El diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reunió a dos sospechosos de integrar una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero con dos altos funcionarios del Banco Popular (BP).

Cascante citó a los personeros bancarios sin advertirles de que otras personas asistirían al encuentro.

Una vez reunidos, el legislador les consultó por qué la entidad financiera le había devuelto, a una constructora de los investigados, la documentación de un proyecto de vivienda de interés social que ellos pretendían desarrollar en Purral de Goicoechea.

La cita tuvo lugar en el despacho de Cascante en la Asamblea Legislativa, el pasado lunes 24 de mayo. Asistieron Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera, quienes fueron detenidos al día siguiente por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ellos se presentaron como representantes de una constructora dedicada a desarrollar vivienda social, de nombre Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S. A., la cual había empezado a tramitar un proyecto en Purral, con el Banco Popular, en el 2018.

“Se consultó por parte del señor diputado, a los funcionarios del Banco, respecto del porqué la entidad había devuelto con defectos la documentación”, expuso la Oficina de Comunicación del Banco Popular ante una consulta de La Nación.

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Reunión se extendió por hora y media

La entidad financiera explicó a este medio que, con base en criterios técnicos, a la constructura La Escarcha se le había advertido “en múltiples ocasiones de que la documentación del proyecto era omisa, desactualizada, que presentaba inconsistencias y múltiples observaciones, lo cual debía ser subsanado, advirtiéndose que, de no recibirse dicha documentación sin defectos, el proyecto sería archivado”.

En la reunión del lunes anterior, agregó el banco, el diputado Cascante expresó su interés en el financiamiento que el BP otorga a proyectos respaldados con bonos de vivienda y mencionó otros planes en las zonas de Esparza y Liberia.

Por parte del Popular asistieron Omar Sánchez Lizano y Jorge Antonio Brenes Artavia, director de Banca de Desarrollo Social y asesor de la Gerencia General del BP, respectivamente.

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BP: diputado no dijo quiénes estarían

La oficina de Comunicación Corporativa del Banco Popular informó de que días antes de la reunión, el miércoles 19 de mayo, el diputado Cascante, en persona, contactó al asesor de la Gerencia General del BP, Jorge Brenes.

Mediante una llamada vía Whatsapp, alrededor del mediodía, el legislador le solicitó a Brenes “una reunión con personeros del Banco Popular para abordar temas propios de la agenda legislativa de interés del Banco, así como otros propios de su zona de representación”.

Los detalles de la cita terminaron de afinarse en una segunda llamada, a las 2:51 p. m., en la que también participó el director de Banca de Desarrollo Social.

El BP informó de que, cuando sus funcionarios llegaron al despacho del legislador, “ya estaban presentes dos personas más que no se tenía previsto encontrar, pues en ningún momento el señor diputado informó o mencionó a los funcionarios del Banco que estarían presentes otras personas”.

“La reunión convocada por el señor diputado fue para ver temas relativos al Banco y los proyectos de ley que, de alguna forma, pueden impactar a la entidad, así como otros temas propios de la zona de representación del diputado.

“Como otro punto, el señor diputado quería expresar su interés en asuntos relativos a financiamiento que el Banco efectúa con bonos de vivienda”, expuso la entidad.

El Popular confirmó que, en virtud de los hechos ocurridos la semana pasada, archivó en definitiva el proyecto de Purral.

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Reunión previa con el Banhvi

Seis días antes, el martes 18 de mayo, el diputado del PUSC les había conseguido a los sospechosos de narcotráfico una reunión previa con el gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Dagoberto Hidalgo.

Ese día, en una videollamada, Cartín y Soto le expusieron al gerente del Banhvi al menos tres proyectos de vivienda social en Liberia, Goicoechea y Esparza; y mencionaron que pretendían desarrollarlos con el Banco Popular, en su calidad de entidad financiera autorizada para tramitar bonos de vivienda.

Así lo confirmó Hidalgo a La Nación: “Ellos citaron al Popular como una eventual entidad para tramitar los proyectos. No señalaron a ninguna otra entidad”.

El gerente agregó que él les dejó en claro que el Banhvi no tramita proyectos de manera directa, sino que los desarrolladores y beneficiarios deben acceder a las entidades autorizadas, que por lo general son cooperativas, mutuales o bancos.

En este encuentro, también estuvo presente Óscar Cascante.

Por su parte, el BP informó de que, en la reunión del día previo al desmantelamiento de la presunta banda narco, sus funcionarios señalaron que la institución debía cumplir con los requisitos que impone la ley para desarrollar proyectos de vivienda social.

En este tipo de esquemas, el desarrollador presenta su proyecto a una institución financiera autorizada y, usualmente, se encarga de buscar a los eventuales beneficiarios.

La entidad analiza la viabilidad del proyecto ante el Banhvi, mediante una ficha técnica. Además, se revisa la disponibilidad de presupuesto y se realiza una calificación de la empresa.

