Elecciones 2022: Así se repartirán los ¢19.800 millones de la deuda política
El Estado tiene reservados ¢19.800 millones para ayudarle a los partidos políticos a financiar sus gastos de campaña. Hay 25 partidos inscritos en la contienda por la Presidencia y otros varios por la de diputados, y los recursos no los recibirán todos por igual
Este 6 de febrero, 25 partidos políticos competirán por ganar la presidencia de la República y un porcentaje de los ¢19.800 millones de deuda política que el Estado tiene reservados para estos comicios.
Durante la campaña electoral, los partidos políticos y sus proveedores realizan negocios que mueven miles de millones de colones en contrataciones. Para los comicios del 2022, el Estado tiene reservados ¢19.800 millones con el fin de ayudarles a financiar dichos gastos. Hay 25 partidos inscritos en la contienda por la Presidencia y otros varios por la de diputados, y los recursos no los recibirán todos por igual.
Pero, antes de pensar en recibir ese dinero, las agrupaciones deben encontrar la forma de financiar sus campañas, porque la contribución estatal se repartirá unos ocho o 12 meses después del 6 de febrero. ¿De dónde sacan entonces el dinero para hacer propaganda en esta época?
Los partidos deben recolectar fondos de préstamos, donaciones y colocación de bonos para sufragar sus gastos y, pasados los comicios, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) verificará cuáles cumplen los requisitos para obtener el reembolso de los gastos, y definir cuánto dinero le toca a cada uno.
En la quinta entrega del especial #NoComaCuento en Elecciones, Ronald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE explica cómo se financian los partidos políticos, cómo se vigila que sus recursos provengan de fuentes legales, y cómo se definirá cuánto dinero recibirá cada partido político al cabo de las próximas elecciones.
Hay ¢19.800 millones de deuda política para el 2022
Dos requisitos para acceder a deuda
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La deuda política se distribuye después de realizadas las elecciones, proporcionalmente, según el volumen de votos que consigan las agrupaciones participantes. Sin embargo, no todos los partidos tienen derecho a cobrar este dinero: los fondos disponibles se reparten entre aquellos que consigan al menos un 4% de los votos válidamente emitidos, o bien, que logren la elección de al menos un diputado.
En estos cálculos solo se toma en cuenta la votación de la primera ronda. Los sufragios que se emitan en una segunda ronda no inciden en la cantidad de dinero que le corresponde a un partido.
Aproximadamente cuatro meses después de la fecha de los comicios, las agrupaciones deben presentar los comprobantes de todos los gastos que realizaron, los cuales se someten a revisión del TSE. Al concluir la revisión, el Tribunal autoriza que se le reintegre a cada partido el monto de deuda política que le corresponda, según su fuerza electoral y los gastos que logre acreditar.
Por ejemplo, el 6 de febrero del 2022 una agrupación podría obtener votos suficientes para reclamar el reembolso de gastos por hasta ¢800 millones, incluso, si el monto que gastó en propaganda fue mayor. Pero, si omite presentar las facturas de algunas de esas erogaciones, la suma se reducirá. El TSE también puede decidir no reembolsar el dinero de los gastos que considere inválidos o sospechosos. Los partidos reciben la suma que se les apruebe ocho o diez meses después de los comicios.
Certificados de cesión, un riesgoso instrumento de pago
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Los partidos acuden a varios mecanismos para pagar sus gastos durante la campaña. Algunos optan por pedir préstamos a entidades financieras, pero la ley también les permite emitir certificados de cesión, conocidos popularmente como bonos de deuda política.
Bonos de deuda política, el 'perverso' método de financiamiento de los partidos
Estos títulos son una especie de vale, a los cuales se les asigna un valor: ¢5 millones, ¢10 millones o ¢100 millones, por ejemplo. Los certificados obtienen valor cuando el TSE distribuye la deuda política entre los partidos. Una vez liquidada la campaña, los tenedores de los bonos pueden ir a la Tesorería Nacional y cambiar el certificado por su valor en efectivo.
Las agrupaciones pueden usar estos instrumentos financieros como medio de pago para personas físicas, a cambio de bienes o servicios; como garantía de préstamos ante entidades financieras o para pagar anuncios en medios de comunicación.
Sin embargo, el TSE considera este medio de pago “perverso” y altamente riesgoso, ya que quienes los aceptan no tienen forma de saber si, llegada la hora de cobrar, recibirán el 100% del valor del certificado o un monto menor. En la realidad, los certificados pueden terminar valiendo 100% del monto que tienen anotado, o 0%. Todo depende de cómo le vaya al partido en las elecciones y cuánta deuda política le toque.
Entonces, una costurera puede brindarle a un partido el servicio de confección de banderas, con un valor de ¢2 millones, y recibir como medio de pago un certificado de cesión de ¢2 millones. Pero, si la agrupación obtiene una baja votación el día de los comicios, puede que por su título, al final, reciba un monto mucho menor del que facturó, sin que tenga ninguna posibilidad de reclamar la diferencia.
Donaciones de más de ¢920.000
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Durante la época de campaña electoral, los partidos deben presentar, todos los meses, un informe que detalle todos los ingresos que obtuvieron y todos los gastos que realizaron. En estos balances deben incluirse las donaciones que reciban, con el detalle de quién dio el dinero, el monto y si fue en efectivo o mediante un depósito bancario.
Partidos políticos deben reportar donaciones de más de ¢920.000
La ley permite que los partidos reciban donaciones, sin límite de monto, de parte de personas físicas costarricenses. Los aportes también pueden ser en especie, en ese caso, deben reportarse aquellos que superen los ¢920.000.
Está prohibido que realicen donaciones las personas jurídicas (como las empresas) y los extranjeros. En sus revisiones de las financias partidarias, el TSE supervisa que las agrupaciones no acepten dinero de fuentes ilícitas. Aunque el flujo en efectivo, según Chacón, limita esa supervisión.
