene relación específicamente con lo que se ha discutido y genera un clima negativo hacia el sector empresarial, un clima que podría mandar señales erróneas sobre todo a quienes puedan estar pensando en invertir y reinvertir en el país; con la señales que se están enviando, se podría generar un panorama negativo para la reinversión”, manifestó Alvarado.