La Sala IV avaló la reforma aprobada por los diputados para cerrar el déficit de ¢5,3 billones que se proyecta para el régimen de pensiones del Poder Judicial, el cual amenaza con que el resto de ciudadanos tengan que pagar una alta factura por este.
El alto tribunal no halló inconstitucionalidades en medidas como aumentar la edad de jubilación, ajustar el cálculo del monto de pensión, subir el porcentaje que deben cotizar los funcionarios, ponerle tope máximo a las jubilaciones y cobrar una contribución solidaria a las pensiones de lujo.
En la sesión, estuvieron presentes los magistrados Fernando Castillo, Paul Ruenda, Nancy Hernández, Alejandro Delgado, Fernando Cruz, Luis Fernando Salazar y José Paulino Hernández. La votación quedó 4 a 3.
"Por mayoría se evacua la consulta en el sentido de que el proyecto de ley, denominado Ley de Reforma Integral a los Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa, expediente 19.922, no presenta vicios sustanciales de inconstitucionalidad", informó el tribunal constitucional.
El magistrado Fernando Castillo explicó que un grupo de diputados, el cual estuvo encabezado por el Frente Amplio, consultó si existían nueve vicios de procedimiento legislativo y ocho de fondo, en el proyecto.
"Para la mayoría no existen. En consecuencia, el parlamento puede continuar el proceso", explicó Castillo en torno al proyecto aprobado el 30 de octubre, hace cinco meses y medio, el cual ahora debe ser sometido a segundo debate.
Fernando Cruz, Luis Fernando Salazar y José Paulino Hernández salvaron el voto.
"Los magistrados que salvaron el voto consideraron que sí hay vicios de procedimiento con el tema de la no consulta a la Corte, en publicidad, y en el caso del magistrado Fernando Cruz, señaló vicios de constitucionalidad del 208 bis (vía rápida)", añadió el magistrado Castillo.
Por ello, esos magistrados estimaron innecesario entrar a analizar los alegatos de fondo planteados por los consultantes.
La Sala IV debatió el tema entre las 10 a. m. y las 6 p. m. del martes, así como de 1:30 p. m. a 3:40 p. m. de este jueves.
El régimen de pensiones del Poder Judicial carece de solvencia económica para pagar las ventajosas pensiones que otorga, según estudios actuariales elaborados por la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para evitar un descalabro financiero que exija captar más recursos del resto de los contribuyentes, los legisladores aprobaron el 30 de octubre:
-Subir las cotizaciones de los empleados judiciales de un 11% a un 13% del salario
-Subir la edad de jubilación a 65 años
-Otorgar como pensión el 83% del salario promedio de los últimos 240 sueldos; actualmente, se otorga el 100% de los últimos 24 meses
-Imponer un tope de ¢4 millones como pensión máxima; actualmente, algunas superan los ¢9 millones
-Deducir una contribución solidaria a quienes tengan pensiones que superen los ¢4 millones, la cual oscilará entre un 35% y un 55% del monto que se exceda sobre el tope. La suma de este aporte y el de la cuota obrera no podrá superar el 55% de la pensión.
Para estas pensiones, el Estado cotiza el equivalente a un 15,6% del salario de cada empleado (un 14,36% el Poder Judicial como patrono y un 1,24% el Estado), mucho más de lo que se aporta para los trabajadores afiliados al régimen del IVM de la CCSS.
Para las jubilaciones del IVM, el Estado aporta un 1,24% y el patrono un 5,08%.
Legisladores satisfechos
Sandra Piszk, una de las impulsoras de la reforma, celebró que el proyecto haya superado el filtro de la Sala IV.
"Es la primera vez que se toma una decisión de esta naturaleza, de manera que felicitaciones y, en segundo lugar, muy satisfecha porque, en cuanto nos llegue el voto completo y podamos hacer la votación, no me cabe la menor duda de que encontraremos los votos necesarios para que el régimen de pensiones del Poder Judicial quede al igual que los otros regímenes, conforme nos lo habíamos propuesto, para que fueran regímenes más equitativos y se eliminaran las pensiones de lujo".
La diputada del PAC, Marcela Guerrero, agregó: "Ya pasó los filtros de la negociación, el primer debate y creo que ya pasó además el filtro de la consulta constitucional, así que aquí creo que lo que tenemos que hacer es cumplir con la tarea e irnos tranquilos".
Johnny Leiva, diputado del PUSC que presidió la Comisión Especial de Pensiones del Poder Judicial, cree que sí les dará tiempo de aprobar la iniciativa en segundo debate, antes de que termine el periodo del actual Congreso, aunque no lo podrían hacer antes de que les llegue el voto completo de la Sala Constitucional.
"Es una excelente noticia para Costa Rica. En esta legislatura, ya hemos venido resolviendo los problemas en los regímenes de pensiones excesivas. En la reforma al régimen de pensiones judiciales, se van a aprobar cuestiones importantes, como aumentar la edad de retiro y que pueda ser más sostenible, porque cuando un régimen de pensiones termina quebrando, al final les toca a todos los costarricenses pagar esa factura", dijo Leiva.
Frenteamplista molesto
El frenteamplista Jorge Arguedas, uno de los promotores de haber llevado al tema a la Sala IV, asegura que el fallo es una “total sacada de clavo de la cúpula del Poder Judicial hacia los gremios”.
“En la Corte Suprema de Justicia nunca había habido un paro ni por un minuto de silencio y ahora los trabajadores reclamaron por la vía de la huelga, de la calle, sus derechos y reclamaron contra la alteración del reglamento que hizo la cúpula del Poder Judicial para beneficiarse en los salarios y salir con una pensión millonaria, pues eso no se lo perdonan”, cree Arguedas.
Arguedas reconoció que se le allana el camino al proyecto para su aprobación definitiva, en segundo debate, pero insistió en que se trata de una intención de una “cúpula podrida” de los partidos políticos y del Poder Judicial.