Los matrimonios entre personas del mismo sexo podrán adquirir vida jurídica en Costa Rica a partir del próximo 26 de mayo, cuando el Registro Civil comenzará a tramitar la inscripción de estas uniones.
Luis Guillermo Chinchilla oficial mayor civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entidad a la que está adscrito el Registro, aseguró que ya se realizaron los cambios necesarios.
“El Registro Civil ha realizado esfuerzos importantes en el ajuste de todos los sistemas informáticos en materia registral civil, con el propósito de gestionar estas inscripciones de manera oportuna y expedita, siempre en el marco de una seguridad registral idónea y eficaz como la acostumbrada por nuestra institución”, expresó Chinchilla ante consultas de La Nación.
Dicha entidad es la que guarda y oficializa actos vitales y de estado civil de los ciudadanos como nacimientos, defunciones, matrimonios o divorcios.
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Dos decisiones son las que harán posible que parejas homosexuales puedan contraer matrimonio en Costa Rica.
La primera es la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dada a conocer en enero de 2018, que le ordenó al Estado de Costa Rica reconocer derechos a la población sexualmente diversa.
"El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218", dijo el tribunal internacional.
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Para dar cumplimiento, sin embargo, fue necesaria la sentencia de la Sala Constitucional emitida el 8 de agosto de 2018 (número 12783), en la que declaró con lugar acciones contra el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, el cual, expresamente, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En su resolución, la Sala otorgó 18 meses para que la Asamblea Legislativa adecuara esa y otras legislaciones. De no hacerlo en ese plazo, automáticamente la norma cuestionada quedaba sin efecto.
Los 18 meses comenzaron a correr el 26 de noviembre de 2018, día en que la sentencia constitucional fue publicada en el Boletín Judicial.
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“He coordinado con la @imprenal_cr. La sentencia sobre el matrimonio igualitario de la Sala Constitucional, será publicada en el Boletín Judicial N° 219 del lunes 26 de noviembre del presente año. Es solo cuestión de tiempo para que la igualdad plena de derechos sea una realidad”, anunció en aquel momento mediante un tuit el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Este 26 de mayo, precisamente, se vencerá el plazo previsto sin que el Congreso haya realizado ninguna modificación legal, con lo cual quedará automáticamente habilitada la inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo.
54 peticiones en fila
Para este martes 5 de mayo, según datos del Registro, había 54 solicitudes de inscripción en espera, es decir, uniones homosexuales realizadas por notarios, pero que todavía no se han podido inscribir.
“Como en todo trámite de inscripción de matrimonio, dicho análisis conlleva un estudio respecto de su ajuste con la normativa vigente, relacionada con la libertad de estado e impedimentos legales que pudieran tener las personas contrayentes. Superada esta etapa, se pasará a la inscripción correspondiente, hecho que puede demorar entre 10 y 15 días hábiles”, explicó Chinchilla.
Las particulares circunstancias de la pandemia de covid-19 que enfrenta el país no representarán ningún atraso para que se puedan realizar las gestiones en espera, como lo confirmó el funcionario.
“Las restricciones sanitarias que ha adoptado el TSE en atención a los lineamientos que sobre el particular ha emitido el Ministerio de Salud, tendrán sobre la presentación de estos matrimonios para su inscripción el mismo efecto que sobre la inscripción de cualquier otro matrimonio y que tiene que ver con los controles de acceso regulado a nuestras instalaciones para evitar aglomeraciones”, precisó.
Investigación a notarios
Los notarios que hayan realizado matrimonios entre personas del mismo sexo sin que todavía hubiera quedado sin efecto la prohibición, podrían estar expuestos a una investigación por parte del Juzgado Notarial.
Datos del Registro señala que a este miércoles se han remitido a la Dirección Nacional de Notariado (DNN) 15 nombres de notarios que habían realizado estas uniones. La DNN, a su vez, los traslada al Juzgado que los solicitó.
“Mediante oficio DC-0810-2020 del 10 de febrero de los corrientes, el suscrito atendió lo ordenado por la autoridad judicial y remitió de manera certificada a la Dirección Nacional de Notariado (DNN), las copias de 19 solicitudes de inscripción de certificados de matrimonio civil, celebrados por personas notarias. Asimismo, ese mismo día, mediante oficio DC-0814-2020, se hizo de conocimiento del señor Juez del Juzgado Notarial el cumplimiento de lo ordenado por esa instancia. Adicionalmente, a través de los oficios DC-1132-2020 y DC-1396-2020 se adicionaron 4 copias certificadas de solicitudes de declaración de matrimonios civiles celebradas por personas notarias, al tenor de lo dispuesto por la autoridad judicial”, informó el Registro.
El número de notarios no coincide con el número de matrimonios pendientes de inscripción, porque algunos profesionales hicieron más de uno, además, otras uniones se realizaron en el extranjero.
La DNN también confirmó a La Nación, que los nombres de los notarios que realizaron esos actos jurídicos aquí “contraviniendo la normativa del Código de Familia” fueron enviados a esa dependencia judicial.
“Fueron remitidos al Juzgado Notarial, para que ahí se determinara si se incurrió o no en algún tipo de falta o incumplimiento que acarreara responsabilidad disciplinaria”, manifestó Guillermo Sandí, director nacional de notariado.
Dicho envío se realizó a solicitud del juez Francis Porras León, luego de que este emitiera una sentencia en la que suspendió a un profesional por haber realizado el matrimonio de dos mujeres.
“Lo ordenado por el juez se realizó y como se indicó, se remitió al mismo Juzgado Notarial para lo correspondiente”, expresó Sandí.
La sentencia del juez Porras, de enero pasado, suspende por 13 años para ejercer al notario Marco Castillo, luego de que en julio de 2015 casara a Jazmín Elizondo Arias y Laura Flórez-Estrada.
Tres meses después de aquel matrimonio entre mujeres, el notario logró inscribirlo en el Registro Civil debido a un error, pues una de las contrayentes aparecía como de sexo masculino.
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Cuando trascendió el hecho, se iniciaron una serie de procesos para anular la inscripción del matrimonio, pero también para sancionar a los implicados.
La causa penal no prosperó luego de que se emitiera la Opinión de la Corte Interamericana y la decisión de la Sala IV que permitían los matrimonios homosexuales.
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En el Juzgado Notarial sí continuó el proceso que derivó en la sanción contra Castillo.
No obstante, como medida cautelar, el mismo juez Porras pidió la información de otros notarios que hubieran realizado estos matrimonios para determinar si también habrían incurrido en alguna falta.
En el mismo fallo, Porras, además, fustigó las decisiones tanto de la Corte IDH como de la Sala para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo al considerar que “no tienen razones jurídicas serias”.