La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) informó de que tiene 13 investigaciones pendientes contra personas relacionadas con el caso del cemento chino.
Así lo reveló en un documento enviado a la comisión legislativa que investiga por qué los diputados no pudieron apelar el informe de la PEP que exoneró de responsabilidad al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís.
Los investigados son un diputado, exdiputados, exjerarcas públicos, exdirectivos y actuales directivos de los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR).
Los indagados son Fernando Rodríguez Garro, exministro de Ingresos de Hacienda; Benito Coghi Morales, exdirector general de Aduanas, y Welmer Ramos González, exministro de Economía y actual diputado por el Partido Acción Ciudadana (PAC).
También, están bajo la lupa los exdiputados Wálter Céspedes Salazar, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Rolando González Ulloa, del Partido Liberación nacional (PLN); y Víctor Morales Zapata, legislador independiente en aquel momento.
En el BCR, aparecen el exgerente general del BCR, Mario Barrenechea Coto, así como la directiva suspendida, Paola Mora, Tumminelli, y los exdirectivos Gustavo Arias Navarro y Ronald Solís Bolaños.
Finalmente, en el BN, la Procuraduría de la Ética investiga al actual gerente general, Juan Carlos Corrales Salas; al directivo Víctor Hugo Carranza Salazar y al exdirectivo Olman Briceño Fallas.
En un inicio, la PEP abrió 16 investigaciones en total. Sin embargo, tres de estas fueron resueltas.
Uno de esos expedientes incluía a Paola MoraTumminelli y Alberto Raven, también exdirectivo del BCR; otro a Pablo Villegas Fonseca, secretario de actas de la Junta Directiva del mismo banco; y al exmandatario Luis Guillermo Solís.
Dichos procesos fueron tramitados con los expedientes DEP-024-2018, DEP-025-2018 y DEP-040-2018, respectivamente.
Consulta legislativa
En diciembre del 2017, la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso emitió un informe de 294 páginas sobre el caso del cemento chino. En este, se recomendó sancionar a 29 funcionarios públicos de los tres poderes de la República y de dos bancos estatales.
Una de las opiniones de esa comisión fue que el expresidente Solís había faltado al deber de probidad cuando Casa Presidencial pidió al BCR nombrar a Mario Barrenechea como gerente general. Ese argumento fue negado por el exmandatario.
Ante esto, los diputados enviaron el asunto a la Procuraduría General de la Ética (PEP), la cual elaboró otro informe en el que juzgaba la actuación de Solís.
La PEP respondió con un informe que exoneró de responsabilidades al exmandatario, el cual fue recibido por el Directorio legislativo el 30 de abril, un día antes de que asumieran el cargo los nuevos legisladores.
Sin embargo, los diputados actuales alegan que conocieron el documento cuando ya había vencido el plazo para apelar. Por lo tanto, el caso es investigado por una comisión en el Congreso.
El nuevo Directorio, presidido por la diputada del PAC, Carolina Hidalgo, también niega haber recibido el documento a tiempo.
Dado lo anterior, dicha comisión investigadora de la Asamblea Legislativa planteó a la PEP una serie de interrogantes, las cuales son respondidas en el documento donde se enlistan las 13 pesquisas que hoy están en curso.
“Es necesario que esta Procuraduría aclare cuántas investigaciones se encuentran en curso, a raíz de dicha denuncia (de los atrasos en la difusión y el vencimiento del plazo del informe sobre Solís) y si existen otras investigaciones no iniciadas aún, pero que se encuentren en consideración de la PEP a raíz de la referida denuncia”, consultó la comisión.
La PEP respondió que se tramitan las 13 expedientes y que, por el momento, “no está pendiente la apertura de otras investigaciones”.
El escándalo del cemento chino tiene su origen en el otorgamiento, por parte del BCR, de dos dudosas líneas de crédito a la compañía Sinocem Costa Rica, propiedad del empresario Juan Carlos Bolaños.
Dichos recursos, por un tope de endeudamiento hasta de $30 millones, serían para la importación de cemento chino.
La Asamblea también investigó un préstamo por $32,7 millones –nuevamente del BCR– a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca). Este último sería para que dicha cooperativa le comprara la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a la cementera Holcim.
Actualmente, cuatro personas cumplen medidas cautelares por el caso del cemento chino. El empresario Juan Carlos Bolaños se encuentra en prisión preventiva.
Por su parte, Mario Barrenechea, exgerente del BCR; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgos, y Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista (todos del mismo banco), descuentan penas por arresto domiciliario.
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