Sofía Chinchilla C.. 12 febrero
En Costa Rica, Uber opera un centro de excelencia bajo el régimen de Zona Franca, el cual da asistencia a pasajeros y conductores en los países de habla hispana de América. La casa matriz de la empresa se ubica en Países Bajos. Fotografía: Cristina Solís Cabrera.
En Costa Rica, Uber opera un centro de excelencia bajo el régimen de Zona Franca, el cual da asistencia a pasajeros y conductores en los países de habla hispana de América. La casa matriz de la empresa se ubica en Países Bajos. Fotografía: Cristina Solís Cabrera.

El Poder Ejecutivo propone un nuevo mecanismo para cobrar impuestos a las ganancias que Uber obtiene en Costa Rica y envía al exterior.

El sistema se le aplicaría a cualquier otra empresa de plataforma de transporte (EPT), según el proyecto de ley con el que se pretende regular el servicio.

La idea del Ejecutivo es cobrar un tributo del 8,5% sobre las remesas que envíe al exterior.

De acuerdo con Carlos Vargas, director general de Tributación, el cobro se generaría sobre el monto que se deja la empresa por cada viaje.

"Si el precio cobrado por un viaje es de ¢100 y el 25% de este monto corresponde al prestador de servicios mediante EPT (la empresa), la base imponible del impuesto sobre remesas al exterior es de ¢25 y es sobre este monto que se aplicaría la tarifa del 8,5%, resultando en un impuesto sobre remesas al exterior de ¢2,1”, explicó el funcionario.

En el ejemplo de Vargas, los restantes ¢75 son la ganancia que le queda al chofer por el viaje.

Este impuesto sobre las remesas, explicó Vargas, se cobraría en lugar del impuesto sobre la renta que se aplica a la mayoría de empresas que desarrollan actividades productivas en el país, cuyas utilidades están gravadas con tarifas de 10%, 20% o 30%, según el monto que generen anualmente.

En tanto, los ingresos de los conductores estarían gravados con el impuesto sobre la renta, el cual deben pagar las personas físicas cuyas actividades lucrativas produzcan más de ¢3,6 millones durante el periodo fiscal.

La propuesta para el cobro de impuestos a Uber quedó establecida en el proyecto de ley que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa el 22 de enero, en la que también se definen nuevos cobros a los usuarios y a los conductores que prestan el servicio, así como tarifas de registro que la compañía tendría que pagar de entrada.

Con la sustitución del impuesto sobre las utilidades por el gravamen sobre las remesas al exterior, Hacienda podría percibir ingresos por los pagos que hacen los usuarios y que se acreditan en cuentas del extranjero.

En el país, lo que Uber opera es un centro de excelencia bajo el régimen de Zona Franca, el cual da asistencia a pasajeros y conductores en los países de habla hispana de América. La casa matriz de la empresa se encuentra en Países Bajos.

El director de Tributación dijo que, de aprobarse la propuesta del gobierno, Hacienda tendría dos posibilidades para cobrar el impuesto sobre las remesas al exterior.

La primera, es que sea la empresa directamente la que cancele el tributo en el momento de acreditar el pago al exterior y, en el segundo escenario, serían las empresas emisoras de las tarjetas de débito o crédito con las que los clientes pagan las encargadas de trasladar el impuesto.

El proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo propone que además del impuesto, para poder operar Uber también pague ¢8.300 millones por derecho de inscripción y una tarifa de renovación de ¢22,3 millones, cada cuatro años. Según la iniciativa, la empresa también tendría que entregar el equivalente al 3% del precio de cada viaje que gestione para financiar el Fondo Nacional de Movilidad.