Javier Mora Rivas y José Pablo Chaves Martínez, los socios propietarios de la agencia de publicidad Madison Revolution S. A., aseguraron la noche de este jueves que el hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, fue quien les dijo que el banquero Jack Loeb Casanova les iba a pagar parte de los trabajos realizados durante la pasada campaña electoral.
Así lo afirmaron la noche de este jueves en la comisión especial legislativa de siete diputados que investigan presuntas estructuras de financiamiento paralelo a los partidos políticos en la campaña electoral que se desarrolló entre 2021 y 2022, en la cual Chaves triunfó el 3 de abril pasado. La legislación electoral prohíbe que terceras personas efectúen aportes y costeen gastos partidarios, al margen de los controles internos de la agrupación.
Cuando el diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA), les preguntó quién ordenó ese depósito de Jack Loeb, Mora Rivas y Chaves Martínez respondieron al unísono: “Rodrigo Chaves”.
Se trata de un depósito de $20.091 que el banquero realizó en setiembre del 2021. Ese dinero se utilizó, según los dos publicistas, para cancelar la pauta en los canales 6 y 7 de un anuncio que Chaves Robles grabó con Madison en el Estadio Nacional y que se transmitió durante los partidos eliminatorios de la selección mayor de fútbol, para el mundial de Catar, contra México y Jamaica, el 5 y el 8 de ese mismo mes.
Los personeros de esa productora también revelaron que Chaves fue quien les dijo que Sofía Agüero Salazar, la entonces asistente del candidato presidencial, estaba autorizada para solicitar trabajos publicitarios, con fines proselitistas, de previo a la primera ronda del 6 de febrero del 2022.
Adriana Barrantes Sibaja, también de Madison Revolution, hizo esa precisión durante el interrogatorio de la diputada Pilar Cisneros Gallo, de Progreso Social Democrático (PPSD), pues la productora tiene una demanda en la vía civil, donde reclama el no pago de $113.495 (¢66,5 millones al tipo de cambio actual) por trabajos propagandísticos.
Madison Revolution comenzó a brindar servicios a la campaña de Rodrigo Chaves desde el 23 de agosto del 2021 y hasta finales de octubre de ese mismo año. La Nación dio a conocer en marzo del 2022 que la conexión fue con José Coto, el otrora jefe de campaña de Chaves, y la asistente administrativa, Sofía Agüero.
De acuerdo con Javier Mora, bajo el alegato de que el partido no estaba inscrito ante el Ministerio de Hacienda, Agüero le pidió, por correo electrónico, facturar a nombre de ATA Trust, la firma administradora del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, que está bajo investigación en la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por una aparente estructura paralela de financiamiento.
Sin embargo, al final, también facturó a nombre de Jack Loeb. La agencia cobró $133.586 y ¢5,3 millones. No obstante, solo recibió $20.091 del banquero Jack Loeb y ¢5,3 millones “por parte por André Tinoco y Asociados S. A., a nombre de Ata Trust Company”.
Por el dinero restante, $114.402, la compañía planteó un cobro ante el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, el 1.° de febrero del 2022.
Los comparecientes, en todo momento insistieron en que tenían un contrato verbal con la campaña de Rodrigo Chaves; que quienes les giraban órdenes y autorizaban trabajos eran José Coto y Sofía Agüero; y que cuando Coto dejó la campaña, el contacto fue David Segura, quien lo sustituyó en la jefatura.
También aseveraron que Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros estaban al tanto de todos los trabajos que realizaban e incluso, que la congresista era quien daba las líneas sobre el discurso y la narrativa de la campaña.
Detallaron que rompieron la relación contractual con la campaña de Chaves por tres razones. Uno, porque la deuda se hacía cada vez más grande y no les pagaban. Dos, porque salió a la luz pública la sanción de acoso sexual que el hoy mandatario recibió del Banco Mundial —que este diario reveló en agosto del 2021— lo cual generó mal ambiente a lo interno de la agencia en la cual, del centenar de personas que laboran, la mitad son mujeres. Y tres, porque algunos clientes mostraron reticencia a que la agencia siguiera con la campaña tras esas revelaciones del hostigamiento sexual.
Los representantes de Madison Revolution aseveraron, además, que cuando dejaron de trabajar para el PPSD, buscaron por todos los medios llegar a un arreglo de pago y que cuando preguntaron con quién debían hablar, los remitieron al empresario Calixto Chaves Zamora, quien fue el director de la campaña de Rodrigo Chaves.
Dijeron que se reunieron con él y con Mayuli Ortega Guzmán en dos ocasiones, sin llegar a un acuerdo.
Ortega es una funcionaria de Casa Presidencial del área de Enlace Territorial. A principios del mes de setiembre del 2022 apareció en un video junto con la exdiputada del Movimiento Libertario, Mireya Zamora, impulsando la creación de un partido “rodriguista”, al margen del gobernante PPSD que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves, en las elecciones de abril.
Nuevas comparecencias y protección a trol
Los diputados aprobaron, la noche de este jueves, dos mociones para llamar a comparecer a Andrés Mora Rodríguez, Roberth Barrantes (Roberth Junior), Virginia Corrales (Vicky), Diego Porras y William García Chavarría, quienes fueron señalados por Alberto Vargas Zúñiga, la persona detrás del personaje ficticio Piero Calandrelli, como miembros del equipo de troles que operaría desde Casa Presidencial.
En específico, se les convocó para que se refieran al trabajo relacionado con la generación y creación de contenido para redes sociales durante la campaña electoral del 2022. La moción fue presentada por las congresistas Pilar Cisneros y Ada Acuña, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Votaron a favor Pilar Cisneros, del PPSD; Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN); Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio; y Fabricio Alvarado, de Nueva República.
Votó en contra Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista, porque considera que la investigación sobre la red de troles se debe realizar en la Comisión para el control del ingreso y el gasto públicos.
La comisión también aprobó otra moción para solicitar al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, protección para la integridad física de Alberto Vargas Zúñiga. Votaron en contra Cisneros y Dengo.