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MARIO ROJAS
La Junta Directiva del Banco Nacional hurgará en los correos electrónicos de sus siete integrantes, para investigar cuál de ellos facilitó información a la prensa.
El detonante para ordenar la revisión fue una publicación del semanario El Financiero , donde se revela que esa entidad financiera aplicó medidas para amortiguar el deterioro de sus ganancias , según consta en documentos y actas de la Junta a los que ese medio tuvo acceso.
La apertura de los correos de los directivos es parte de una investigación “exhaustiva” para aplicar sanciones, en vista de que el intermediario califica los hechos como “delictivos”.
La institución bancaria pretende tomar medidas disciplinarias, como la destitución, contra quien entregó las actas.
“La difusión de información protegida por el secreto bancario y comercial por parte de funcionarios públicos constituye un delito”, alegó el Banco en una respuesta escrita a La Nación , al ser consultado sobre la revisión de la correspondencia electrónica de sus directores.
“En los casos en que esto se requirió (hurgar en los e-mails ) fue con la autorización y en presencia del titular de la cuenta”, justificó la entidad mediante la Dirección Corporativa de Relaciones Institucionales.
El Nacional insiste en que se divulgó información sensible de sus clientes que “nunca debió ser publicada”.
El Financiero lo que reveló fue que el Banco cerró el 2013 con ganancias de ¢25.400 millones, un 44% menos que el 2012.
El artículo “Nacional aplica planes para elevar resultados” fue publicado el 12 de octubre.
El texto dio a conocer al público que el año pasado se deterioró la solvencia del Banco porque la suficiencia patrimonial (nivel de capital que le permitiría enfrentar pérdidas) llegó a estar entre un 10% y un 11%, mientras que en años anteriores superó el 12%.
“Es nuestra obligación detectar la vía y la persona a través de la cual dicha información fue entregada de manera ilegítima, sin la respectiva protección a nuestros clientes e intereses comerciales”, justificó la entidad.
El presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, Víctor Hugo Carranza Salazar, inicialmente dijo que solo se iba a referir al asunto por correo electrónico, pero al final no respondió a las preguntas enviadas.
La vicepresidenta de la entidad, María Jeannette Ruiz, se abstuvo de opinar y encomendó la vocería a Carranza.
En la mira. Fue un día después de la publicación del reportaje de El Financiero que los directivos acordaron iniciar la indagatoria, aduciendo que la información divulgada daña la imagen del Banco o bien ser utilizada de forma indebida.
“La Junta Directiva acordó realizar una investigación lo más exhaustiva posible, con el fin de analizar la totalidad del contenido del reportaje y tratar de establecer la forma, tiempo, y lugar en que se divulgó la información, así como determinar los posibles responsables de dichos hechos delictivos”.
Así justificó la investigación el gerente del Nacional, Fernando Naranjo, en un oficio enviado el 4 de noviembre al Consejo de Gobierno, por solicitud de la Junta Directiva bancaria.
Las pesquisas contaron con el respaldo unánime del presidente Luis Guillermo Solís y sus ministros, quienes acordaron “mantenerse a la espera de los resultados de las investigaciones ordenadas”, aunque se hizo la salvedad de que se debían respetar los derechos y garantías individuales.
Ese acuerdo quedó en firme ocho días después, según informó Xinia Chacón Rodríguez, secretaria del Consejo de Gobierno, a Naranjo, en una nota enviada el 13 de noviembre y de la cual La Nación tiene copia.
Recientemente, la Sala Constitucional reiteró que las actas de las juntas directivas de los bancos del Estado son de libre acceso, pues contienen información de interés público.
A esa conclusión llegaron los magistrados al resolver con lugar un recurso de amparo presentado por un ciudadano, el 27 de octubre. En la resolución ordena al Banco Popular entregar dichos documentos, excluyendo, eso sí, la información de carácter confidencial o privada.
