Sofía Chinchilla C.. 29 noviembre, 2019
Según proyecciones de la Oficina de Planificación Universitaria, si se reactivara el tope de 30 años a partir del 2020, en el primer año se dejarían de pagar unos ¢1.700 millones en anualidades. Foto: Rafael Pacheco.
Según proyecciones de la Oficina de Planificación Universitaria, si se reactivara el tope de 30 años a partir del 2020, en el primer año se dejarían de pagar unos ¢1.700 millones en anualidades. Foto: Rafael Pacheco.

Dos facultades le solicitaron al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) frenar el gasto en el pago de anualidades a los funcionarios.

Para ello, dicen estar de acuerdo que se le ponga un tope a la cantidad de años en que los funcionarios reciben aumentos salariales por concepto de anualidad.

La iniciativa la tuvieron las facultades de Ciencias y Ciencias Agroalimentarias, las cuales enviaron su petición al Consejo Universitario, según consta en oficios de los que La Nación tiene copia.

El Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias, conformada por las escuelas de Biología, Física, Geología, Matemática y Química, adoptó su criterio este miércoles.

“Al cabo de 30 años de recibir anualidades, el personal docente y administrativo de la Universidad de Costa Rica debería haber alcanzado una estabilidad laboral y salarial suficiente. El crecimiento salarial más allá de ese tiempo debería darse por méritos académicos y laborales”, dice el oficio de esa unidad.

Javier Trejos, decano de Ciencias, explicó que toman como referencia los 30 años porque ese era el límite que se aplicó hasta el 2009, cuando un acuerdo del Consejo Universitario eliminó el tope que estuvo vigente desde 1999.

En un comunicado divulgado el viernes anterior, la rectoría de la UCR informó de que, según proyecciones de la oficina de Planificación Universitaria (Oplau), si en el 2020 se reactivara el tope de 30 años, en el primer año la Universidad se ahorraría unos ¢1.700 millones en anualidades.

Henning Jensen, rector de la UCR, solicitó al CU valorar la aplicación del límite al incentivo anual.

Por cada año laborado, la UCR otorga un aumento equivalente al 3,75% sobre el salario más cuatro pluses, según lo negociado en la convención colectiva firmada en febrero 2018.

Para 2019, la Universidad presupuestó ¢64.000 millones para este gasto.

Trejos informó al Consejo Universidario de que los actuarios y demás profesionales de su facultad se ofrecen para realizar los estudios que hagan falta para elaborar el modelo adecuado.

"Cuando una persona ya está consolidada por méritos académicos, o méritos laborales en el caso administrativo, cuando ya pasaron 20, 25 o 30 años, ya dejó de tener sentido la anualidad, en mi criterio personal, y en el criterio de la mayoría de los decanos.

“Lo que dicen los modelos actuariales y matemáticos es que, si no se pone tope, las finanzas se pueden ver comprometidas. No entramos en crisis, no es exactamente crisis, pero sí hay limitaciones para hacer otras cosas: contratar más personal, hacer más obras de infraestructura”, explicó el decano Javier Trejos.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias envió su solicitud a través de un oficio que emitió el 13 de noviembre el decano y exministro de Agricultura Luis Felipe Arauz. Ese órgano apoya la imposición del tope de 30 años.

Además, manifestó en un oficio "la excitativa para futuras modificaciones, de crear una instancia o un régimen salarial docente que brinden incentivos por mérito académico y no por crecimiento vegetativo”.

La propuesta de solicitarle al CU que imponga un tope de años al pago de anualidades se discutió este miércoles en una reunión del Consejo de Decanos, un órgano informal que integran los decanos de las 13 facultades universitarias.

Guiselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación y coordinadora del Consejo de Decanos, dijo que se tomó el acuerdo de que cada Facultad defina su posición entre sus funcionarios, para que luego se la comunique al CU. Sin embargo, la académica dijo que, en la reunión, percibió una preocupación generalizada por las finanzas de la universidad.

A título personal, Garbanzo dijo que ella está dispuesta a que se limite el pago de anualidades.

“Yo estaría anuente a ponerle un tope de 30 años al sistema de anualidades de la Universidad, y me parece que deberíamos enfocarnos también en revisar nuestros sistemas del tema de la evaluación docente, realmente las anualidades deben tener otros parámetros, no necesariamente un tema vegetativo”, afirmó la decana.