Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia intentan proteger los salarios de los funcionarios del Poder Judicial frente a la reforma fiscal.

El pasado lunes 24 de setiembre, la Corte le envió a la Asamblea Legislativa un acuerdo de los magistrados en el que concluyen que el proyecto, en su versión original, incidía sobre la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, porque le pone tope a los salarios millonarios, atenúa el crecimiento de los incentivos salariales y limita el gasto público.

La Corte, una institución de 12.400 empleados en donde los funcionarios reciben, en promedio, ¢1 millón mensuales solo en pluses, alega que su organización se vería afectada, por ejemplo, porque la reforma establece que ningún jerarca público podrá ganar más de ¢5,3 millones.

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El Poder Judicial, que paga sueldos hasta de ¢10 millones, dijo encontrar afectación en el proyecto porque actualmente no existe un límite para los salarios, aunque la reforma establece que no se podrán rebajar los salarios públicos actuales.

La Corte alega que, en comparación con los gastos actuales, el plan fiscal “daría como resultado una disminución del gasto” y que los salarios de quienes hoy superan los ¢5,3 millones solo podrían ajustarse por inflación, “de manera que el proyecto sí aplicaría a un segmento de los funcionarios que al día de hoy prestan sus servicios al Poder Judicial”.

También, los magistrados argumentan que la reforma fija en 8 años el pago de cesantía (indemnización por despido o jubilación), como ocurre con la mayoría de los trabajadores, y que el Poder Judicial paga 12 años.

Añaden que habrá afectación con el pago de dedicación exclusiva porque la reforma variaría los porcentajes del salario base que se pagarían por este plus. Hoy, la Corte paga un 65% para licenciados, un 45% para egresados de licenciatura y un 30% para bachilleres.

La última versión del proyecto establece un 25% para licenciados y un 10% para bachilleres

Asimismo, la Corte Plena acotó que la reforma exige firmar un contrato de uno a cinco años para pagar dedicación exclusiva y que ese requisito hoy no existe, además de que se requiere que el profesional esté incorporado a un colegio profesional y que hoy basta con que sea egresado universitario.

Otra observación tiene que ver con las anualidades. La reforma actual transforma el plus en un porcentaje fijo en vez de un porcentaje del salario, además de que exige, desde su versión original, una evaluación del funcionario para medir si merece el incentivo.

“El Poder Judicial tendría que reestructurar parte de su organización interna con el objeto de destinar el recurso humano necesario para diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación, en la forma que indica el plan fiscal”, alegó el Poder Judicial, el cual paga un 1,94% de anualidad a profesionales y un 2,54% a no profesionales, así como un 5,5% a los médicos de la institución.

William Molinari, magistrado de Sala I que presentó el informe a la Corte Plena, afirmó que el pronunciamiento se refiere a la versión de la reforma fiscal que dejó el gobierno de Luis Guillermo Solís, la cual fue modificada posteriormente en la presente administración, por cierto, aumentando los controles al gasto.

Otra observación de la Corte tiene que ver con la regla fiscal, mecanismo que limitaría el crecimiento del gasto corriente del Gobierno central de acuerdo con ciertos rangos, según el nivel de deuda pública que haya.

Los magistrados alegaron que, si la regla fiscal se hubiese aplicado este año, el crecimiento del presupuesto del Poder Judicial habría sido menor a causa del nivel de endeudamiento del Gobierno.

La Corte Plena tomó el acuerdo de pronunciarse de esta manera el 3 de setiembre, con base en el informe de Molinari.

No obstante, los jueces de la Sala IV se abstuvieron de votar, por cuanto ellos tendrán que decidir si la reforma fiscal se tramitó sin vicios de procedimiento si esta es aprobada por el Congreso.

El artículo 167 de la Constitución Política establece que la Asamblea está obligada a consultar a la Corte sobre los proyectos que afecten la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y, para apartarse del criterio que dé, necesita el voto de dos terceras partes de los diputados.

Esa norma exige aprobar una reforma de ese tipo con 38 de los 57 votos. En el caso de la reforma fiscal, el gobierno de Carlos Alvarado aún no tiene esa cantidad, además de que un plan que requiera de dos terceras partes del Congreso no puede tramitarse por la vía rápida, como ocurrió con la reforma fiscal.

Serán los magistrados de la Sala IV los que determinen si lleva la razón la Corte Plena con el argumento de que las reformas al gasto afectan el funcionamiento del Poder Judicial.

Para emitir su conclusión, los magistrados se refirieron al voto 5738 del 12 de abril del 2018 en el que la Sala IV avaló la reforma a las pensiones del Poder Judicial, sistema que tenía un hueco actuarial de ¢5,3 billones debido a los amplios beneficios que otorgaba (pensiones hasta de ¢10 millones).

