Solo dos bancos privados financian campañas electorales de cara a los comicios del 6 de febrero. Se trata del BCT y Promerica que ya suscribieron contratos de préstamo con cinco partidos políticos, a los cuales, en total, les prestaron ¢7.277 millones.
Accedieron a recursos bancarios los equipos de José María Figueres (PLN), Lineth Saborío (PUSC), José María Villalta (FA), Fabricio Alvarado (PRN) y Rolando Araya (PCRJ).
El BCT facilitó un total de ¢4.200 millones distribuidos de la siguiente manera: ¢2.650 millones para el Partido Liberación Nacional (PLN), ¢1.050 millones para el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y ¢500 millones para el Frente Amplio (FA).
Promerica, por su parte, les prestó ¢2.077 millones a Nueva República (PNR) y ¢1.000 millones a Costa Rica Justa (PCRJ), según información suministrada por el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Esas agrupaciones políticas obtuvieron esos financiamientos mediante la figura de fideicomiso. La firma Consultores Financieros S. A. (Cofin) funge como fiduciario, es decir, como administrador de los fondos que proveen ya sea el BCT o Promerica, en su calidad de fideicomisario.
Como respaldo para obtener esos créditos, las agrupaciones pusieron a responder bonos de deuda política, que son una especie de vale, a los cuales se les asigna un valor: ¢10 millones o ¢100 millones, por ejemplo, y, que obtienen valor cuando el TSE distribuye la contribución estatal entre los partidos, que para este proceso electoral asciende a ¢19.800 millones.
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El valor de esos certificados de cesión dependerá de la cantidad de votos que el partido obtenga en las urnas el 6 de febrero. Entre mayor el número, mayor la tajada de la deuda política que le corresponderá. Bajo esa lógica, así como pueden terminar valiendo el 100% del monto que tienen anotado, podrían costar el 0%.
El PLN puso a responder bonos por ¢3.400 millones para obtener ¢2.650 millones. El PUSC ¢3.350 millones para recibir ¢1.050 millones. Nueva República ¢3.000 millones para adquirir ¢2.077 millones. El Frente Amplio ¢900 millones para conseguir ¢500 millones. Y Costa Rica Justo ¢1.000 millones para percibir ¢1.000 millones.
Obstáculos
El resto de los partidos que participan en la contienda —20 para la presidencial— no han solicitado el aval del TSE para algún tipo de crédito con entidades del sistema financiero. Así lo informó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, ante una consulta de este diario.
Sin esa posibilidad de financiamiento, las agrupaciones solo podrían costear su campaña mediante donaciones y préstamos de personas físicas costarricenses, o bien, a través de la colocación de bonos de deuda política.
Los certificados de cesión, además de ser una garantía para obtener créditos, se pueden usar como medio de pago a cambio de bienes o servicios, por ejemplo, para pagar pauta en televisión, radio o prensa escrita.
El Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual ganó las últimas dos elecciones, ha tenido problemas para obtener un préstamo en el sistema financiero. La candidata a la primera vicepresidenta, Emilia Molina Cruz, afirmó que los bancos rehúsan por las leyes impulsadas por el candidato presidencial Welmer Ramos, en su calidad de diputado.
En particular, según Molina, cuestionan la legislación que le pone límite a las tasas de interés de los créditos, conocida popularmente como ley sobre la usura.
“Esto puso a la banca privada en contra de Welmer Ramos y del partido. El BCT, que está financiando prácticamente todas las campañas, no va a sufragar la campaña del PAC y así nos lo hicieron saber”, detalló la también exlegisladora en una entrevista con La Nación, el 24 de noviembre.
Reformas necesarias
De acuerdo con Ronald Chacón, del TSE, el hecho de que solo cinco partidos hayan accedido a financiamiento de la banca nacional es de preocupación, así como que solo dos bancos sean los prestamistas. Según su criterio, lituación demuestra que es necesario reformar la legislación.
“Esta es una clara muestra de la dificultad que tiene la gran mayoría de partidos políticos para acceder a recursos. En el momento en que más lo requieren estamos ingresando al pico superior de la contienda electoral en la que se van a requerir necesariamente más recursos de las organizaciones partidarias”.
“(...) La posición del Tribunal, y lo deseable en toda democracia, es ubicarse en un escenario en el que haya muchos donantes dando poco y no pocos dando mucho. Pero, de igual manera, claramente, lo deseable es la mayor presencia posible de financistas en la contienda electoral.
“(...) Se está dando una situación que invita, una vez más, a repensar, como ya lo han planteado las diferentes misiones de observación electoral de la OEA (Organización de Estados Americanos) en nuestro país, la importancia de que el diseño normativo varíe y se dé la posibilidad de espacios en radio y televisión de manera gratuita, o bien, que haya un porcentaje de la contribución estatal que administre el TSE, por ejemplo. Esas reformas darían una visibilización más equitativa a las diferentes agrupaciones políticas, a efectos de que el electorado pueda conocer sus propuestas”, expresó Ronald Chacón.