Política

Narco compra conciencias en el Estado, advierte director del OIJ

Wálter Espinoza aseguró que la delincuencia organizada paga por favores desde el nivel más bajo hasta el más alto en los poderes del Estado

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, advirtió este martes de que es muy usual que los narcotraficantes compren conciencias en todos los poderes de la República, para obtener favores. La afirmación la hizo ante la Comisión Investigadora sobre la Penetración del Narcotráfico en la Zona Sur.

Ante consulta de los legisladores que están por cerrar ese órgano legislativo, sin mayores resultados, Espinoza aseguró que la delincuencia organizada paga tanto a policías que laboran en retenes como a funcionarios del más alto nivel, y permean a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Espinoza también informó de que hay estructuras delincuenciales bajo investigación, específicamente en la zona sur, pero alegó que hay importantes carencias en las policías como la que él dirige en esa región, que es muy amplia y es punto importante de entrada y paso del narcotráfico.

El 28 de setiembre, con seis votos a favor y uno en contra, los diputados de esta comisión decidieron cerrar la investigación sobre la penetración del narco en la política y pasar directo a la etapa de redacción de un informe, sin realizar nuevas entrevistas a personas que puedan aportar datos.

En esta comisión legislativa, se investigaban dos casos. El primero era la visita que el diputado Gustavo Viales, del PLN, hizo al condominio donde fue detenido en marzo de este año Darwin González, sospechoso de liderar una presunta banda de la zona sur dedicada al narcotráfico. El legislador asistió allí a recoger unos documentos a solicitud de un regidor del cantón de Corredores, quien figura como investigado en ese expediente judicial.

El segundo caso estaba relacionado con el desmantelamiento, en mayo, de una banda cuyos presuntos miembros visitaban constantemente el Congreso y recibieron apoyo del diputado Óscar Cascante, del PUSC, para hacer gestiones ante numerosas instituciones públicas en favor de sus proyectos.

La semana pasada, el presidente Carlos Alvarado criticó a los diputados por sepultar esta investigación y los instó a revelar aparentes conexiones entre políticas y grupos sospechosos, en vez de hacer un show político.

En su intervención, el director del OIJ citó que la región brunca es una zona conflictiva por muchas razones y explicó que se registran, en los últimos años, 152 homicidios, de los cuales el 55% está relacionados con ajustes de cuentas relacionados en el narcotráfico.

Además, explicó que no hay vigilancia policial en todos los puntos de paso fronterizos y existe un altísimo tránsito de sustancias ilegales y generación de delitos.

“En efecto, tenemos en la zona sur varias investigaciones abiertas, pero les aclaro que, por el artículo 295 (del Código Penal), no podemos conversar sobre ellas. Eso sí, el OIJ tiene un especial interés en el abordaje de actividades criminales de estructuras en la zona sur”, enfatizó Espinoza.

Según el director de la policía judicial, para cubrir una gran cantidad de territorio en los cantones de Pérez Zeledón, Corredores, Golfito, San Vito, Buenos Aires y Osa hay solamente 79 investigadores, que en tiempo efectivo son la mitad, pues hay que garantizar 24 horas de trabajo, los 365 días del año, tomando en cuenta sus periodos de descanso.

“La fuerza que tenemos en el lugar es muy poca y cada uno tiene que cubrir 120 kilómetros cuadrados. La presencia de la Policía Judicial es muy débil y es lo común incluso en otras policías. Esta es una zona de contrabando, tráfico de drogas y de migrantes, lavado de dinero, trata de personas, prostitución y trasiego de armas, pero tiene poco control”, indicó el jerarca judicial.

Para una investigación como la que generó la apertura de la comisión legislativa sobre la penetración del narco en la zona sur, sobre la aparente penetración del crimen organizado en Corredores, el OIJ tuvo la necesidad de destinar “millones de colones en viáticos, gasolina, alquileres, uso de vehículos y traslado de funcionarios josefinos”.

Aparte de referirse a los problemas de la zona sur, Wálter Espinoza también enumeró una serie de reformas legales con las que los diputados podrían colaborar para el trabajo de la Policía Judicial.

Entre esas propuestas, dijo que se requiere incorporar la posibilidad de hacer intervenciones telefónicas en delitos de homicidio (muchas veces relacionados con delincuencia organizada), feminicidios y desapariciones que, también, en ocasiones, se relacionan con narcotráfico.

En el caso de la declaración patrimonial de bienes que se reporta a la Contraloría General de la República, el director del OIJ recomendó que se extienda a todos los puestos en los cuerpos policiales.

Sobre acceso a información, Espinoza comentó que urge autorizar el acceso al OIJ y al Ministerio Público a las bases de datos de la Unidad de Intervención Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para dinamizar las investigaciones sobre legitimación de capitales, narcotráfico y crimen organizado.

Recordó que está en proceso una discusión para que la Policía Judicial tenga acceso al registro de beneficiarios finales de las personas jurídicas, como elemento trascendental para perseguir delitos en que las empresas tratan de ocultar o distraer su patrimonio por medio de otras sociedades.

Como una reforma menor, Espinoza impulsa un proyecto para que los vehículos judiciales no aparezcan en el portal público del Registro Nacional de la Propiedad a nombre del Poder Judicial, pues adujo que eso puede entorpecer investigaciones.

Finalmente, dijo que el OIJ debe pagar el impuesto al valor agregado (IVA) para obtener herramientas como microscopios de altísimo costo y que el pago de ese tributo les sale muy caro, por lo que pidió la exoneración de ese gravamen.

Colaboró la periodista Eillyn Jiménez.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.