En esa sentencia, el tribunal constitucional afirmó que las reformas que inciden en la organización y funcionamiento del Poder Judicial son aquellas que crean, varían o eliminan las funciones esenciales de la administración de la justicia y los órganos encargados.

En ese caso, la Sala IV avaló la reforma a las pensiones por considerar que esta no tenía que ver con la organización y funcionamiento de la función primordial de la Corte, la de administración de justicia y “aquellas administrativas esenciales que dan soporte a su función primaria”.

No obstante, de cara al plan fiscal, la Corte Plena alegó que, en la resolución 5179 del 2018, el mismo tribunal estableció que el artículo 167 de la Constitución también se refiere a “autonomía presupuestaria”.

¿Qué dice el gobierno?

Sobre el pronunciamiento de la Corte, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, afirmó: “El proyecto de ley no es una iniciativa específica para regular la organización o el funcionamiento del Poder Judicial. Más bien plantea una reforma fiscal para mejorar los ingresos del Estado y contener el crecimiento del gasto público".

“El artículo 208 Bis del Reglamento Legislativo (vía rápida) no excluye la materia fiscal ni presupuestaria del procedimiento de vía rápida. Así lo ha declarado expresamente la Sala Constitucional en 2012. Al día de hoy, el expediente 20.580 requiere de mayoría simple de acuerdo al artículo 129 de la Constitución Política”.

"La votación del proyecto solamente puede ser calificada si existiera una opinión negativa de la Corte, la cual a la fecha no ha sucedido. Aún en esa hipótesis, si el texto final requiriera más que una mayoría simple, ello no invalidaría el procedimiento adoptado al amparo del 208 Bis del Reglamento Legislativo”, añadió.

Origen de la consulta

La Asamblea había consultado a la Corte sobre el proyecto el 2 de abril, cuando existía el texto anteior, de hecho, en el gobierno anterior. El plazo era de ocho días y se venció el 12 de abril. El 19 de junio, la Secretaría del Directorio solicitó el criterio que se había mandado a pedir en abril.

El 5 de julio, la Corte le encomendó a William Molinari, magistrado de la Sala I, preparar el criterio sobre el proyecto fiscal.

El 23 de agosto, Molinari advirtió por vía de correo electrónico que, el 21 de agosto, se aprobó, en la Comisión Especial de Reforma Fiscal, un texto sustitutivo que modifica la versión del proyecto fiscal sobre el que se pronunciaba.

“Debo advertir que el proyecto sobre el que me pronuncio sufrió modificaciones sustanciales en virtud del texto sustitutivo que se aprobó en la Comisión de Hacendarios, en la sesión número 38, celebrada el martes 21 de agosto próximo pasado. En razón de lo anterior, desde mi perspectiva, el informe que le remito carece de interés actual”, dice la nota de Molinari.

Ese mismo día, el magistrado remitió su criterio a la Corte Plena. El criterio se puso en conocimiento de los magistrados el 3 de setiembre. Aunque la carta SP-196-18 dirigida a la Secretaría del Directorio tiene fecha de 24 de setiembre, se entregó realmente en esa oficina el jueves 27 de setiembre, a las 9:20 a. m.

Presidenta legislativa recién enterada

Cuando La Nación le consultó sobre el tema a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, dijo que recién se enteraba, este viernes 28 por la tarde, del acuerdo tomado por la Corte Plena y explicó que su preocupación se centra en que el criterio de los magistrados no explica si el Poder Judicial está “formalmente de acuerdo o no” con el plan fiscal.

Sin embargo, la carta de la Corte Plena tiene un sello de recibido que data del jueves 27 de setiembre, a las 9:20 a. m.

Según ella, ese es el requisito necesario para determinar si un proyecto como la reforma fiscal requiere de los votos de 38 diputados, como lo establece el artículo 167 de la Constitución Política.

“Lo que dice es que el plan fiscal afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, pero el artículo 167 lo que nos requiere es saber si están de acuerdo o no y la Constitución dice que si nos apartamos del criterio, eso califica la votación”, dijo Hidalgo.

Agregó la presidenta legislativa que no se establece si están de acuerdo o no, solo que consideran que sí influye en su organización y su funcionamiento.

Hidalgo también destacó el hecho de que ese criterio de los magistrados se da sobre una versión anterior del texto del proyecto fiscal y no se ha enviado aún la consulta sobre la nueva versión del plan, que llegó con un texto sustitutivo en agosto.

Esa consulta obligatoria del plan fiscal que deben hacer los diputados a varias instituciones está prevista para hacerse después del primer debate, que se realizaría dentro de varios días.

La consulta se podría adelantar para antes del segundo debate, si una moción de orden aprobada por los diputados establece que se haga antes de la votación.

“Yo esperaría para ver y determinar cómo eso perjudica o no el trámite del proyecto. Lo que diría es que la consulta al Poder Judicial es una de las más relevantes, sobre la que hay que poner más atención”, explicó Hidalgo.