El empresario Jack Loeb Casanova reveló que el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), del candidato Rodrigo Chaves, le reportó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) donaciones en especie a su nombre, las cuales él nunca hizo en favor de esta agrupación política. Añadió que la diputada electa y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar, intervino para que así ocurriera.
En los reportes de donaciones que el Código Electoral exige a todos los partidos, Progreso Social registró que, el 6 de julio del 2021, este empresario le hizo 11 donaciones en especie por un total de ¢44,4 millones.
Según el empresario de 64 años, dichos aportes en realidad los hizo para el fideicomiso Costa Rica Próspera. Esa es la figura que manejó una estructura paralela para el financiamiento de la campaña de Chaves al margen del partido, lo cual está prohibido por el Código Electoral.
“Nunca realicé ninguna donación en especie al Partido Progreso Social Democrático en la fecha del 6 de julio del 2021. Para ese periodo, mis únicas contribuciones se realizaron al fideicomiso (...). Estas transferencias pueden ser verificadas en el estado de cuenta del fideicomiso Costa Rica Próspera, así como también los pagos realizados desde el mismo”, escribió Jack Loeb en la carta entregada al TSE, de la cual La Nación tiene copia.
De acuerdo con su versión, fue la hoy diputada electa, Luz Mary Alpízar, quien decidió reportar estos aportes al fideicomiso como si fueran donaciones en especie al PPSD, a pesar de que sabía del origen de los recursos.
“La señora presidente del partido, Luz Mary Alpízar Loaiza, me solicitó de manera insistente, en julio del 2021, que le firmara unos documentos, como parte de los procesos internos del Partido Progreso Social Democrático. En los mismos aparecía el detalle de pago de algunos de los bienes y servicios que se necesitaron en aquel momento y que fueron pagados por el fideicomiso.
“Me indicó –doña Luz Mary– que debía de presentar eso al TSE de manera obligatoria y que yo debía firmarlo. Además, me solicitó una certificación de ingresos, la cual le compartí para en apariencia ‘estar al día y en regla con el TSE’.
“Por lo tanto, el día 6 de julio del 2021, no realicé ninguna donación en especie. Únicamente realicé transferencias al fideicomiso y aporté la documentación solicitada por el fiduciario de ‘conozca a su cliente’, que garantiza la transparencia del dinero”, manifestó el empresario de los sectores bancario, hotelero y agrícola.
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Consultada por este medio, la futura diputada Alpízar declaró: “Yo no tenía acceso al fideicomiso, para ver de dónde venía la plata que me da una persona. La persona me firma a mí como persona física, porque nosotros se lo dijimos, nosotros no aceptamos nada del fideicomiso. Yo fui muy tajante con ellos, en ese sentido. Nada que venga del fideicomiso.
“Yo solo recibí plata de personas físicas; yo no puedo andar buscando a ver de dónde sacó la plata la persona, sino que se les dijo ‘no recibimos absolutamente nada del fideicomiso’”.
‘Algunos gastos’ fueron para el partido
Además, Loeb reconoció que aportes que él hizo al fideicomiso Costa Rica Próspera sí se usaron para cubrir gastos de la agrupación política que encabeza el candidato Rodrigo Chaves, a pesar de que los líderes partidarios y la empresa fiduciaria, la administradora de los recursos, ATA Trust Company, han negado que ese fuera el uso del dinero.
“Algunos de los gastos realizados por el fideicomiso fueron para el Partido Progreso Social Democrático y era de conocimiento –que esto sucedía– de la señora presidente, Luz Mary Alpízar Loaiza. El PPSD no tenía una cuenta bancaria, por lo cual necesitó que los pagos salieran del fideicomiso”, escribió Loeb Casanova.
Nueve personas y dos sociedades aportaron recursos a ese fideicomiso y Jack Loeb fue quien dio más dinero. Depositó $106.750 (unos ¢70 millones al tipo de cambio actual).
El sábado pasado, Arnoldo André Tinoco, presidente de la firma ATA Trust, que administró el fideicomiso, afirmó que Rodrigo Chaves y otras figuras, como Jack Loeb decidían en qué, cuándo y cómo se gastaban los fondos del fideicomiso Costa Rica Próspera.
Con esos recursos, según estados financieros del fideicomiso, se financiaron el alquiler de la sede de campaña de Rodrigo Chaves, viáticos para giras electorales, publicidad, planilla, servicios profesionales y alquiler de vehículos, entre otros gastos.
Se hizo así a pesar de que la legislación electoral prohíbe que terceras personas efectúen aportes y costeen gastos partidarios, al margen de los controles internos de la agrupación.
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Apoyo a diputado electo Waldo Agüero
Jack Loeb agregó al TSE que él sí hizo cuatro contribuciones en especie al PPSD, pero en los meses de diciembre del 2021 y enero del 2022, por ¢17,2 millones.
Según el empresario, ese dinero fue para apoyar a un aspirante a diputado y enfatizó que él se desligó del partido y del fideicomiso desde setiembre del 2021.
“Con respecto a los aportes en especie de los meses de diciembre 2021 y enero 2022 sí fueron efectuados por mi persona, como una ayuda que brindé a otro candidato a diputado, del Partido Progreso Social Democrático (...). Me desligué de toda actividad en el referido partido y de la agrupación Costa Rica Próspera hacia finales del mes de setiembre del año 2021, mucho antes de toda fecha electoral”, aseveró el empresario.
En la carta, Loeb no dijo el nombre del aspirante a congresista a quien apoyó económicamente. Sin embargo, en los estados financieros de la agrupación, en una de las cuatro donaciones en especie se consignó: “Vallas, apoyo a Waldo Agüero”.
Agüero resultó electo diputado luego de ocupar el segundo lugar de la papeleta por San José.
En las otras tres contribuciones se especificó: “Pauta televisión FutTV, pauta Facebook y 3 vallas”.
La hija de Waldo Agüero, de nombre Sofía, era colaboradora del fideicomiso Costa Rica Próspera como enlace con proveedores y “con ciertas funciones administrativas”, de acuerdo con el presidente de la fiduciaria ATA Trust, Arnoldo André Tinoco.
Sofía Agüero además registra donaciones en especie a la agrupación por un total de ¢3,9 millones, entre el 4 de noviembre del 2021 y el 28 de enero del 2022 por pagos en redes sociales, perifoneo, pautas, grabaciones y fotografías, según los estados financieros de la agrupación entregados al TSE.
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