Una de las propuestas del Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), para mitigar el desbalance fiscal, implicaría triplicar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, es decir, sobre lotes y casas,
Actualmente, los dueños de terrenos y edificaciones pagan a las municipalidades un tributo equivalente al 0,25% del valor de la propiedad.
El plan del Ejecutivo es aplicar un aumento de 0,50 puntos porcentuales para destinar fondos al Gobierno Central. Con ello, la tasa del impuesto quedaría en 0,75%.
Hoy, los propietarios pagan ¢2.500 por cada millón que valga la propiedad. Si se aprueba la propuesta del Ejecutivo, el monto subiría a ¢7.500 por cada millón.
Por ejemplo, la dueña de una casa de ¢30 millones pasaría de pagar ¢75.000 a ¢225.000.
Si alguien tiene una propiedad de ¢90 millones, su impuesto subiría de ¢225.000 a ¢675.000.
No obstante, existe un atenuante que puede reducir los cobros solo para aquellas personas físicas que tienen una única propiedad y que su valor excede los ¢20,3 millones (45 salarios base).
Se trata del beneficio de exoneración sobre los primeros ¢20,3 millones, aunque los dueños deben pagar el tributo sobre el resto del valor de la propiedad.
Entonces, si la dueña de la casa de ¢30 millones no tiene ninguna otra propiedad, el impuesto propuesto por el Gobierno le quedaría en ¢73.000. Actualmente, con exoneración, el tributo es de ¢24.350.
Para la propiedad más cara, la de ¢90 millones, el impuesto con exoneración subiría de ¢174.350 a ¢523.000.
Según las estimaciones del gobierno, esta medida generaría un rendimiento anual equivalente al 0,56% de la producción nacional. Se trata de ¢204.422 millones cada año.
Se trata, de hecho, de una recaudación parecida a la del impuesto a la propiedad de vehículos, que también se cobra una vez al año y que el año pasado recaudó ¢180.000 millones.
El impuesto sobre los bienes inmuebles se cobra sobre los terrenos y las instalaciones o construcciones permanentes que existan en los lotes.
Tienen la obligación de pagarlo las personas que posean una o varias propiedades, quienes le entregan los recursos a la municipalidad en la que se encuentre cada inmueble.
Jonathan Camacho, jefe de la Oficina de Valoración de la Municipalidad de Cartago, explicó que, para calcularlo, se utiliza una fórmula matemática que se basa en la tipología constructiva de las edificaciones, el lugar en el que se ubique y las características del terreno.
El funcionario municipal explicó que, en el monto a pagar por concepto de este impuesto, influye qué tan nueva es una vivienda; en qué condiciones se encuentran el piso, techo y paredes; las facilidades y servicios con que cuente; si está ubicada en una zona muy céntrica o más alejada; la forma del terreno y qué tanto frente tenga.
Camacho dijo que el gobierno local de Cartago recauda el impuesto sobre los bienes inmuebles de casi 50.000 propiedades. En este cantón, dijo, el costo promedio de una casa es de ¢40 millones.
Para los propietarios de estas casas, el impuesto actual es de ¢100.000 colones sin exoneración y de ¢49.350 con exoneración.
Con el plan del gobierno, subiría a ¢300.000 sin exoneración y ¢148.000 con exoneración.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2019, de las 1,6 millones de viviendas ocupadas que hay en el país, un 71% pertenecen a las personas que residen en ellas.
El Poder Ejecutivo argumenta que en relación con los demás países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica recauda un monto relativamente bajo por concepto de impuestos a la propiedad.
Según el Ejecutivo, la captación de recursos adicionales en ese tipo de tributos garantizaría una mayor progresividad en el sistema tributario. Es decir, que aporten más los estratos de la sociedad que más recursos poseen.
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