La Contraloría General de la República (CGR) advirtió este martes a las municipalidades de San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Osa y Golfito, que es improcedente pagar salarios a los alcaldes suspendidos como parte de la investigación del Caso Diamante.
La comunicación preventiva asegura que la improcedencia del reconocimiento salarial aplica para funcionarios suspendidos por causa penal que no puedan desempeñar sus labores.
Para su pronunciamiento, la Contraloría tomó como referencia dos oficios anteriores, uno del 5 de octubre de 2018, sobre la suspensión del pago de salario a funcionarios de elección popular contra los que se impongan medidas cautelares por un juez penal, y otro del 6 de agosto de 2015, donde se determina que no se debe pagar el sueldo a funcionarios con medidas cautelares impuestas por un juez penal, a pesar de que estas medidas no sean privativas de libertad.
