EscucharUn total de 22 partidos políticos han emitido bonos de deuda política por un monto que, en su conjunto, supera por mucho el dinero que el Estado dispuso para financiar la campaña electoral. Esto quiere decir que un importante porcentaje de esos certificados carecerán de valor y los proveedores e inversionistas que los acepten, como medio de pago, corren un alto riesgo de quedarse sin reembolso.
“Un altísimo porcentaje de estos certificados de cesión no llegarán a tener ningún valor y serán simplemente papeles”, afirmó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Para los comicios venideros, la contribución estatal asciende a ¢19.780 millones, pero las agrupaciones han impreso certificados por ¢46.680 millones, o sea, un 136% más que el monto disponible.
En el mejor de los casos, la contribución estatal alcanzaría para darle contenido económico al 42% de esos títulos, mientras que el resto valdría ¢0. Así, bonos por un total de ¢26.900 millones carecerán de valor una vez pasada la campaña.
“El TSE ha hecho un llamado al uso responsable de este instrumento financiero y creo que vale la pena informarles a aquellas personas que pretendan invertir en certificados de cesión sobre el riesgo incrementado que eso conlleva, dado el contexto de esta campaña electoral y la gran cantidad de bonos que se han emitido “, advirtió el jefe de departamento del TSE.
Chacón confirmó que, en elecciones previas, los grupos competidores habían llegado a emitir certificados de cesión que superaban hasta en un 80% la contribución estatal disponible y, que en esta ocasión, por primera vez se sobrepasa el 100%.
Los certificados tramitados ante el Tribunal hasta el 6 de diciembre corresponden en más de un 99% a 19 partidos de escala nacional y menos de un 1% lo solicitaron tres agrupaciones provinciales: Actuemos Ya, de Cartago; Unión Guanacasteca, de Guanacaste; y Vamos, de San José, por un total de ¢152,25 millones.
Para estos comicios, las mayores sumas en bonos las gestionaron los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), de la candidata Lineth Saborío, con ¢8.350 millones; y Unidos Podemos, de la aspirante Natalia Díaz, con ¢4.500 millones.
En el rango de ¢3.000 millones a ¢3.600 millones, están Costa Rica Justa, de Rolando Araya; Liberación Nacional, de José María Figueres; Nuestro Pueblo, de Rodolfo Piza; Nueva Generación, de Sergio Mena; y Nueva República, de Fabricio Alvarado.
En tanto, el partido Acción Ciudadana, de Welmer Ramos, emitió bonos por ¢2.300 millones.
Cinco de esas agrupaciones usaron esos certificados como respaldo para obtener créditos con bancos e incluso, algunos pusieron a responder bonos por un monto muy superior al dinero prestado.
Por ejemplo, Liberación cedió certificados por ¢3.400 millones para obtener ¢2.650 millones. El PUSC ¢3.350 millones para recibir ¢1.050 millones y Nueva República ¢3.000 millones para adquirir ¢2.077 millones.
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‘Perverso’ mecanismo de financiamiento
El TSE califica a los certificados de cesión, o bonos de deuda política, como un mecanismo de financiamiento “perverso”. Estos instrumentos permiten que los partidos políticos cedan fracciones del dinero que esperan recibir por su participación en las elecciones. Los títulos los pueden usar como medio de pago a personas físicas, o bien, como garantía ante entidades financieras.
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Por ejemplo, una agrupación puede contratar a una costurera para que elabore banderas y pagarle con un certificado de cesión con un valor nominal de ¢5 millones. Esta persona después puede ir a la Tesorería Nacional y cambiar el documento por su valor en efectivo.
El problema es que la contribución estatal se reparte pasados los comicios y de forma proporcional, entre aquellas agrupaciones que consigan al menos un 4% de los votos válidamente emitidos o que logren llevar un diputado a la Asamblea Legislativa. Es decir, los partidos no tienen forma de saber por adelantado cuánto dinero les tocará.
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Entonces, si el partido obtuvo la cantidad de sufragios que había calculado, la costurera obtendrá el dinero del bono, pero si la fuerza electoral recibió menos votos de los esperados, la proveedora podría recibir un monto menor, o incluso, nada.
Los bonos se emiten por series, en orden alfabético, el cual define la prioridad de pago, según la cantidad de dinero que obtenga cada partido. Las agrupaciones que consiguen créditos bancarios para financiar sus campañas suelen poner como garantía los bonos serie A, que tienen mayor probabilidad de cobrarse, y colocan las demás emisiones entre inversionistas y proveedores.
La ley no establece ningún límite al monto máximo que pueden emitir en bonos los partidos políticos.
En las elecciones del 2022 participarán 25 partidos políticos nacionales, y otros tantos de escala provincial. La cantidad de votos que reciba cada uno tras los comicios del domingo 6 de febrero determinará cómo se repartirán los ¢19.780 millones de la contribución estatal.
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Solo los partidos que obtengan, al menos, el 4% de los votos válidamente emitidos o que logren llevar un diputado al Congreso podrán recibir una tajada de la deuda política. Imagen con fines ilustrativos. (Mayela López)
