La Asociación Ciudadana Acceder confirmó la tarde de este viernes que retomó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el litigio para lograr una norma técnica en Costa Rica sobre el aborto terapéutico.
El trámite formal se interpuso luego de que fracasara un proceso de dos años, que arrancó en octubre del 2015, para la redacción de una especie de reglamento que regulara aspectos básicos como la identificación de situaciones de riesgo, y la forma de proceder en cuanto a plazos e instancias que, hasta ahora, no están claros en la práctica.
La norma, en la que trabajaron funcionarios del Ministerio de Salud y de la Cancillería, iba a imprimir claridad y seguridad jurídica al personal responsable de salud a cargo de tales procedimientos.
Su elaboración formaba parte de un proceso internacional amistoso de defensa de derechos humanos, que tiene origen en dos denuncias contra el Estado costarricense ante la CIDH.
Sin embargo, Larissa Arroyo, de la Asociación Ciudadana Acceder, explicó que, luego de dos años de negociaciones con la administración de Luis Guillermo Solís, esta les notificó que por “decisión política” declinó aprobar la norma técnica sobre aborto terapéutico que venía en proceso.
Esto, señaló, obligó a la organización a retomar el caso en la CIDH.
Arroyo acusó directamente al expresidente Solís por interrumpir el proceso y por incumplir la promesa hecha a las dos mujeres que presentaron las demandas contra el Estado costarricense; Ana (hace más de 10 años) y Aurora (hace 5 años).
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“Es muy simple. En el 2015 el Estado se acercó a las víctimas y, públicamente, admitió su error y hasta dijo que urgía la norma técnica. Reconocido eso, dijeron que deseaban irse a un proceso de acuerdo amistoso hasta aplicar la norma.
"Reconocieron la gravedad de los hechos cometidos contra Ana y Aurora pero, al final, no dicen que no había ambiente político para aprobar el asunto. Básicamente, que no querían perder las elecciones”, reclamó Arroyo la tarde de este viernes.
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La abogada y activista afirmó que en abril anterior Ana y Aurora le solicitaron a la Asociación informar a la CIDH del incumplimiento de promesas y el fin del proceso de acuerdo amistoso y, además, su intención de retomar el reclamo.
“Lo que se aproxima es seguir el proceso ante la Comisión que eventualmente emitirá recomendaciones al Estado. Si, de todos modos incumple, el proceso podría escalar ante la Corte y terminar en algún momento con un fallo semejante al de fertilización in vitro”, aseguró Arroyo.
Al respecto, la Defensoría considera que sólo esta regulación (la norma técnica) "permitirá garantizar a las mujeres que lo requieran estándares necesarios para recibir atención médica oportuna y de calidad, incluyendo la información requerida para expresar su consentimiento, y otorgará seguridad al personal médico y de enfermería, así como la información necesaria para que la intervención se realice en forma segura y eficiente.
“En tal virtud, Costa Rica debe continuar con la construcción de la norma técnica que posibilite la aplicación del artículo 121 penal”, agrega la entidad en un comunicdo.
En el país está permitido interrumpir el embarazo solo cuando la salud o la vida de la madre corre peligro. Esta posibilidad está en el artículo 121 del Código Penal. Sin embargo, los médicos particulares y los de la Caja Costarricense de Seguro Social se abstienen de estos procedimientos por falta de claridad y por inseguridad jurídica.
“Aurora”, por ejemplo, perdió a finales del 2012 al niño que esperaba y quien no tenía posibilidades de vivir. El niño presentaba un síndrome conocido como abdomen pared, el cual le provocó múltiples malformaciones y la exposición de órganos como el corazón y los intestinos.
Durante los ocho meses de gestación, el feto presentó una escoliosis grave (desviación de la columna vertebral), quistes, costillas cortas y sus piernas nunca se desarrollaron. Durante la mayoría de dicho embarazo, Aurora sufrió taquicardia, dolores físicos y trastornos emocionales justo por la condición en la cual se desarrolló el feto.
La Caja Costarricense del Seguro Social le negó el procedimiento de interrupción terapéutica del embarazo, pues alegó que la vida de la madre no corría peligro.
No obstante, toda la gestación de ese bebé resultó una fuente de constante sufrimiento que describió como una tortura al punto que, incluso, acudió a la Sala Constitucional buscando una operación que el Estado sigue negando a otras mujeres con situaciones semejantes.
