Gonzalo Ramírez, expresidente de la Asamblea Legislativa, calificó de “inoportuna” a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) por el momento en que entregó a la Asamblea Legislativa el informe que exoneró de responsabilidades al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, en el caso del cemento chino.
Dicho informe fue recibido por el Directorio legislativo el 30 de abril, un día antes de que asumieran los nuevos diputados. El caso está bajo investigación porque los legisladores actuales conocieron el documento cuando ya había vencido el plazo para apelar.
Por su parte, el nuevo Directorio, presidido por Carolina Hidalgo, del PAC, niega haber recibido el informe a tiempo.
El exdiputado Gonzalo Ramírez, quien compareció este lunes ante una comisión investigadora del Congreso, aseguró que la Procuraduría de la Ética no era desconocedora de la transición legislativa y, por lo tanto, no era oportuno enviar el informe a la Asamblea en ese momento.
Afirmó que la PEP no fue diligente: “Ese era el documento más importante que estábamos esperando y nos lo envían un viernes cuando los diputados no están”.
Ante una comisión especial, Ramírez alegó que, días antes de retirarse del Congreso, pidió a la administración no recibir más correspondencia. Sin embargo, el informe fue conocido el 30 de abril.
El sobre con el informe se conoció a las 3 p. m. en la oficina de la presidencia del Congreso. La persona encargada por parte de la administración de la Asamblea Legislativa era Enid Padilla, quien era la responsable de distribuir el documento a los diputados.
La Procuraduría de la Ética envió el informe el viernes 27 de abril, día en que los diputados no están en la Asamblea Legislativa, por lo que fue recibido el lunes 30 de abril.
Ese mismo día, el documento lo conoció el Directorio, también integrado por el liberacionista Michael Arce y la independiente Carmen Quesada.
Al conocerse por la tarde y ante la salida de los diputados ese mismo día, ese órgano colegiado acordó entregar el documento a los nuevos diputados, según las explicaciones de Ramírez.
“No tuve ningún interés de proteger al presidente (a Solís)”, dijo el exdiputado.
Ramírez dijo a los diputados que, desde el 16 de abril, ordenó a la administración del Congreso enviar una copia a todos los legisladores de todos los informes de la Procuraduría de la Ética Pública, previo acuerdo del Directorio Legislativo.
La investigación sobre la actuación de Ramírez en la presidencia del Congreso fue aprobada por 49 diputados el pasado 25 de junio.
