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Si usted paga una cuota de un crédito de ¢500.000 por vía digital, tendría que pagar ¢1.500 de impuesto. Si luego le pasa ¢100.000 a un familiar, pagaría ¢300 más. Y si retira ¢200.000 en un cajero automático, le desembolsaría al Gobierno ¢600 adicionales.
Dentro de la propuesta del Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), el punto que más recursos generaría es la idea de introducir un impuesto a todas las transacciones bancarias por un plazo de cuatro años.
Este gravamen recaería sobre todas las compras electrónicas, transferencias de dinero, retiros de cajeros automáticos e, incluso, pagos de créditos.
Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, dicho tributo generaría el equivalente al 10 puntos del producto interno bruto (PIB) en ese periodo, cerca de ¢3,6 billones.
El Consejo Económico especificó la cifra en un documento de resumen de las medidas que se plantearán al FMI.
En momentos en que el país tiene un déficit fiscal cercano al 10% del PIB, ese documento indica que este impuesto generaría tres puntos del PIB en cada uno de los primeros dos años y dos puntos del PIB en cada uno de los dos años siguientes.
En específico, se gravarán seis tipos de transacciones:
- Retiros de cajeros automáticos.
- Pagos con tarjetas de crédito y débito.
- Transferencias de fondos, incluidas las realizadas por Sinpe Móvil y los pagos de cuotas de préstamos.
- Operaciones cambiarias en “ventanilla”.
- Operaciones bursátiles de la Bolsa Nacional de Valores.
- Cheques liquidados.
El impuesto lo pagaría el originador de la transacción. Es decir, quien emita el cheque, saque dinero del cajero automático, pague con su tarjeta haga una transferencia bancaria o envíe dinero mediante Sinpe Móvil.
En los años 2021 y el 2022, la tasa del impuesto sería de un 0,3%, es decir, de ¢300 por cada ¢100.000 en todos los pagos, transferencias y retiros de cajeros automáticos que se realicen.
Luego, en 2023 y 2024, la tasa bajaría a un 0,2%, o sea, ¢200 por cada transacción.
La administración de Carlos Alvarado se apoya en que otros países latinoamericanos han recurrido a este tipo de impuesto desde mediados de los 90, para incrementar sus ingresos en tiempos de urgencia.
De acuerdo con el Gobierno, la imposición bajaría en el tercer año porque se espera que, para ese momento, se empiecen a estabilizar los ingresos tributarios usuales, “una vez que la economía haya vuelto a su senda natural de crecimiento”.
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Un documento enviado a los diputados, sobre la propuesta al FMI, afirma que, durante los dos primeros años de vigencia del tributo, la tercera parte de lo recaudado se destinaría “íntegramente” al subsidio de cargas sociales para fomentar el empleo.
La idea es reducir en, aproximadamente, cinco puntos porcentuales las cargas que los patronos deben pagar sobre el salario de cada trabajador, las cuales hoy equivalen a un 26,3%.
En los restantes 24 meses que tendrá vigencia el nuevo impuesto, se reservaría la mitad de lo recaudado para ese mismo fin.
Según lo expuesto por el Gobierno, pasados los cuatro años, dejaría de cobrarse el impuesto.
El plan de ajuste fiscal del Gobierno divide las medidas en dos categorías: temporales y permanentes. El tributo a las transacciones está en la primera categoría, junto con un aumento extraordinario en el tributo sobre la renta, un plan de movilidad laboral y la venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y terrenos del Estado.
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Entre las medidas permanentes, están un nuevo impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, un programa de lucha contra la evasión fiscal, una reforma al empleo público, renta global y la eliminación de exoneraciones.
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‘Tiene algunas consecuencias no deseadas en la economía’
El Poder Ejecutivo argumenta que el impuesto sobre las transacciones bancarias tiene “ventajas”, en el contexto de crisis que atraviesa el país. Según las autoridades, tiene un costo administrativo bajo y no genera un efecto contractivo en la actividad de la economía
“Es relativamente fácil y barato de recaudar para las autoridades, la base imponible es amplia, por lo tanto, con un impuesto bajo hay un gran ingreso por recaudación. Es por ello, que en el corto plazo el impuesto es exitoso en incrementar la recaudación fiscal”, dice el documento elaborado por el Consejo Económico.
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No obstante, el Gobierno reconoce que el impuesto tiene el efecto colateral indeseado de empujar a algunos sectores a utilizar más el dinero en efectivo.
“Tiene algunas consecuencias no deseadas en la economía, pues los agentes tienen incentivo para reducir sus depósitos y transferencias en las entidades financieras, por lo que se fomentará la desintermediación financiera”, agrega la exposición del Ejecutivo.
Según los jerarcas, es por ese motivo que el tributo es temporal y extraordinario. Según sus proyecciones, como se cobrará durante un periodo limitado, “los efectos sobre la desbancarización serán bajos”.
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