La equívoca redacción del proyecto de ley para limitar la reelección consecutiva en las municipalidades permitiría a los actuales alcaldes aferrarse al poder por 12 años más.
Según el transitorio único de la reforma, “las personas que ostenten los cargos de elección municipal a los que se refiere esta ley, en el periodo 2020-2024, podrán reelegirse consecutivamente por una única vez (2024-2028). Transcurrido ese periodo, se les aplicará lo dispuesto en esta ley”.
Bajo esa ambigua redacción, los efectos de la propuesta recaerían sobre los alcaldes hasta el año 2028. Es decir, si ese año resultan electos, aún tendrían la posibilidad de optar por el periodo consecutivo previsto en la iniciativa de ley.
De esa manera, los actuales jerarcas municipales podrían optar por un periodo (2024-2028) antes de verse sometidos a la aplicación de la ley; así como a dos periodos adicionales (2028-2032 y 2032-2036) una vez tenga efecto para ellos la reforma al Código Municipal.
Los alcaldes electos por primera vez en los comicios municipales de 2020, cumplirían, para ese entonces, 16 años al frente de sus ayuntamientos si ganaran los comicios. La misma cantidad de años adicionales podrían sumar otros jerarcas que acumulan décadas aferrados a las alcaldías pues actualmente la reelección es consecutiva e infinita.
Fueron los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales quienes prefirieron dejar abierta esa interpretación, en lugar de acoger una moción de la legisladora Yorleny León, la cual señalaba expresamente que los alcaldes en función únicamente podrían reelegirse de forma consecutiva en los comicios de 2024 y luego deberían esperar los ocho años previstos por el mismo plan de ley.
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Ahora, la congresista busca apoyo de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y de otros diputados para cerrar el portillo mediante una moción de reiteración, la cual busca impedir que los actuales alcaldes se aferren mucho más tiempo a sus cargos.
“Justamente por eso es importante la moción de reiteración, porque deja claro cuál es el espíritu de este proyecto de ley. Si dejáramos un transitorio donde todavía hay un margen hasta 2032, pues no tendría mucho sentido el proyecto de ley. Y justamente lo que se pretende es ponerle un límite a esos procesos de reelección que hemos vivido en el país, y permitir entonces que el sistema democrático se oxigene con nuevos postulantes”, afirmó León.
Sin embargo, la diputada reconoció que aún no existe un acuerdo en su fracción para apoyar la moción que cerraría el portillo. Consultado sobre su posición, el candidato presidencial liberacionista, José María Figueres, manifestó que “estamos de acuerdo en que los actuales alcaldes, vicealcaldes e intendentes puedan reelegirse por un único periodo adicional en las elecciones del 2024″.
Exalcaldes podrían postularse cuatro años después
Otra de las ambigüedades del proyecto de ley provocaría la reducción del periodo que los exalcaldes deberán cumplir para volver a postularse a ese cargo.
Inicialmente, se pretendía que el periodo fuera de ocho años. No obstante, la comisión legislativa acogió una moción presentada por la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que podría reducir ese plazo a solo cuatro años.
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La moción dice expresamente: “Las alcaldesas, alcaldes, intendentes o intendentas podrán ser reelectas de manera continua por una sola vez. No podrán postularse para cualquier cargo de elección popular del Régimen Municipal, hasta tanto no hayan transcurrido dos periodos desde que finalizó su segunda elección”.
Claramente, los ocho años se descuentan a partir del momento de la reelección del alcalde y no desde que el jerarca deja su cargo. Bajo ese argumento, la persona electa solo debería cumplir otros cuatro años fuera para volver a lanzarse por la alcaldía.
Consultada sobre su moción, Hidalgo reconoció que fue un error dejar a interpretación la aplicación de la norma. Al mismo tiempo, restó importancia a los posibles efectos en los comicios municipales, pues asegura que el espíritu del legislador es claro.
“Lo reconozco, pudo haber sido mejor, sin duda alguna. Reconozco que sí es un error de redacción, que pudo ser mejor, pero lo que es importante acá es validar, reconocer, darle fuerza que sean dos periodos fuera.
“Vamos a hacer lo prudente y lo necesario procesalmente hablando. Primero, el espíritu del legislador, posteriormente, la ruta de la Comisión de Redacción. Lo importante acá es que no se valgan de ese posible elemento las fracciones y los partidos políticos para seguir beneficiando a la gente que ha estado en su grupo”.
No obstante, el “espíritu del legislador” se queda corto ante los criterios de interpretación establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). En reiterada jurisprudencia, los magistrados han dicho que cuando hay duda se falla a favor del derecho de participación. En este caso, la duda que deja descubierta la reforma favorecería a los candidatos a alcalde en virtud del in dubio pro participación y ningún espíritu se le sobrepondría.
Por ejemplo, en la resolución 1559-E8-2020, los magistrados electorales señalaron: “Este Tribunal, en sus pronunciamientos, ha destacado la relevancia del derecho de participación política dentro de la configuración democrática del Estado costarricense, lo que implica que la interpretación de las normas que restrinjan ese derecho debe ser restrictiva con sustento en el principio de in dubio pro participación (como corolario de los principios pro homine y pro libertati)”.
Hidalgo añadió que la interpretación que pueda hacerse de su moción es “malintencionada o jalada del pelo, porque lo que está expreso es la voluntad de que el periodo sea de ocho años”. La diputada también cuestionó la voluntad de los diputados del PLN y PUSC para esclarecer lo máximo posible esa norma.
Sobre este punto, Figueres manifestó que el periodo de espera para que un exalcalde vuelva optar por una candidatura debería ser de cuatro años. El candidato verdiblanco ha solicitado a los diputados de su partido, en varias ocasiones, avanzar con la aprobación de la reforma.
Reducir el periodo de inactividad a solo cuatro años es una de las demandas que las autoridades municipales de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) les hicieron a los congresistas y si la redacción sigue igual, podrían salirse con la suya.
La Nación intentó contactar a la diputada María Inés Solís a su número personal y a través de la oficina de prensa de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). No obstante, no hubo respuesta de la legisladora que impulsa la reforma.
