Política

País supervisaría a operadores de bitcoines para prevenir lavado de dinero

Costa Rica prepara un proyecto de ley para supervisar a los operadores de criptomonedas, como el bitcóin, con el propósito de prevenir que las transacciones de activos digitales sean usadas para lavar capitales, encubrir dinero del crimen organizado o evadir impuestos.

El temor de las autoridades, tanto nacionales como internacionales, es que las criptomonedas faciliten la comisión de actos ilícitos gracias a que permiten el intercambios de activos de forma totalmente anónima, a través de plataformas digitales y sin intermediarios regulados.

En las transacciones bancarias, en cambio, quedan registros de los movimientos de dinero entre las cuentas de sus titulares, los cuales podrían ser requeridos por las autoridades para detectar o sancionar hechos ilícitos.

Asimismo, los bancos están sujetos al control del Estado mediante la aplicación de normas para prevenir el lavado de activos o movimientos de dinero proveniente del narcotráfico, por ejemplo; no así las operadoras de criptomonedas.

Esta es la razón por la cual el Gobierno prepara una regulación sobre la temática. Así lo confirmaron Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), y Sergio Rodríguez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

“La opacidad de las operaciones en los activos virtuales puede generar un nicho para que las organizaciones criminales busquen medios de pago y de transferencia de ganancias ilícitas fuera de la vista de las instituciones financieras y ofrecer ese mecanismo para no tener que brindar información ni justificación de su origen.

“Ya se han tenido secuestros y otros delitos informáticos, donde los delincuentes encriptan archivos en una computadora de un particular y no les permiten abrirlos a no ser que paguen una suma por medio de un activo virtual, por ejemplo en bitcoines. Esto ha sido utilizado para esconder esas ganancias ilícitas”, afirmó el director del ICD.

“Los elementos de la regulación tienen que ver con el registro de todos los operadores, en un ente central de supervisión, y que tengan que cumplir con las regulaciones básicas de prevención establecidos en la Ley 8204 (contra la legitimación de capitales), ya que entrarían como una categoría de entidad supervisada.

“Recordemos que el principal enemigo de la lucha contra el lavado de dinero es la transparencia. Lo que se está buscando no es regular la actividad de los activos virtuales, sino que los operadores de Costa Rica cumplan con medidas de prevención y eviten estar expuestos a riesgos o que sean utilizados para la comisión de delitos a través de la movilización de flujos financieros ilícitos”, continuó Sergio Rodríguez.

El Instituto sobre Drogas detalló que la legislación deberá implementarse lo más pronto posible, debido a que Costa Rica será evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el 2024. “En esta evaluación se deberá contar no solo con la regulación, sino que se deberá demostrar la aplicación práctica de la ley”, acotó.

Los países que no cumplan con los parámetros internacionales requeridos, para la prevención del lavado de capitales en esta u otras actividades, podrían entrar a la lista gris de naciones no cooperantes con la materia.

El jerarca del ICD agregó que, de no emitir legislación al respecto, podrían proliferar estructuras criminales con financiamiento internacional oculto al amparo de las criptomonedas, además de otros mecanismos para cometer delitos.

Uso permitido, pero monitoreo constante

Por otra parte, Rodrigo Cubero aseguró que el uso del bitcóin, ethereum u otras criptomonedas es permitido en el país ante la ausencia de una legislación que prohíba esos activos digitales.

Así, las personas y los comercios pueden aceptar esta moneda como método de pago voluntariamente. También, es permitido hacer transacciones internacionales, con la característica de que los criptoactivos eliminan los costos bancarios de los movimientos transfronterizos, en algunos casos.

No obstante, el jerarca afirmó que el Banco Central está en monitoreo constante de los peligros que representan las criptomonedas, no solo por su alta volatilidad con respecto al dólar o al colón, sino también por su posible uso para actividades criminales.

“Un tema central es el de aumentar la trazabilidad de las transacciones con criptoactivos para ayudar a combatir su utilización para fines ilícitos. Hasta ahora, la gran mayoría de los países ha tolerado el surgimiento de los criptoactivos, en virtud de su uso relativamente limitado. Su aceptación como medio de pago queda sujeta a un acuerdo entre las partes; es decir, ninguna persona está obligada a darlos o a recibirlos como pago, a menos que se haya comprometido a ello contractualmente.

“Las autoridades también han advertido sobre los riesgos de los criptoactivos para los usuarios, pues no cuentan con el respaldo de los bancos centrales ni están cubiertos por mecanismos de garantía, y también de los riesgos potenciales para la estabilidad del sistema financiero y para la integridad de las transacciones”, afirmó Rodrigo Cubero.

Reglas de la GAFI

La GAFI emitió unos parámetros antilavado que deben implementar los países en relación con las transacciones de criptoactivos. Entre ellos sobresale la supervisión estatal de las operadoras de criptomonedas como si fueran cualquier otra entidad financiera.

Esa es una de las medidas que Costa Rica pretende implementar con el proyecto de ley anunciado por las autoridades.

Asimismo, la GAFI señala la necesidad de que los Estados entreguen licencias a las empresas o personas físicas que ofrezcan servicios de transferencia de dinero relacionados con esa actividad, así como a aquellas organizaciones dedicadas al cambio de monedas digitales con respecto al valor de las monedas legales, como el dólar y el colón.

El organismo internacional también sugirió a los países implementar regulación para que las transacciones internacionales de criptomonedas, equivalente a $1.000 o más incluyan información del depositante y el beneficiario.

Esas son algunas reglas que Estados Unidos implementa desde años atrás. Además, actualmente el Congreso norteamericano discute un impuesto a las grandes inversiones en criptoactivos, así como otro plan de la administración de Joe Biden para impulsar el empleo y la inversión en infraestructura, el cual contempla un impuesto a esas transacciones digitales.

Entretanto, China decidió declarar ilegal cualquier transacción con monedas digitales. El 24 de setiembre pasado, el Banco Central del país asiático señaló que “el comercio y la especulación de monedas virtuales ha alterado el orden económico y financiero, aumentando el lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos, los esquemas piramidales y otras actividades criminales”.

Los parámetros de la GAFI establecen que cada país es libre de decidir si regula las criptomonedas o si las prohíbe. En esos casos, como el de China, la organización internacional señala que se debe valorar “si el prohibir las actividades de pago de monedas virtuales podría conducirlos (a sus usuarios) a pasar a la clandestinidad, donde seguirán operando sin controles o supervisión”.

Un caso completamente atípico es el de El Salvador. Este país declaró el bitcóin como moneda de curso legal. Incluso, el fisco salvadoreño acepta el pago de impuestos con esa volátil moneda.

El Instituto Johns Hopkins señala que “la Ley del Bitcóin de El Salvador está destinada a quedar atrapada en la red de regulaciones de la GAFI”. Un estudio de esta entidad advierte de las altas posibilidades de que el país afronte enfrente sanciones por no cooperar de forma adecuada con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Dicho informe, encabezado por el economista Steve Hanke, señala que la nación centroamericana tendrá problemas con el manejo de la información sobre transacciones y el origen de los fondos, omisiones que usualmente son sancionables por la GAFI.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.