EscucharNatasha Cambronero y Esteban Oviedo, periodistas de La Nación, recibieron este martes el Premio Nacional Pío Víquez por su investigación sobre el posible financiamiento paralelo de la campaña del presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante las pasadas elecciones.
Cambronero y Oviedo revelaron una serie de hechos relacionados con el aparente pago de gastos para la promoción de la candidatura de Chaves desde el fideicomiso privado Costa Rica Próspera, el cual recibió contribuciones de costarricenses, personas jurídicas y un extranjero.
Tanto el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como el Ministerio Público (MP) abrieron sendas investigaciones sobre el manejo de fondos en la campaña del ahora mandatario. De hecho, el órgano electoral encontró indicios de un “oscuro” esquema de financiamiento.
Estos fueron algunos de los hechos principales revelados por la investigación periodística de La Nación:
1. El fideicomiso Costa Rica Próspera, administrado por la sociedad ATA Trust Company, pagó gastos de la campaña de Rodrigo Chaves con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Documentación oficial del Banco Nacional (BN) evidencia que este fideicomiso pagó gastos de la campaña de Chaves entre marzo y octubre de 2021, tanto antes como después de que el político resultara electo como candidato presidencial del PPSD.
La documentación evidencia que desde esa estructura, creada por Rodrigo Chaves Robles y el banquero Jack Loeb Casanova, se cancelaron facturas por poco más de ¢95 millones.
Dicho mecanismo cubrió gastos electorales como el pago del alquiler de la Casa Progreso, sede de la campaña, así como costos de publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliarios de oficina, entre otros.
La legislación electoral costarricense establece que los grupos políticos deben tener una única cuenta bancaria registrada ante el TSE y que solo desde ahí se pueden recibir aportes y realizar pagos. La medida permite conocer el origen real de los fondos.
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Cualquier mecanismo ajeno a ese, sea en periodo electoral o no, es considerado como una estructura paralela de financiamiento, lo cual es castigado con penas de entre dos y seis años de prisión.
El Código Electoral, además, establece una pena de dos a cuatro años de cárcel para quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas.
Fue el sábado 5 de marzo de 2022, casi un mes después de la primera ronda electoral, que La Nación reveló que Chaves y su partido estaban financiando gastos proselitistas mediante una estructura paralela, captando recursos y haciendo pagos a través del polémico fideicomiso.
Para el momento de esa publicación, este diario contaba con los estados financieros del fideicomiso hasta el 11 de agosto de 2021.
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Para el 21 de marzo siguiente, con la orden de apertura de las cuentas del fideicomiso, se pudo observar que los gastos en favor de la campaña de Chaves continuaron hasta inicios de octubre de 2021.
2. Fideicomiso Costa Rica Próspera se nutrió de aportes económicos de ocho costarricenses, un extranjero y dos personas jurídicas.
El fideicomiso se financió con aportes de Jack Loeb Casanova, Luis Diego Soto Clausen, Bernal Jiménez Chavarría, Damaris Robles Aguilar, Adrián Torrealba, José Coto Quesada, Marcos González Vargas, Valerie Helen Loeb, Arnoldo André Tinoco y José Antonio Yock Fung.
También se registraron ingresos provenientes de un extranjero de nacionalidad alemana llamado Friedrich Hey, así como de tres sociedades anónimas: Galería Tres Mil y Península Group, presididas por André, y Facio y Cañas, de Torrealba.
El Código Electoral prohíbe que personas extranjeras y jurídicas realicen aportes a campañas políticas.
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Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, actual diputada del PPSD, rehusaron revelar los nombres de las personas que aportaron dinero para el fideicomiso que financió su campaña en el segundo semestre del 2021.
En varias oportunidades, los políticos alegaron que existía una cláusula de confidencialidad. No obstante, en una conferencia del 22 de marzo, cuando ya se habían revelado los nombres, Chaves admitió que dicha cláusula no estaba en el contrato de constitución del fideicomiso.
Los nombres de los financistas fueron dados a conocer en reportajes publicados por La Nación.
3. Material proselitista para impulsar imagen de Rodrigo Chaves fue facturado a nombre de ATA Trust Company, administradora del fideicomiso Costa Rica Próspera.
La agencia publicitaria Madison Revolution se acreditó la elaboración de varios productos proselitistas para la campaña de Rodrigo Chaves.
Entre ellos figura un anuncio grabado por el entonces candidato en el Estadio Nacional, que se transmitió durante los partidos eliminatorios de Costa Rica contra México y Jamaica, en setiembre de 2021, así como ocho vallas publicitarias que ponían a Carlos Alvarado y a José María Figueres de espaldas.
También se produjeron sesiones fotográficas con Chaves, Cisneros y otros candidatos a diputado. Asimismo, Madison Revolution se encargó de pautar publicidad en redes sociales.
El abogado de la empresa de comunicación, David Dumani, aseguró que los productos publicitarios fueron aprobados por Chaves y Cisneros. También aseguró que recibieron la orden de facturar los servicios a nombre de ATA Trust Company, fiduciaria del fideicomiso Costa Rica Próspera.
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La agencia de publicidad demandó en la vía civil a Chaves y al Partido Progreso Social Democrático por el supuesto impago de $113.495 correspondientes a trabajos propagandísticos elaborados antes de la primera ronda electoral, celebrada el 6 de febrero de 2022.
Durante la investigación del Tribunal Supremo de Elecciones, tres agencias de comunicación y publicidad confirmaron que el empresario Jack Loeb les pagó productos para la campaña electoral de Chaves, al margen de las cuentas del PPSD.
Se trata de las empresas La Tres, Nexo Relaciones Públicas y Prensa, así como Madison Revolution. En total, Loeb giró a las tres firmas la suma de $86.165.
El Código Electoral prohíbe que terceros efectúen donaciones o pagos en favor de candidatos o partidos, sin pasar por las cuentas de los partidos y por el sistema de reporte público.
4. Sofía Agüero Salazar, asistente del candidato Rodrigo Chaves, recibía instrucciones y pedía permiso para girar dinero del polémico fideicomiso. También manejó un potencial segundo fondo paralelo.
Copias de correos reveladas durante la investigación periodística de La Nación revelan que Sofía Agüero, hija del actual diputado oficialista Waldo Agüero, recibía instrucciones para los desembolsos del fideicomiso.
Por ejemplo, el 30 de setiembre de 2021, la joven le envió un e-mail a sus superiores para pedir autorización para transferir $5.000 desde la cuenta del fideicomiso a Rodrigo Chaves. Esto lo hizo, según mencionó, con el fin de que el candidato reportara al Tribunal una donación de una persona física a su partido.
La muchacha, que para entonces tenía 24 años, declaró que el fideicomiso Costa Rica Próspera fue fundado para impulsar la candidatura del político y que sí financió gastos partidarios, como agencias de publicidad, viáticos, gasolina y la celebración de la asamblea del PPSD.
También negó que Costa Rica Próspera haya funcionado como “un grupo de estudio, pensamiento y acción de realidad nacional”, como lo han alegado el mandatario y personas cercanas a él.
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Entre octubre de 2021 y febrero de 2022, en plena contienda electoral, la asistente de Chaves movió alrededor de $195.000 desde sus cuentas bancarias. Ella relató que recibió ese aporte de parte del banquero Jack Loeb Casanova.
Con esos recursos, contó la asistente, se cubrieron gastos electorales como comunicación y material proselitista. El dinero tampoco pasó por las cuentas del partido, como lo exige la legislación electoral costarricense.
