Expedientes sobre el Banco Popular están a cargo de Secretaría del Consejo de Gobierno.

Representantes se encontraban suspendidos desde diciembre del año anterior, mientras se les investigaba por un presunto conflicto de interés. Magistrados constitucionales concluyeron que esa decisión vulneró el principio de autonomía constitucional de la Caja y los derechos de los directivos.

Hacienda tendría la rectoría y el presidente del Banco Central integraría un comité. Los actos de la venta del BCR estarían excluidos de la Ley de Contratación Pública. La asesoría cobraría un monto fijo y un porcentaje de la subasta.