Silvia Artavia. 12 mayo
El plazo dado por la Sala Constitucional a los diputados para reformar la ley en favor de las uniones entre personas del mismo sexo vence el próximo 26 de mayo. Imagen ilustrativa de la carrera en tacones y marcha anual del Orgullo Gay del 2019. Foto: Albert Marín.
El plazo dado por la Sala Constitucional a los diputados para reformar la ley en favor de las uniones entre personas del mismo sexo vence el próximo 26 de mayo. Imagen ilustrativa de la carrera en tacones y marcha anual del Orgullo Gay del 2019. Foto: Albert Marín.

Un grupo de 24 diputados presentó este martes una moción, que el plenario tendría que votar, para pedirle a la Sala IV que prorrogue la entrada en vigor del matrimonio igualitario al menos por un año y medio después de la pandemia del nuevo coronavirus.

El matrimonio para parejas homosexuales podrá celebrarse a partir del próximo 26 de mayo, pues en esa fecha vence el plazo de 18 meses que la Sala Constitucional dio a la Asamblea Legislativa para adaptar las leyes costarricenses a esta figura.

El 8 de agosto del 2018, el Tribunal declaró inconstitucional el artículo del Código de Familia que prohíbe los casamientos entre personas del mismo sexo, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerara esa prohibición como discriminatoria.

Los diputados proponentes de la moción argumentan que, desde el fallo, han tenido que abocarse a otros proyectos de ley como la reforma fiscal, la regulación de abusos en las huelgas y la legislación para paliar la crisis económica ocasionada por el covid-19.

“La Asamblea Legislativa ha estado, en estos meses que han transcurrido de plazo, solamente en seis de ellos en sesiones ordinarias (mayo-julio 2019 y setiembre-noviembre 2019); el resto (11 meses en total), de forma prioritaria, conociendo la agenda del Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias”, defienden los proponentes.

La moción la presentaron los siguientes diputados:

De Restauración Nacional (PRN): Carlos Avendaño, Xiomara Rodríguez, Mileidy Alvarado, Floria Segreda, Melvin Núñez y Geovanni Gomez

Del bloque Nueva República: Jonathan Prendas, Carmen Chan, Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa, Ignacio Alpízar y Harllan Hoepelman.

De Liberación Nacional (PLN): Luis Fernando Chacón, David Gourzong y Luis Antonio Aiza.

De la Unidad Social Cristiana (PUSC): Shirley Díaz, Aracelly Salas y Óscar Cascante.

De Integración Nacional (PIN): Patricia Villegas y Wálter Muñoz.

Del Republicano Social Cristiano (PRSC): Dragos Dolanescu y Otto Roberto Vargas.

Los independientes: Ivonne Acuña y Érick Rodríguez.

El pasado viernes 8 de mayo, tras el anuncio de medidas para la reactivación económica del país en medio de la crisis del covid-19, el presidente de la República, Carlos Alvarado, celebró la pronta entrada en vigencia del matrimonio igualitario.

Uno de los argumentos de los legisladores para solicitar la prórroga es que, para que rija el matrimonio homosexual, es necesario reformar al menos nueve leyes de la República.

Entre estas, están el Código Civil, el Código de Familia, la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda), la Ley de Penalización de la Violencia en contra de la Mujer y la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Agregan que se dispararía la presentación de instrumentos judiciales sobre el tema.

“Tendríamos, además, de forma muy posible, un desencadenamiento de fallos judiciales y jurisprudencia que podría llegar a ser contradictoria entre sí, lo cual afectaría la seguridad jurídica. A raíz de lo anterior, es muy probable que se iniciase un torrente de consultas judiciales de constitucionalidad ante la Sala Constitucional”, defienden los congresistas.

Según los diputados, "las contradicciones y vicios en procesos y fallos judiciales podrían causar incerteza en la aplicación e interpretación” en los regímenes que tutelan la protección y los derechos de los menores de edad.

En el texto de la moción, los diputados se excusan en que han estado conociendo al menos diez proyectos de ley relacionados con los fallos del 8 de agosto de 2018 del Tribunal Constitucional.

Citaron las iniciativas de Resguardo del interés superior del niño y la niña en los procesos de adopción (expediente 21.037), Ley de uniones civiles para personas del mismo sexo (21.811), Ley de reparación inicial para víctimas de femicidio (21.712), así como la reforma de tres artículos de la Constitución Política sobre la interpretación del concepto de familia y los derechos en el ámbito religioso de todos los habitantes.

Asimismo, los congresistas reclaman que el fallo de la Sala Constitucional fue publicado siete meses después en el Boletín Judicial, el 19 de junio de 2019.

“Este hecho impidió también a los legisladores entrar a conocer el fondo del asunto”, citan los proponentes.

El pasado 3 de marzo, la Sala rechazó una solicitud que presentaron 11 diputados para que se postergara la entrada en vigencia del matrimonio igualitario.

Según el pronunciamiento de los magistrados, la solicitud la plantearon los legisladores fabricistas Harllan Hoepelman, Marolin Azofeifa, Ignacio Alpízar, Jonathan Prendas, Carmen Chan e Ivonne Acuña, quien en aquel momento pertenecía al bloque Nueva República.

También la firmaron Dragos Dolanescu y Otto Roberto Vargas, del PRSC; Patricia Villegas y Walter Muñoz, del PIN, así como Óscar Cascante, del PUSC.