Aunque afirma estar abierto a la negociación, el Gobierno insiste en que los diputados aprueben las reformas necesarias para sacar a Costa Rica de la lista negra de países no cooperantes en temas fiscales con la Unión Europea (UE), junto con el plan de impuestos contenido en el proyecto de renta global.
Ante la comisión legislativa que evalúa una salida al problema de la lista negra, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, argumentó que el plan del gobierno cumple con todas las necesidades de la UE, ya que reforma completamente el impuesto sobre la renta mediante el sistema de renta global.
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El proyecto cambiaría el sistema cedular, en el cual las personas tributan renta por separado por cada uno de sus ingresos, por uno que unifica todos los ingresos para calcular el impuesto de renta.
Según Acosta, el sistema actual permite que personas con mayores ingresos paguen menos impuestos al poder distribuir sus rentas en diferentes cédulas.
El nuevo esquema también subiría a un 30% el impuesto de renta para pequeñas y medianas empresas (pymes), al equipararlo con el de las grandes.
Actualmente, las pymes pagan de acuerdo con su nivel de utilidades, con una tabla escalonada que va desde 5% a 20%.
Para cumplir con los requisitos de la UE y evitar la doble no imposición de impuestos, el plan de Hacienda propone una tasa del 15% sobre las ganancias generadas en el extranjero por personas físicas. Para las empresas, se plantea una tasa del 30% sobre esas ganancias, que se aplicaría dentro de la contabilidad de la empresa domiciliada en el país como un ingreso más, deduciendo los gastos incurridos en la generación de esa renta, según el ministro.
La viceministra de Ingresos, Priscilla Zamora, indicó que es imperativo contar con una legislación para sacar al país de la lista negra en agosto, ya que en septiembre se debe enviar la información a la UE, y en octubre se evaluará la situación de Costa Rica”.
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Plan inviable
Sin embargo, los diputados del foro advirtieron a Hacienda de que su plan es políticamente inviable. La diputada liberacionista Paulina Ramírez reiteró que, por razones de tiempo, no se puede mezclar el gravamen a las rentas pasivas generadas en el exterior con el plan de renta global, que requiere una reforma tributaria más exhaustiva y profunda.
Pidió al Gobierno apoyar otras dos iniciativas puestas sobre la mesa que plantean cobrar impuesto a las rentas generadas en el exterior con fuente costarricense.
La legisladora señaló que la UE planteó dos alternativas para sacar al país de la lista negra, y que el Gobierno propuso una opción que implicaría mayores tributos.
Una sugerencia de los europeos consiste en gravar las ganancias obtenidas en el extranjero mediante inversiones de fuente costarricense, evitando así la doble no imposición.
La segunda alternativa cobrar el tributo únicamente a las empresas consideradas de papel. Para ello, se introducirían normas de sustancia económica. Estas normas constituyen un parámetro para distinguir cuáles empresas son reales, por ejemplo si emplean recursos humanos, tienen inversiones e instalaciones en territorio nacional, toman decisiones estratégicas y asumen riesgos.
Las empresas reales tendrían un crédito fiscal por sus rentas generadas afuera para homologarlo luego en el país. Solo las empresas de papel pagarían el tributo.
Por su parte, la viceministra de Ingresos, Priscilla Zamora, destacó que el proyecto del gobierno cumple con los requerimientos de la UE al incorporar normas de sustancia económica.
También mencionó que se incluyen normas antiabuso para prevenir la elusión y evasión fiscal, y que se busca evitar discrecionalidad administrativa en la aplicación de la legislación.
Otros planes
En la comisión legislativa se discuten dos planes que buscan sacar al país de la lista negra. Uno presentado por el Partido Unidad Social Cristiano (PUSC) y otro por el Partido Liberal Progresista (PLP). Ambos incluyen normas de sustancia económica.
Sin embargo, el plan del PUSC modificaría el artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta para decir que solo calificarán como rentas de fuente costarricense los ingresos generados exclusivamente en el territorio nacional conforme al espacio territorial definido en la Constitución Política.
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La iniciativa del PLP propone, además, bajar la tasa del impuesto de renta al 27%. Hacienda calcula que con ese plan se dejarían de percibir ¢55.000 millones anuales en impuesto.
