Sofía Chinchilla Cerdas. 29 octubre
En el Mideplán, la mayoría de vehículos se quedarán guardados, porque solo se dejaría dinero para gasolina y mantenimiento de los que usan las altas jefaturas en sus giras. Fotografía José Cordero
En el Mideplán, la mayoría de vehículos se quedarán guardados, porque solo se dejaría dinero para gasolina y mantenimiento de los que usan las altas jefaturas en sus giras. Fotografía José Cordero

Veintitrés instituciones del Gobierno Central accedieron a recortar con bisturí sus planes de gastos para el año 2021, para alcanzar la reducción adicional de ¢150.000 millones que el Ministerio de Hacienda les prometió a los diputados.

Las estrategias para lograr el ahorro incluyen desde guardar vehículos durante todo un año, hasta dejar al mínimo el fondo para pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.

Algunas de las medidas, advierte el Poder Ejecutivo, implican la cancelación o reducción de proyectos y actividades, como los Juegos Deportivos Nacionales del 2021 y el programa Empléate.

Mientras que otras, según alega, dejan en serio riesgo la posibilidad de ejecutar algunas tareas básicas como, por ejemplo, el desalmacenaje en aduanas de las vacunas que se compran a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los detalles del plan de recortes que propone el Poder Ejecutivo se exponen en el dictamen de minoría que presentó Hacienda al Congreso, el pasado domingo en la noche, por medio de las diputadas Laura Guido y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Hacienda envió su contrapropuesta al Congreso luego de que Guido y Pérez se negaran a aprobar las disminuciones propuestas por la oposición, con el argumento de que las mociones que presentó el Partido Liberación Nacional (PLN) causaban “cierres técnicos o imposibilidades para que las instituciones cumplieran con sus propósitos”.

Según Hacienda, su propuesta se aplicaría más bien sobre “aquellos gastos que representan un menor impacto en el servicio directo a la población”.

Un 95,5% de la reducción la asumirían los ministerios y la Presidencia de la República. La disminución en el Ministerio de Cultura sería de ¢1.500 millones, una fracción de los ¢6.400 millones que proponía recortar el PLN. Al Ministerio de de Seguridad Pública no se le afectaría.

Los recortes alcanzarían los ¢5.534 millones en el Poder Judicial, ¢582 millones en la Asamblea Legislativa, ¢419,7 millones en la Contraloría General de la República y ¢166,9 millones en la Defensoría de los Habitantes.

Caso por caso

Una tercera parte del ahorro de ¢150.022 millones lo aportaría el Ministerio de Educación Pública (MEP). Los ¢47.591 millones que dejaría de recibir representan un 1,8% del presupuesto que originalmente le pidió a la Asamblea Legislativa para el 2021.

Según el documento presentado por Hacienda, el recorte afectaría “todos los programas” del ente rector de la educación. Hizo énfasis en que la disminución en viáticos y tiempo extraordinario limitará la capacidad de inspeccionar y dar seguimiento a los centros educativos que requieren mejoras.

También habrá menos dinero para construcción de escuelas y colegios, así como para entrega de utensilios a los comedores de 540 centros educativos.

Según la cantidad de dinero, el segundo mayor recorte sería el del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cual perdería ¢29.556 millones (un 6,65% de la previsión original).

Ahí, se disminuirían los gastos operativos y también los recursos que se le giran a las municipalidades para el mantenimiento de la red vial.

No obstante, en términos proporcionales la entidad que haría el mayor sacrificio es el Ministerio de Vivienda (Mivah), la cual perdería ¢2.075 millones.

La caída representa un 20% con respecto a los fondos presupuestados inicialmente y de un 54% con respecto a su asignación del 2020.

El Mivah planea renegociar el contrato de alquiler de sus instalaciones, donar vehículos y gastar menos en alimentos, electricidad e impresiones por medio del teletrabajo.

Los gastos operativos también son la base de la reducción de ¢2.207 millones planteada en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).

Ahí, el presupuesto institucional se reduciría en un 13% al eliminar totalmente las previsiones para capacitaciones, viáticos, transporte en el exterior y renovación de mobiliario.

En Mideplán, además, la mayoría de vehículos se quedarán guardados, porque solo se dejaría dinero para gasolina y mantenimiento de los que usan las altas jefaturas en sus giras.

Los choferes de esos carros serán los únicos a los que se les podrían pagar horas extras.

Pensiones al límite

Al fondo para el pago de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, inicialmente presupuestado en ¢1,15 billones, se le recortarían ¢15.000 millones (un 1,31%).

Esta intervención, según Hacienda, no implica una afectación a las pensiones existentes. Sin embargo, sí deja “muy al límite” las capacidades financieras de la Dirección Nacional de Pensiones.

De aplicarse un recorte más allá del propuesto, advierte el dictamen, podría caerse en impago de las jubilaciones de los regímenes de Hacienda y el Poder Legislativo, Magisterio Nacional, Correos, Telégrafos y Radios, Músicos de las Bandas Militares, Registro Público, Obras Públicas y Transportes, Ferrocarril Eléctrico al Pacífico y Régimen General de Pensiones.

“Si se incluyen más rebajas podría significar demandas en instancias judiciales que terminarían siendo más costosas”, señala la propuesta de Hacienda.

Programas reducidos en Salud, Trabajo y MAG

Algunos de los recortes incidirán en los servicios que prestan las instituciones a la población.

La reducción de ¢12.468 millones en el Ministerio de Salud, por ejemplo, incluye la eliminación de los recursos con los que se iban a financiar los Juegos Deportivos Nacionales.

Tampoco se dejarán fondos para contratar servicios de alimentación para las actividades de promoción de la actividad física en comunidades, y se recortarán las transferencias para programas municipales de prevención del tabaquismo.

Salud advierte de que también existe el riesgo de que el recorte en servicios aduaneros impida desalmacenar las inyecciones del esquema nacional de vacunación que se importan.

“El sacrificio en este rubro significa que habría que negociar con el proveedor una disminución en el contrato del servicio y de no lograrse, el monto sería insuficiente para desalmacenar las vacunas que se compran para ser donadas a la CCSS”, dice el dictamen.

Mientras que en Trabajo, donde la disminución es de ¢16.199 millones, se reducen los recursos para el programa de capacitaciones laborales Empléate. Los fondos que queden, según la institución, alcanzan para atender a 15.700 personas. Otras 19.000 quedarían por fuera.

Y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se reducirá el fondo para la realización de la Feria del Gustico Costarricense, en la que productores nacionales exponen y venden sus artículos.