Si se cumplen los requisitos, la entidad tramita los bonos de vivienda con el Banhvi, el cual suministra recursos para pagar parte o la totalidad de las casas al desarrollador. Las obras pueden terminar de financiarse con préstamos para los beneficiarios.

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Cascante ocultó cita con BP

La reunión del lunes 24 de mayo, en la que participaron los funcionarios del BP, fue la décimo tercera visita que los sospechosos de integrar la banda narco hicieron a la oficina del diputado Óscar Cascante.

El socialcristiano recibió visitas de Robert Soto, Alejandro Cartín y Luis Guillermo Cartín Herrera. Este último falleció el pasado 6 de mayo.

A ellos el OIJ les atribuye formar parte de una organización dedicada a comprar cocaína en Colombia para enviarla a Europa, mediante contenedores con productos agrícolas que salen de Limón por vía marítima.

La Policía Judicial tiene la tesis de que, para legitimar sus ganancias, el grupo adquirió mansiones, apartamentos y vehículos por, al menos, $20 millones (¢12.400 millones), al tiempo que incursionó en una constructora y en el cultivo de arroz.

La legitimación de capitales se concreta cuando dinero producto de una actividad ilícita es camuflado como si fuera producto de una actividad lícita, lo que permite legalizar y bancarizar los recursos.

El martes pasado, durante los 40 allanamientos en los que quedaron detenidas 23 personas, incluidas Robert Soto Rivera y Alejandro Cartín Ramírez, las autoridades encontraron ¢1.500 millones en efectivo.

La primera cita del diputado Cascante con uno de los investigados se efectuó el 3 de mayo del 2018, con Robert Soto, apenas a dos días después de haber asumido la curul.

El miércoles pasado, cuando trascendió la cantidad de reuniones que había sostenido con los investigados, el socialcristiano argumentó que estas personas le pidieron ayuda para sacar adelante la construcción de dos proyectos de vivienda de interés social en su provincia, Puntarenas.

Mencionó que había un plan en Corredores y otro en Esparza, por los cuales él hizo gestiones.

Cuando una periodista de este medio le preguntó a qué se debió la reunión del lunes 24 de mayo, el día antes de los arrestos, Cascante respondió que Robert Soto Rivera y Alejandro Cartín Ramírez querían saber si, luego del fallecimiento de Luis Guillermo Cartín Herrera, él continuaría apoyándolos con el proyecto de Esparza.

No obstante, el diputado no mencionó que había convocado a dos altos funcionarios del Banco Popular para reunirlos con los investigados.

Tampoco mencionó que hablaron de proyectos de vivienda en Liberia y en Goicoechea.

“Como el señor muere, el hijo asume, entonces él me viene a preguntar que si yo les voy a ayudar con el proyecto de vivienda de Esparza.

“Yo les dije que sí, como yo no tengo nada que ver con ellos, yo los recibo. ¿Usted cree que si estuviese metido en esa magnitud de problema, yo los voy a estar recibiendo? No tendría sentido”, dijo Cascante a La Nación, el pasado miércoles 26 de mayo.

Este medio procuró entre el jueves y viernes pasados hablar de nuevo con el diputado, pero este no respondió.

El lunes 24 de mayo, Robert Soto y Alejandro Cartín llegaron primero al despacho del diputado, cerca de las 11:30 a. m., según consta en los videos de seguridad y en las bitácoras de entradas y salidas de la Asamblea Legislativa.

Luego, a las 11:50 a. m., entraron el director de Banca de Desarrollo Social y el asesor de la Gerencia General del BP.

Ellos permanecieron en la reunión por hora y media. Luego de que los funcionarios bancarios se retiraron, el diputado salió del edificio en compañía de los hoy detenidos.

Debían ir a una entidad autorizada

El gerente general del Banhvi, Dagoberto Hidalgo, detalló que su reunión virtual con Alejandro Cartín y Robert Soto también fue gestionada por el diputado Óscar Cascante.

Según Hidalgo, durante el encuentro los hoy detenidos le hicieron una presentación del perfil y características de tres proyectos de vivienda social.

En específico, citó uno denominado Santa Paula, ubicado en Liberia, Guanacaste; otro llamado Elena, en Ipís de Goicoechea, en San José; y el último en Esparza, Puntarenas, que lleva el nombre de Milagros.

“Fue una sesión virtual, una conversación. Nos dijeron ‘mire, tenemos equis proyectos en tales zonas’. Pero esos proyectos nunca lograron ingresar al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, expresó Hidalgo.

“Ningún proyecto puede venir directo de un privado al Bahnvi (...). Se les dijo ‘señores, si ustedes tienen un proyecto, tienen que recurrir a una entidad autorizada, deben cumplir con estos requisitos, deben realizar estos trámites’”, aseguró el jerarca del Banco Hipotecario de la Vivienda.

Hidalgo negó haber recibido alguna presión por parte de Cascante o de los sospechosos. Calificó el encuentro como normal, pues habitualmente atiende este tipo de citas, incluso, solicitadas por otros legisladores.