La promesa del Gobierno a los obispos católicos, de revisar la norma técnica sobre interrupción del embarazo cuando peligran la vida y la salud de la madre, preocupa a la abogada Larissa Arroyo, quien fue una de las principales promotoras de este instrumento jurídico emitido durante la administración anterior.
Arroyo, especialista en Derechos Humanos, afirmó que estará vigilante de que no se genere un retroceso en los derechos adquiridos de las mujeres en temas reproductivos, sin criterios técnicos ni jurídicos.
En su criterio, un eventual retroceso violentaría el principio de progresividad de la ley, lo que podría ameritar una acción de inconstitucionalidad.
Larissa Arroyo representa a Aurora, una de las mujeres que llevó al Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por haberle negado la interrupción del embarazo en el 2012, pese a que su bebé tenía los órganos vitales expuestos y otras malformaciones que le impidirían vivir.
Para la abogada, la norma técnica aprobada por el expresidente Carlos Alvarado en el 2019 es demasiado reciente para una revisión.
“Sí hay una preocupación en el sentido de que no hay claridad de por qué se va a revisar, ¿por qué se van a utilizar recursos estatales para revisar algo que está vigente y que no pareciera de ninguna forma que fuera necesario revisar?
“A lo sumo, se revisan los protocolos y demás cada cinco años, pero nunca es así, siempre se tarda más. Incluso, desde el punto de vista de los recursos estatales, vale la pena cuestionarse por qué se van a gastar recursos en revisar una norma, sin además un criterio jurídico o uno médico.
“La norma se podría mejorar, si lo que se dice es que se va a tomar en consideración la opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque recientemente sacó una actualización sobre la guía del aborto sobre cómo se tiene que realizar correctamente, pues, entonces, yo le digo que hay efectividad, muy bien sobre esa argumentación médica, que es técnica científica de la mayor organización de la Salud”, explicó Arroyo.
“Los casos de Ana y Aurora siguen ante la Comisión Interamericana y lo único que falta es que la Comisión haga su informe de fondo, que son las recomendaciones que le da al país diciendo si se violentaron los derechos o no, y eso tiene que resolverse en principio este año. Entonces, es importante que, a la hora de revisar, se consideran estas denuncias que se hicieron, sino eventualmente vamos a tener una sentencia otra vez ante la Corte Interamericana”, agregó.
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El pasado 19 de mayo, el presidente Chaves anunció que su administración revisará la norma técnica y que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, abriría una mesa de dialogo con diversos sectores, los cuales no fueron dados a conocer.
La Nación solicitó a Casa Presidencial y al Ministerio de Salud conocer los criterios técnicos y jurídicos que respaldan el anuncio de Chaves; sin embargo, no se obtuvo respuesta. Por su parte, Cindy Quesada, ministra de la mujer, se negó a dar declaraciones sobre el tema.
El 19 de mayo, luego de la reunión entre Chaves y los obispos, la ministra de Salud dijo: “No vamos a ser un Gobierno en pro del aborto, pero siempre salvaguardando la vida de la madre”.
En tanto, José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal, afirmó: “Nosotros no hicimos una solicitud en concreto, él recordó su promesa de campaña. Manifestamos anteriormente que la norma técnica no hace falta, solo con el Código Penal, como estaba”.
Acto seguido, la ministro declaró: “Estamos de acuerdo en las palabras que acaba decir monseñor; realmente prevalece la vida de la madre como estaba ya anteriormente”.
En Costa Rica, el artículo 121 del Código Penal establece: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
No obstante, faltaba claridad entre profesionales de la salud sobre cómo y cuándo realizar el procedimiento, lo que generó criterios distintos y casos como el de Aurora, a quien se le negó la interrupción del embarazo aunque su bebé no tenía esperanza de vida.
Por ello, el expresidente Alvarado emitió un protocolo a seguir. La norma establece que, para implementar el procedimiento médico, deberá realizarse un proceso de revisión que incluye el criterio colegiado de ginecoobstetras y especialistas en la enfermedad de fondo que motiva la consulta. Además, se requiere de la firma de un consentimiento informado de la mujer.
Según comentó Arroyo, tras la instauración de la norma técnica, diversos sectores han buscado eliminarla para crear de nuevo la barrera que existía antes de su promulgación, por lo que no pueden darse revisiones “a criterio moral”.
“Desde el principio de progresividad y no regresión, lo que se quiere es una mayor garantía para los derechos humanos, para todas las personas. Una vez que avanzamos, no podemos retroceder; si dijimos que tres días, por decir, ¿por qué vendrían decir que ahora son 10?, particularmente cuando el embarazo es algo que no se detiene, mientras más se avance es más traumático”, agregó.
Patricia Mora, exministra de la Condición de la Mujer, compartió en sus redes sociales una publicación rechazando la decisión del gobierno de Chaves y criticando las declaraciones de la ministra de Salud sobre negociar la norma en una mesa de diálogo.
“La Ministra anuncia una ‘revisión’ que debe de alertar a las mujeres de este país. Desde ya debe de tener ella muy claro que con nuestros derechos no se juega y que estaremos defendiendo este y todos los logros conseguidos”, manifestó Mora.
