Rodrigo Cubero explica por qué Costa Rica no adopta el bitcoin como moneda legal

Uno de los principales argumentos es que las criptomonedas tienen una “elevadísima volatilidad”, lo cual representa un fuerte inconveniente para efectuar transacciones de bienes y servicios, o bien, para ahorrar e invertir.

El uso del bitcoin u otras criptomonedas, detalló el economista y abogado, es permitido en el país ante la ausencia de una legislación que prohíba estos activos digitales. Así, las personas y los comercios pueden aceptar esta moneda como método de pago voluntariamente.

Sin embargo, advirtió el presidente del BCCR, quienes acepten el bitcoin como pago no podrían recurrir a tribunales a reclamar una eventual pérdida de capital si el valor de la moneda cae después de la transacción.

“De cifras cercanas a $0, el valor de esta criptomoneda ha llegado a subir más allá de los $60.000 para luego, en pocos días, caer a niveles cercanos a los $30.000. Es decir, en pocos días, el bitcoin perdió cerca de un 50% de su valor. De hecho, la volatilidad que muestran estas criptomonedas es muy superior a la volatilidad de los tipos de cambio de las monedas soberanas, incluido el colón costarricense.

“Por ejemplo, en el transcurso de los últimos cinco años, la volatilidad del bitcoin en relación con el dólar estadounidense ha sido 34 veces la del colón con respecto al dólar, si se mide la volatilidad usando el coeficiente de variación, y de 31 veces si se le mide usando la variación media”, señaló Cubero en su ensayo.

Un ejemplo es el siguiente: una inmobiliaria vende una casa en un monto determinado de bitcoins, pero días después ve cómo ese valor cae un 50%. Si dependiera de esos recursos, esa empresa tendría problemas para pagar salarios, créditos y otras obligaciones en dólares o en colones. O, con suerte, vería cómo ese monto multiplica su valor.

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Lo mismo sucedería con una persona que tenga una inversión en bitcoins. Dicho valor podría crecer o decrecer de forma volátil, sin tener ningún tipo de control sobre su capital. Bajo esa misma interpretación es que Cubero respalda la decisión del Ministerio de Hacienda de no aceptar el pago de impuestos con criptomonedas.

“Desde mi perspectiva, ello tampoco sería deseable, por una razón financiera y, a la postre, fiscal, y que radica precisamente en la alta volatilidad mostrada por el valor de los criptoactivos, frente a las monedas de curso legal”, afirmó el jerarca del Banco Central.

Cubero argumentó que no es necesario que Costa Rica incursione, de momento, en el lanzamiento de una moneda digital. El objetivo de esos activos, según alegó, es mejorar la inclusión financiera y la provisión de métodos de pago digitales seguros, ágiles y de bajo costo. Esos objetivos, dijo, se cumplen ya con el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).

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“Todo ello significa que el colón costarricense ya circula digitalmente a todo lo largo y ancho de la economía nacional, por medio del Sinpe. Tenemos, de facto, un colón digital”, aseveró.

Lavado de dinero

Copiado!

Además de la alta volatilidad de la moneda y de la gran cantidad de energía que requiere el proceso de minado de esos activos digitales, Cubero también expresó su temor acerca del “hecho de que el anonimato o incompleta trazabilidad de las transacciones los haya convertido (a los activos digitales) en refugio para actividades ilícitas (crimen común u organizado, legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo)”.

Una de las características de los activos digitales es que son emitidos por agentes privados mediante plataformas en las cuales no existe participación de una autoridad central.

En ese sentido, Cubero informó de que el Banco Central de Costa Rica trabaja, junto con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y otras autoridades, en un proyecto de ley para cumplir con combatir el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo en el uso de criptomonedas.

“Un tema central es el de aumentar la trazabilidad de las transacciones con criptoactivos para ayudar a combatir su utilización para fines ilícitos”, dijo el jerarca del ente emisor.