El diputado socialcristiano Óscar Cascante argumentó que sostuvo más de diez reuniones con tres hombres investigados por un presunto caso de narcotráfico, porque ellos le pidieron ayuda para sacar adelante la construcción de dos proyectos de vivienda de interés social en Puntarenas.
Cascante, quien dijo sentirse engañado, admitió haberse reunido con Robert Soto Rivera y Alejandro Cartín Ramírez, quienes fueron arrestados este martes 25 de mayo como sospechosos de integrar una banda narcotraficente que habría invertido al menos $20 millones (¢12.400 millones) en lujosos bienes en Escazú, Santa Bárbara, Alajuela y Limón.
Además, recibió visitas de Luis Guillermo Cartín Herrera, quien figuraba como investigado en la causa judicial pero falleció el pasado 6 de mayo.
Los tres sumaron 13 visitas al despacho de Cascante en la Asamblea Legislativa. El primero de esos encuentros ocurrió el 3 de mayo del 2018, solo dos días después de que el diputado asumió la curul por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Y la visita más reciente se registró el lunes anterior, menos de 24 horas antes del operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en que se detuvo a los sospechosos.
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En entrevista con La Nación, Cascante detalló que los investigados primero le pidieron ayuda con un proyecto de vivienda social en Corredores y, posteriormente, con otro en Esparza, pues ellos eran los propietarios de la empresa desarrolladora.
En el caso de Corredores, el socialcristiano dijo que él promovió y participó en reuniones con personeros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), para tratar de revertir un decreto presidencial de la década de los 80 que impide levantar el proyecto en la finca ofrecida, ante el riesgo de inundaciones.
En el caso de Esparza, sostuvo que su ayuda consistió en consultarle al Banhvi las posibilidades de que ese proyecto avanzara.
—Cuándo usted dice ayudar, ¿a qué se refiere?
—Por ejemplo, ellos me dicen ‘tenemos un proyecto allá en Esparza y necesitamos que nos ayude para que el proyecto camine con el Bahnvi’. Entonces, yo voy al Bahnvi y les digo ‘hay un proyecto así y así, ¿hay posibilidades de que camine?’ Esa es la intervención que yo hago; en este caso, no avanzó por tema presupuestario; ellos tienen sus prioridades.
—¿Usted nunca sospechó de esas personas?
—No, es que una empresa que está ayudando a una comunidad, y yo no tengo ninguna relación con ellos, yo no me meto a investigar, pero además, yo no estoy haciendo ningún ilícito. El ayudar a que el MOPT, el Bahnvi, la Comisión de Emergencias ayuden en un proyecto que está pegado por ellos, es parte de la gestiones que nosotros hacemos como diputados.
—¿No se podría ver como tráfico de influencias?
—No, porque no es para mí; es para la comunidad.
—¿Usted tenía alguna relación de amistad con esas tres personas?
—No, y en realidad yo no ayudaba a la empresa en sí; a mí me interesaba que el proyecto se le diera la comunidad. Los proyectos de vivienda cuesta mucho que avancen.
Por otra parte, Óscar Cascante también precisó que no logró que ninguno de esos dos proyectos avanzaran, pero que ayudó en un tercero, en Barranca, de otra empresa, y que ese sí está caminando.
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó el pasado martes que el grupo narco desmantelado tenía un área de legitimación de capitales, la cual hizo incursiones en una empresa constructora y en el cultivo de arroz, con el objetivo de “filtrar el capital ilegal que estaban obteniendo, pues la mayoría del dinero que tenían, como consecuencia de la actividad criminal, lo obtenían en efectivo”.
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Cascante insistió en que desconocía los hechos que la Fiscalía le atribuye a los sospechosos, que se sorprendió cuando vio sus nombres en las noticias y que, de haberlo sabido antes, no los hubiese recibido en su despacho.
Dijo sentirse “molesto y dolido”, pues considera que “le tomaron el pelo”, no solo a él, sino también a las comunidades de Corredores y Esparza, pues los proyectos ahora quedarán frenados.
Negó, además, que sus intervenciones en el plenario en contra de los recortes presupuestarios al Banhvi se debieran a las gestiones de los investigados. Sostuvo que intervino en ese tema a petición del propio Banco Hipotecario de la Vivienda.
También, detalló que el contacto inicial con esos tres hombres se dio en la campaña electoral del 2018, a través de la Asociación de Vivienda de Corredores y por medio del exdiputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas, quien con anterioridad también hacía gestiones en favor del proyecto habitacional en ese cantón.
Indicó que, en la reunión del pasado lunes, Robert Soto Rivera y Alejandro Cartín Ramírez querían saber si, luego del fallecimiento de Luis Guillermo Cartín Herrera, el diputado continuaría apoyándolos con el proyecto de Esparza.
