La Asociación Ciudadana Acceder denunció que, tras dos años de negociaciones, el Gobierno de la República les notificó que por “decisión política” no aprobará ni implementará la norma técnica sobre aborto terapéutico que se venía elaborando.
La norma se trata de una especie de reglamento corto que regularía aspectos básicos, como la identificación de situaciones de riesgo y la forma de proceder en cuanto a plazos e instancias que, hasta ahora, no están claros en la práctica.
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Esto daría una mayor seguridad jurídica al personal de salud responsable de hacer tales procedimientos.
Su elaboración inició en octubre del 2015 como parte de un proceso internacional amistoso de defensa de derechos humanos, que tiene origen en dos denuncias contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Arroyo responsabilizó directamente al presidente Solís por dar marcha atrás en el proceso y lo acusó de incumplir una promesa hecha a las dos mujeres que presentaron las demandas contra el Estado costarricense; Ana (hace más de 10 años) y Aurora (hace 5 años).
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"Esta es una decisión que viene claramente de la cabeza del gobierno, que sería Luis Guillermo Solís, quien incluso personalmente se comprometió con Ana y Aurora, a que iban a aprobar la norma, lamentablemente las palabras no fueron cumplidas y ellas en este momento se sienten engañadas y estafadas", manifestó.
La Nación pidió una reacción sobre esta denuncia a las oficinas de prensa de Casa Presidencial y Cancillería; sin embargo, al momento de publicar esta nota, no se había recibido respuesta.
Legislación insuficiente
En el país está permitido interrumpir el embarazo solo cuando la salud o la vida de la madre corre peligro. Esta posibilidad está en el artículo 121 del Código Penal.
Sin embargo, los médicos particulares y los de la Caja no se animan a hacer estos procedimientos por falta de claridad y por inseguridad jurídica.
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Hasta ahora, se han acogido a la cláusula de objeción de conciencia, del artículo 14 de su Código de Ética.
Según explicó Arroyo, continuarán en la lucha litigiosa ante la CIDH, no obstante, guardan esperanza que el gobierno entrante de Carlos Alvarado, logre concretar la norma técnica.
"Si no hubiera una voluntad política de Carlos Alvarado tendríamos que llegar a las consecuencias a las que llegamos con los casos de fertilización in vitro, es decir, con una sentencia que obliga a Costa Rica a cumplir con sus deberes nacionales e internacionales, para reconocer y garantizar los derechos de las mujeres a interrumpir sus embarazos cuando esté en riesgo su vida o su salud", dijo.
"Nosotros estamos en total disposición de seguir en un acuerdo amistoso, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos, dentro de los cuales sería la aprobación de esta norma porque no hay otra forma de prevenir que hayan mujeres se les deniegue una interrupción (del embarazo) a la cual tienen derecho", añadió.
