Se acabaría el goce de salario para funcionarios separados por presunta corrupción

Según establece el proyecto, la suspensión del pago salarial se aplicará a partir del momento en que una autoridad administrativa o judicial imponga cualquier tipo de medida cautelar que impida al trabajador presentarse a la institución.

De esa manera, por ejemplo, si un juzgado le impone a un empleado público prisión preventiva o la prohibición de acercarse a la institución donde labora, ese trabajador no percibirá sueldo y verá su contrato laboral suspendido por todo el tiempo que rija la medida cautelar.

“Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo dentro de los tres días siguientes; y reanudar su trabajo dentro de los dos días siguientes a aquel en que cesaron dichas circunstancias (la medida cautelar). Si no lo hiciera, se dará por terminado el contrato, sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad”, señala parte del artículo.

La Contraloría General de la República (CGR) recordó que la suspensión de salario actualmente procede de esa misma manera. Así se aplicó, por ejemplo, con los alcaldes vinculados con el Caso Diamante. No obstante, el órgano resaltó la importancia de introducir la jurisprudencia a la legislación laboral.

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“La tesis planteada en el proyecto, es la posición vigente, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Segunda. En el ámbito constitucional y laboral se ha indicado sobre la no procedencia del pago de salario a funcionarios que no puedan presentarse a su lugar de trabajo o que se vean imposibilitados de cumplir con sus labores, en razón del dictado de una medida cautelar penal en su contra, criterios que van de la mano con una sana, adecuada y justa disposición de los fondos públicos.

“(...) sin embargo, vale resaltar que las modificaciones señaladas lo que pretenden es positivizar el criterio que se desprende de la jurisprudencia de las salas antes mencionadas, aportando más seguridad jurídica a las administraciones que, en aplicación de la ley, supriman el pago de salario a funcionarios en las condiciones ya señaladas. Por otra parte, se abre la posibilidad a que no solo sea por una prisión preventiva sino por otras medidas cautelares penales que se pueda suspender el salario del funcionario”, señaló la Contraloría.

La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, fue presentada por la diputada Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Como a los diputados salientes les quedan muy pocas sesiones como para dejar aprobada la iniciativa de ley, serán los congresistas entrantes quienes definan si impulsan el proyecto de ley, que aún tiene pendiente el dictamen de comisión.