La Corte Plena tomó un inusual acuerdo para intentar proteger los salarios del Poder Judicial ante la reforma fiscal.
Los magistrados enviaron un oficio al Congreso, en el que alegan que el proyecto afecta el funcionamiento de la Corte, a sabiendas de que se estaban pronunciando sobre un texto que ya no estaba vigente y de que estaban respondiendo cinco meses después del plazo que les había otorgado el Congreso.
Consultados por La Nación, tres magistrados que participaron en el acuerdo, Luis Guillermo Rivas, Carmenmaría Escoto y Jaime Robleto, no recordaron una situación como esta, en su experiencia en el Poder Judicial.
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La Asamblea le consultó a la Corte sobre el proyecto el 2 de abril, cuando aún existía una versión anterior dejada por el gobierno de Luis Guillermo Solís, con un plazo de ocho días hábiles para contestar.
No obstante, el Poder Judicial no respondió y la Asamblea le repreguntó el 19 de junio.
Fue hasta el 5 de julio que la Corte le asignó al magistrado William Molinari la tarea de remitir un informe. No obstante, el documento fue discutido más de dos meses después en sesión de Corte Plena, el 3 de setiembre, cuando ya se había aprobado un texto sustitutivo a la reforma fiscal, el 21 de agosto.
No fue sino hasta el lunes 24 de setiembre que la Corte envió su criterio a la Asamblea, ya en la recta final del proceso legislativo de la reforma fiscal. Ese criterio recién llegó a la Secretaría del Directorio del Congreso el jueves 27 de setiembre, por la mañana.
Los magistrados alegaron que el proyecto, en su versión original, incide sobre la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, porque pone tope a los salarios millonarios, atenúa el crecimiento de los pluses y limita el gasto público.
Si un proyecto de ley afecta la organización de la Corte, los diputados requieren de 38 votos para apartarse del criterio de los magistrados y aprobarlo, lo que impediría tramitarlo por la vía rápida.
Pese a lo dicho por los magistrados, el gobierno sostiene que el Poder Judicial no ha emitido un criterio negativo y, junto con las fracciones mayoritarias, considera inaceptable el argumento de los magistrados de que una contención al gasto afecta la administración de la justicia.
Al elaborar el informe, el magistrado instructor, William Molinari, dejó claro que el texto estaba desactualizado: “Insisto, habría que valorar si la Corte considera que ha perdido interés este informe, por las razones que acabo de mencionar, que me parece que sería lo primero que tendría que valorar la Corte si hay falta de interés sobre este informe en particular".
Agregó: “Acuérdense que esto, en consecuencia, refiere a un proyecto de ley que ha sido modificado, que hay un texto sustitutivo sobre el cual se está discutiendo actualmente; en consecuencia, esto refiere a un texto que se nos consultó previamente y otro punto importante es que, cuando se me transmite la solicitud de parte de la Secretaría General de la Corte, ya estaba vencido el plazo que nos había dado la Asamblea Legislativa”.
El magistrado Luis Guillermo Rivas explicó que se respondió al Congreso, sobre un texto que incluso ya no estaba vigente, porque esa era la obligación de la Corte. Descartó que el criterio tuviera la intención de enviar un mensaje a los diputados sobre las implicaciones de dar un trámite especial a este proyecto, pese al parecer de la Corte.
“Nosotros sí tenemos obligación de responder en un periodo, porque normalmente se piden ampliaciones para que sea dado en estos plazos. No recuerdo en este caso, pero es cierto que el magistrado que informó advirtió que el proyecto tenía nuevas modificaciones. Él tenía la obligación de presentar el informe”, dijo Rivas.
El alto juez no precisó sobre cuáles otros proyectos de ley se ha pronunciado la Corte cuando el texto analizado ya no estaba vigente.
La presidenta de la Corte en ejercicio, Carmenmaría Escoto, señaló que no recuerda si ella estuvo cuando se discutió el acuerdo para emitir un criterio sobre un proyecto de ley desactualizado. El acta de la votación que fue comunicada a la Asamblea Legislativa como respuesta la consulta que se envió desde abril, evidencia que ella sí estuvo en ese debate de magistrados.
Sin embargo, Escoto indicó que nunca se valoró la posibilidad de que el criterio no se emitiera por estar desactualizado. Dijo que, seguramente, fue así porque era la obligación responder al Congreso, sin importar las circunstancias.
En su caso, recuerda que, en una ocasión, la Corte decidió no emitir criterio sobre un proyecto de ley, la Reforma del Código Procesal Agraria, porque sabían que existía otro proyecto de ley “más completo” en el Congreso sobre ese tema. Sabían de la existencia de esa última propuesta porque ellos mismos la habían redactado y ya habían emitido un informe favorable.
“La Corte acogió la observación y dijimos ‘este proyecto no vale porque estaba desactualizado respecto a lo que esta Corte ha venido trabajando’. Dijimos que, en lugar de ese, se remitiera al texto sobre el que nosotros nos pronunciamos”, relató la magistrada.
Para el caso de la reforma fiscal, Escoto indicó: “Tenemos que limitarnos a lo que se nos manda”.
El magistrado suplente, Jaime Robleto, quien también estuvo en la sesión cuando se acordó dar un criterio sobre un plan fiscal ya obsoleto, tampoco precisó un caso similar al pronunciamiento sobre la reforma fiscal. Reconoció que se trató de una respuesta “extemporánea”, pero desconoce por qué se dio en ese contexto.
“Yo en esta materia soy ingenuo. No creo que haya una intención de la Corte, desde mi perspectiva, de blindarse a nivel salarial”, indicó.
Para el experto en asuntos legislativos Humberto Morales, esta práctica es poco usual, aunque sí puede ser común que los magistrados se demoren más de la cuenta en responder las consultas de la Asamblea Legislativa.
Por el contrario, el exmagistrado José Manuel Arroyo dijo que sí es posible que los magistrados se pronuncien, incluso si el proyecto ha tenido modificaciones.
“Los tiempos legislativos y el tiempo judicial no siempre coinciden. Conforme se avanza un proyecto en la Asamblea, llega un momento en que se consulta al Poder Judicial, que se toma su tiempo; mientras tanto, el proyecto sufre modificaciones”, señaló el exmagistrado.