Diputados prohibirían pluses y alzas salariales en convenciones colectivas

Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración negocian cómo regular las convenciones colectivas dentro del proyecto de reforma al empleo público, de modo que estos convenios no puedan introducir nuevos pluses, incrementos salariales o apertura de plazas estatales.

Según Víctor Morales Mora, presidente de este foro legislativo, existe voluntad de establecerles límites a este tipo de pactos, partiendo del principio de que las convenciones son un derecho de negociación que tienen los trabajadores estatales.

A partir de ahí, dijo, los integrantes de la comisión analizan cómo establecer las regulaciones en materia de remuneraciones o nuevas contrataciones.

“Deben quedar claramente establecidos sus límites, quedar claramente regulados. Ese es el trabajo que se está haciendo. Es una construcción de nuevos acuerdos”, explicó el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

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Las fracciones del PLN, PAC, PUSC, el bloque fabricista y diputados independientes acercaron posiciones en el seno de la comisión alrededor del tema, desde inicios del mes de febrero, cuando el texto dictaminado recibió su primera revisión.

Al final de ese proceso, los legisladores decidieron rechazar cinco mociones de fondo sobre convenciones colectivas por defectos en la redacción. Una de ellas pretendía que la Contraloría General de la República (CGR) revisara las convenciones, a lo cual el ente contralor se opuso.

El plan de los congresistas es consensuar ese tipo de ajustes de cara a la presentación de mociones para el segundo día de revisión que recibirá el texto.

Aún no hay un acuerdo sobre la fecha en que se quemará el segundo día de mociones, como se le conoce a la segunda etapa de revisión del proyecto dictaminado en comisión, con mociones que deberán ser presentadas en el plenario.

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Dentro de esos acercamientos, el diputado fabricista Jonathan Prendas propuso incluir el principio de publicidad y transparencia dentro de las regulaciones de convenciones colectivas.

Este obligaría a las partes a publicar el convenio en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una vez que sea firmado.

“Esa publicación deberá ser el acta final de lo que la negociación incluye. Durante la negociación, no se podría porque en esa etapa no hay acuerdo final y todo puede cambiar”, adelantó Prendas.

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El fabricista indicó que su propuesta surgió a raíz del sinsabor generado por el pacto alcanzado entre Recope y el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia) que se negoció en secreto.

El documento de ese acuerdo fue revelado este miércoles por la institución, luego de que fuera revisado por las instancias superiores del sindicato y Recope, y por la gubernamental Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público.

En las discusiones entre los diputados participa la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

Rodolfo Peña, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expuso que las convenciones “serán reguladas, aunque hubiéramos preferido eliminarlas”.

“Se pretende que no se permitan pluses, incrementos salariales u otros incrementos que no sean los autorizados por ley”, agregó el socialcristiano.

Luis Fernando Chacón, vocero del Partido Liberación Nacional (PLN), les explicó días atrás a un bloque conformado por empresarios, sindicatos y cooperativistas, que la reforma fiscal del 2018 ya establece regulaciones en esas negociaciones.

Sin embargo, indicó el verdiblanco, es necesario establecer con claridad qué temas no deben incluir esos acuerdos en el sector público.

La ministra Garrido, por su parte, dijo que las conversaciones van en la dirección de “dotar de una regulación clara que respete el propósito original de las convenciones colectivas, que es mejorar las condiciones de trabajo del personal, al tiempo que se establecen límites en los aspectos vinculados con la escala salarial única, pluses, incentivos y componentes, plazas y erogaciones presupuestarias adicionales que no sean atinentes al servicio que debe prestar una entidad”.

Independientemente de cómo quede la redacción, esta no aplicaría a las empresas públicas en competencia, solo al resto del sector público. Esas empresas fueron excluidas del texto durante el primer día de discusión de mociones de ajuste.

Por otra parte, en las mismas negociaciones, el Gobierno insiste en que la reforma mantenga una rectoría política en Mideplán y que la parte técnica le corresponda a la Dirección del Servicio Civil.

Así lo explicaron Morales y la ministra Garrido.

En el primer día de mociones los diputados desarmaron la idea del Gobierno de reforzar la rectoría que hoy ostenta Mideplán.

Esa dirección en Planificación la definió la reforma fiscal del 2018, mientras que la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República se han manifestado en la línea de que esta debe recaer en el Poder Ejecutivo.

La comisión, con la oposición de Morales y la independiente Zoila Rosa Volio, aprobó trasladarla al Servicio Civil.

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Morales agregó que el Gobierno propondrá una alternativa para elegir al director general del Servicio Civil. En la versión actual, el proyecto quita esa potestad a la Presidencia y la traslada al Congreso.

Prendas dice que, de momento, se siente satisfecho con lo aprobado, pero que aún esperan conversaciones para hacer ajustes.

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Por su parte, Peña asevera que se revisa la constitucionalidad de ambos temas y, en el tema de rectoría, evalúan la posibilidad de dejar la parte técnica en el Servicio Civil.

En materia de salario global el Gobierno se siente cómodo con la redacción actual, que permitiría un traslado gradual de los actuales empleados públicos a ese nuevo esquema, aseguró Morales.

Peña hizo ver que su fracción insistirá en la idea de que 28.800 funcionarios públicos que quedarían ganando debajo del global, puedan trasladarse de inmediato al nuevo esquema para evitar litigios en contra del Estado.

El socialcristiano también aclaró que su partido no pretende apoyar una exclusión de las universidades públicas de la reforma.

Garrido insistió que el Poder Ejecutivo quiere “un único régimen de empleo público estructurado en familias, sin excepciones más allá que los entes públicos no estatales y las empresas públicas estatales en competencia”.